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CSIF SALAMANCA

Uniendo esfuerzos para construir igualdad

CSIF reclama un convenio colectivo de Laborales de la Junta que «no lesione los intereses de más de 15.000 trabajadores en Castilla y León, aproximadamente 1.400 en Salamanca»

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«Se requiere una oferta de empleo público suficiente y ajustada a la realidad»

Mariano Prieto, responsable del sector de Administración General de la Junta en CSIF de Castilla y León

«Es verdad que venimos con algunas cuestiones recuperadas, conseguidas, donde CSIF ha participado activamente y de manera importante, como la vuelta a las 35 horas semanales, una de las exigencias que más nos pedían los trabajadores de la Junta», afirma Mariano Prieto, responsable del sector de Administración General de la Junta en CSIF de Castilla y León.

«También hemos sacado adelante la carrera profesional. Éramos el único colectivo de la Junta que no la teníamos y ya la tenemos. En estos días, se está abriendo el plazo para pedir el tercer grado de carrera profesional extraordinario, concretamente, y luego será también el ordinario. Y otro logro son los Fondos Adicionales, que se habían quedado en el baúl de los recuerdos. Hemos conseguido que todos los trabajadores los tengan consolidados en sus nóminas y como una retribución más», añade Mariano Prieto.

Pero el responsable del sector de Administración General de la Junta de CSIF insiste en que queda mucho por hacer «con el apoyo de los empleados públicos. Nos hemos encontrado con un convenio injusto e ineficaz, con mucha inseguridad jurídica, donde se han rebajado a una veintena categorías la titulación que hasta ahora se pedía, algo que va a hacer mucho daño en el futuro, porque no se va a poder reclasificar a muchos trabajadores laborales de la Junta por ese nuevo marco laboral».

Añade que «nosotros hemos dicho no al convenio. Nos lo pidieron los propios trabajadores, porque vieron que era un convenio trampa. Este nefasto documento se resume en más trabajo y menos derechos. Es más, trabajadores de la Junta salieron a la calle para protestar por ese convenio. Pedimos que rectificaran, pero de sabios tienen muy poco, no lo han querido hacer. No da seguridad jurídica, no mejora las retribuciones, no garantiza una jubilación parcial, o agrupa categorías como la de auxiliares de enfermería y cuidadores, cuando tienen funciones diferentes».

El convenio es «nocivo, injusto, discriminatorio e insuficiente», convenio colectivo de Laborales de la Junta, que no firmó CSIF, y que «lesiona los intereses» de más de 15.000 trabajadores en Castilla y León (aproximadamente 1.400 en Salamanca).

«Ya advertimos de las consecuencias negativas que conllevaría y el tiempo no ha tardado en darnos la razón», ha apuntado Prieto, en referencia a las tres sentencias del Juzgado de lo Social N.º 2 de Salamanca, que declara improcedentes tres despidos de trabajadores de centros de menores de Salamanca, propiciados por el nuevo convenio colectivo de laborales de la Junta de Castilla y León.

545 vacantes

La Administración de la Junta «está haciendo caja con Salamanca, ya que hay 545 puestos de funcionarios de la Relación de Puestos de Trabajo que están vacantes, el 33,5% del total. Eso es una barbaridad. Si la mayoría de ellos estuvieran cubiertos, sería riqueza para Salamanca. Esas nóminas que no se pagan no se están invirtiendo en la provincia. Cada vez hay menos personal en la administración autonómica y el servicio se resiente», apunta Mariano Prieto, quien advierte que «estamos viendo que algunos servicios se están desviando a empresas privadas-públicas, y dejan de hacer esas gestiones empleados públicos».

La situación resulta «alarmante», si se tiene en cuenta, además, que solo en el caso del personal laboral de la Junta en Salamanca está previsto que un 10% acabe su vida laboral en dos años, es decir, 150 trabajadores. «Los datos son tozudos. Se requiere una oferta de empleo público suficiente y ajustada a la realidad», reclama CSIF.

Otras reivindicaciones de CSIF es que hay sacar adelante un nuevo decreto de carrera profesional con criterios más asequibles en la progresión de grados; la urgente actualización de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT), que no se pueden retrasar más, o la recuperación del poder adquisitivo que se ha ido perdiendo en los últimos años.

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