Tormenta en Disney World

El nuevo consejero delegado de Disney, Bob Chapek, sabía lo que hacía cuando dijo en su primera junta de accionistas que prefería no meterse en contenciosos políticos. Sus empleados no estaban de acuerdo. Acostumbrados a su predecesor, Bob Iger, que en 2019 amenazó con detener la producción de Disney en Georgia si salía adelante una draconiana ley antiabortista, forzaron la cuerda al pensar que la presión de un gigante como Disney en Florida sería suficiente para tumbar la ley apodada 'No digas gay', pero se equivocaron.

El jueves, la Asamblea Legislativa de Florida aprobó en sesión especial una ley diseñada para vengarse de la empresa que tiene en Orlando uno de sus mayores parques temáticos y emplea a 80.000 trabajadores solo en Florida. Uno pensaría que el gobernador Ron DeSantis tiene mejores batallas que librar que un quítame esas pajas por una simple declaración que no implicaba amenaza alguna, pero Disney le ha presentado con una oportunidad única para anotarse puntos en su carrera para suceder a Donald Trump en la escena nacional. «Es hora de que Disney empiece a pagar su cuota justa de impuestos», defendió.

Al eliminar la calificación especial que tiene desde 1967 el distrito de Reedy Creek en que se alojan los parques temáticos, la empresa de 'resorts' que Walt Disney no llegó a ver operativa dejará de ahorrarse decenas de miles de dólares en impuestos. Además, perderá la autonomía que le permite gobernarse, construir edificios y hasta emitir bonos de acuerdo a sus propias reglas. La deuda de estos últimos podrían recaer sobre los constituyentes del condado de Orange y Osceola, a los que pasarían a formar parte esos 40 acres (16 hectáreas). Ambos observan la disputa con preocupación, porque saben que les tocará pagar los platos rotos, pero los legisladores republicanos están henchidos de orgullo por haber sacado pecho con una multinacional nacida en un Estado como California.

Nunca se había visto en la historia del país un enfrentamiento semejante por cuestiones políticas, siendo la pugna de Trump con Amazon lo más cercano. Con esto creen enviar un mensaje a todo Silicon Valley y a las grandes corporaciones «de Estados progresistas» que en el pasado han tomado posiciones junto a los demócratas en causas de derechos civiles. La que les sirve de vehículo es la Ley de Derechos Parentales Educativos, firmada el lunes por el gobernador, que prohíbe hablar de orientación sexual en las aulas hasta el tercer grado, lo que pondrá en una posición difícil a los niños de padres homosexuales y a sus profesores, que no podrán explicarlo sin temor a una demanda.

La ley ha sido un revulsivo social que ha provocado revueltas estudiantiles y sociales, incluyendo las huelgas de trabajadores de Disney que obligaron a la empresa a pronunciarse. La disolución del distrito especial que alberga a Disney no entrará en vigor hasta junio de 2023, lo que dará tiempo a las dos partes a limar sus diferencias en privado o en los tribunales.