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Cristian Reino
Barcelona
Viernes, 17 de febrero 2023, 20:38
La reforma del Código Penal acordada entre el Gobierno y Esquerra Republicana no tendrá los efectos que buscaban los independentistas. Ni Oriol Junqueras podrá presentarse a las próximas elecciones, ni está asegurado que no haya nuevas condenas de prisión para dirigentes secesionistas por el intento de ruptura de octubre de 2017.
Siguiendo la interpretación que el Tribunal Supremo ha efectuado de los cambios penales pactados por los socialistas y ERC, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña reclama penas de siete y seis años para Josep Maria Jové y Lluís Salvadó por su participación en los preparativos del referéndum ilegal del 1-O de 2017. Ambos formaban parte del equipo más estrecho de Oriol Junqueras en la Consejería de Economía de la Generalitat. Junqueras, como vicepresidente, tenía asignada la organización del referéndum. Y por lo que apunta el Ministerio Público, que no les aplica la malversación atenuada sino la agravada, no saldrán beneficiados por la reforma del delito acordada entre el PSOE y Esquerra.
El objetivo de los independentistas con la reforma del Código Penal era evitar nuevos ingresos a la cárcel como consecuencias de juicios por el 1-O. Jové y Salvadó serán juzgados en el TSJC por los ilícitos de malversación, prevaricación y desobediencia. Además, una treintena de exaltos cargos del Govern hace un lustro esperan juicio y que la Fiscalía presente su acusación. ERC vendió la reforma penal como una amnistía de facto y como un «éxito» de la mesa de diálogo. Y, de momento, sigue exculpando al Gobierno de las consecuencias no deseadas de este cambio legal.
Jové, actual jefe de filas de ERC en el Parlamento de Cataluña, se enfrenta también a una inhabilitación de 32 años, 27 en el caso de Salvadó, actualmente presidente del Puerto de Barcelona. El fiscal Pedro Ariche acusa además a la actual consejera de Cultura de la Generalitat, Natalia Garriga, por desobediencia. Garriga también formaba parte del equipo de Junqueras en Economía.
El escrito de acusación de la Fiscalía contra los tres dirigentes de ERC llegó días después de que el Supremo hiciera público el auto según el cual revisaba las condenas de los líderes del 'procés' y decidía mantener la inhabilitación a Oriol Junqueras hasta 2031. El Gobierno y el Govern reformaron el Código Penal, derogando el delito de sedición y modificando el de malversación, con el objetivo de que Junqueras pudiera presentarse a las próximas elecciones y para intentar rebajar la pena para Jové y Salvadó.
Pero el Supremo, en cambio, dijo que los acusados «no pueden ver calificadas sus respectivas conductas como constitutivas de un delito atenuado de malversación», como pretendían PSOE y ERC con el cambio normativo, porque «nunca podrá entenderse que se trató de una actuación ausente de ánimo de lucro». Este mismo criterio sigue la Fiscalía en su escrito de acusación. Opta por la malversación agravada. Según el fiscal Ariche, Jové y Salvadó estaban «plenamente comprometidos» con el 1-O y con la creación de «estructuras de Estado». Jové, titular de la célebre agenda 'moleskine', donde apuntó todos los detalles de la hoja de ruta, hizo uso de fondos públicos como «si fuesen propios» para «fines ajenos»-en este caso la preparación del 1-O-, tales como la publicidad institucional o los gastos de suministro de papeletas, censo electoral o citaciones a integrantes de las mesas electorales.
El dirigente de ERC reaccionó con la máxima contundencia al escrito del fiscal. «¡Miserables, malas personas y sobre todo mucha cobardía! ¡Siempre de frente ante la represión! ¡Porque lo que hicimos, hacemos y lo que haremos, lo hicimos por principios democráticos y de libertad», expresó el número 1 de ERC en el Parlament. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, calificó de «venganza contra el independentismo» las peticiones de condena de la Fiscalía.
ERC sigue defendiendo la reforma penal, aunque cada día tenga menos argumentos para ello. Y carga las tintas contra la aplicación que está haciendo la «retrógrada» justicia española, que da «golpes a la democracia». El Gobierno, mientras, intenta sacar pecho: «Ya dijimos que el 1-O sigue siendo delito», afirmó este viernes el ministro Félix Bolaños.
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