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El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull. EP
Junts, ERC y el Gobierno rechazan la decisión del Supremo de no aplicar la Ley de Amnistía

Junts, ERC y el Gobierno rechazan la decisión del Supremo de no aplicar la Ley de Amnistía

El Alto Tribunal ha ratificado que la malversación del 'procés' no es anulable

Colpisa

Lunes, 30 de septiembre 2024, 14:03

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La decisión de este lunes del Tribunal Supremo de rechazar los recursos presentados por la Fiscalía, la Abogacía del Estado y varios condenados y confirmar que la Ley de Amnistía no es aplicable al delito de malversación, ha sido criticada por los partidos independentistas, que han acusado al Alto Tribunal de no aplicar dicha ley. Unas críticas a las que también se ha sumado el Gobierno en boca del ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López: «Yo respeto la decisión de los jueces, pero desde luego no comparto esa sentencia», señaló.

Este revés ha indignado a los dirigentes catalanes por partes iguales. Jordi Turull, secretario general de Junts y uno de los implicados en la causa judicial ha señalado a través de 'X' que «que hacen legisladores, de tertulianos, de agitadores políticos y de justicieros» y que «hacen de todo menos aplicar la ley como les correspondería».

Por su parte, desde ERC ha anunciado que presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por esta decisión del Supremo. En un mensaje en la misma red social que Junts, ha subrayado que irán «hasta el final» para garantizar los derechos políticos del exlíder del partido y exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras, los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa, y el secretario general de Junts y también exconseller, Jordi Turull.

«La norma se terminará aplicando y será constitucional», ha firmado López. Además reprocha que este «se atribuye comentarios políticos que no vienen al caso, porque la política ya decidió».

Los magistrados Manuel Marchena (presidente y ponente), Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Andrés Palomo y Ana Fe han determinado que que dichos políticos cometieron una malversación en la que medió beneficio personal de carácter patrimonial pese a no producirse la apropiación de fondos, que el legislador, asegura, ha excluido expresamente del ámbito de aplicación de la norma.

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