El Govern catalán expropiará pisos para dedicarlos a vivienda social

En una primera fase, el Govern actuará en 14 municipios catalanes para expropiar casas de grandes tenedores: Cornellà de Llobregat, Figueres, Lloret de Mar, Mataró, Mollet del Vallès, Reus, Roda de Berà, Rubí, Salt, Tarragona, Valls, Vic, Viladecans y Vilanova y la Geltrú. No están algunos de los más poblados como Barcelona, L'Hospitalet o Badalona.

El Ejecutivo catalán espera ejecutar las primeras expropiaciones en un plazo de siete meses, siempre y cuando las empresas propietarias no recurran a la justicia. En los próximos días, la administración autonómica enviará los primeros requerimientos para que los propietarios de las viviendas acrediten legalmente la residencia de personas y si no lo hacen en el plazo de un mes, se declarará el incumplimiento de la función social del piso y se iniciará el procedimiento de expropiación. Para esta primera fase, el Gobierno catalán destina, a través del Incasol, 5 millones de euros, lo que permite la adquisición potencial de entre 50 y 70 viviendas, según el precio de expropiación. Los pisos que se obtengan a través de esta vía se pondrán a disposición de las familias vulnerables.

El Govern actuará de acuerdo a una ley aprobada por el Parlament, en 2022, que establece que la Generalitat o los entes locales pueden expropiar por incumplimiento de la función social del derecho de propiedad, que se produce cuando una vivienda permanece desocupada de forma permanente e injustificada durante más de dos años.

Tienen que ser viviendas que estén situadas en áreas de demanda residencial fuerte y acreditada y que estén inscritas en el registro de viviendas vacías. En este listado constan las casas adquiridas en un proceso de ejecución hipotecaria o por dación en pago de deuda que no estén legalmente ocupadas y de personas jurídicas privadas que tengan las viviendas en situación de desempleo permanente por un plazo superior a los 2 años.

«El Govern usa todas las herramientas a su alcance para dar respuesta a las familias en situación de vulnerabilidad y que no tienen respuestas. El objetivo es que viva gente en los pisos vacíos», ha asegurado este martes el consejero de Territorio de la Generalitat, Juli Fernández.