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Cristian Reino
Barcelona
Lunes, 27 de febrero 2023, 20:25
La expresidenta del Parlament, Laura Borràs, negó este lunes en el juicio los delitos de corrupción que se le imputan, aseguró que siempre ha actuado dentro de la ley, descargó las culpas en sus subordinados y se presentó como una víctima del 'lawfare' -'guerra judicial'- y de una «persecución política» por su condición de líder independentista. La vista, en la que Borràs se enfrenta a seis años de cárcel, ha entrado ya en su fase final.
En su comparecencia ante el Tribunal Superior de Cataluña que le juzga, la imputada declaró que se le ha intentado vincular durante años con la corrupción. Incluso insinuó la existencia de una mano negra con el objetivo de atacarla, ya que el portal web de la institución de las letras catalanes (ILC) por el que está procesada no está activo y ese extremo, a sus ojos, no le permite defenderse de las acusaciones.
«Los trabajos se pusieron en cuestión por informes policiales y eso ha tenido unas consecuencias muy graves por acusaciones de malversación y fraude (estos delitos decayeron de la imputación de la Fiscalía). Si estas webs no hubieran desaparecido, se podría ver y no tendría que estar dando explicaciones», señaló. Borràs volvió a envolverse en la 'estelada', como hacen buena parte de los dirigentes nacionalistas cuando se enfrentan a un tribunal. «Se me investiga por mi vinculación política», reiteró.
Borràs aseguró que ha actuado siempre dentro de la legalidad y que no ha vulnerado en ningún momento la ley de contratación. Negó el fraccionamiento de contratos, con el argumento de que los trabajos para el portal web de la ILC que adjudicó a su amigo Isaías Herrero eran diversos y no solo consistieron en la creación de la página. Y descargó la responsabilidad en terceros; es decir, en sus subordinados en el organismo de la Generalitat que dirigía.
En concreto, apuntó a la administradora de la ILC, Assumpta Pagespetit, de quien dijo que era la que ideó los contratos con Herrero. Los expedientes eran de diez, afirmó. Y destacó que pasaron todos los filtros de la Administración, incluidos los de los interventores generales de la Consejería de Cultura. Pagespetit inculpó a Borràs durante su declaración como testigo. Dijo que ignoró sus advertencias y las de la interventora del Departamento de Cultura de que podía estar «infringiendo el marco legal» con los contratos.
La expresidenta del Parlament activó también el ventilador contra el otro acusado, Herrero, que como ella se enfrenta a seis años de prisión por prevaricación y falsedad documental. El imputado inculpó a la que fue su amiga. Días atrás, en su turno de declaración, afirmó no solo que Borràs sabía que fraccionaba contratos, sino que le dio instrucciones para hacerlo y le ayudó a confeccionar los presupuestos «comparsa» para evitar el concurso público. Borràs recordó los problemas de drogadicción de Herrero para tratar de desacreditarle. La defensa de la expresidenta del Parlament asegura que los otros dos acusados han llegado a un pacto con la Fiscalía. Por esta razón, la presidenta de Junts pidió testificar al final del juicio para replicar lo dicho sobre ella.
Buena parte de la suerte judicial de Laura Borràs depende de la validez que el tribunal otorgue a las pruebas que le incriminan. La Fiscalía basa su acusación en unos correos electrónicos, entre Borràs e Isaías Herrero. En ellos, la líder de Junts daba instrucciones a Herrero para preparar los citados presupuestos «comparsa» a fin de poderle adjudicar a dedo contratos presuntamente fraccionados. Y también figuraban en los correos los presupuestos que él presentaba, unos reales y otros ficticios.
Pero la defensa de Borràs asegura que esas pruebas no son válidas, pues a su juicio no ha habido una cadena de custodia adecuada del material informático decomisado en el domicilio de Herrero. Según los peritos contratados por la dirigente nacionalista, los discos duros que contienen los correos electrónicos que la incriminan fueron alterados. Los expertos creen que el contenido de los mismos cambió durante la investigación. El abogado Gonzalo Boye considera por ellos que estas pruebas no son válidas en el juicio. Uno de los peritos de la defensa es Emilio Hellín, exdirigente de Fuerza Nueva, condenado a 43 años de cárcel en 1982 por el asesinato de la militante Partido Socialista de los Trabajadores Yolanda González.
Los peritos de la Guardia Civil, en cambio, negaron este lunes que los archivos informáticos sufrieran modificación alguna durante su custodia y en las diferentes copias realizadas durante la investigación.
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