El juez podrá interrogar sin cortapisas al desclasificar el Gobierno informes sobre 'Pegasus'

El titular del Juzgado Central de Instrucción número cuatro reclamó al Gobierno que autorizara a la ya ex directora del CNI, Paz Esteban, y a los autores de los informes del Centro Criptológico Nacional (CCN) a declarar sobre estos hechos. Una circunstancia que el Consejo de Ministros ha dado ahora el visto bueno con la desclasificación de documentos secretos.

El juez Calama abrió diligencias previas el 26 de abril, apuntando a posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos, tras la denuncia presentada por la Abogacía del Estado por la infección de los móviles del presidente del Gobierno y la ministra de Defensa, una denuncia que fue ampliada posteriormente tras confirmarse también la infección del teléfono de Grande-Marlaska con este programa de la empresa israelí NSO.

En esa resolución, el instructor aportó detalles sobre la denuncia inicial presentada por los servicios jurídico del Estado, según la cual, tras el análisis de los terminales del jefe del Ejecutivo y de la titular de Defensa realizados el pasado 30 de abril, «se ha tenido conocimiento de que los mismos fueron objeto de varias infecciones por la herramienta Pegasus, 'software' espía de dispositivos móviles, entre los meses de mayo y junio de 2021».

Los informes del Centro Criptológico Nacional sobre los móviles de Sánchez y Robles ponían de relieve que «el dispositivo móvil del presidente fue infectado en dos ocasiones (el 19 de mayo de 2021 y el 31 de mayo de 2021)», mientras que el de Robles habría sido intervenido en junio de ese año. En sendos casos, recogía Calama, los informes fijaban que «se produjo exfiltración de información (2,6 gigas de datos en el caso del aparato de Sánchez)», pero actualmente ninguno de los dos teléfonos presenta «indicadores conocidos de infección en curso de Pegasus».

La primera de las intrusiones en el móvil de Sánchez se habría producido en el contexto de la entrada masiva de unos 10.000 inmigrantes en Ceuta entre el 17 y 18 de mayo, que precisamente llevó a Sánchez a visitar este segundo día la ciudad autónoma, así como Melilla, con el ministro de Interior. Además, el 18 de mayo fue cuando Marruecos llamó a consultas a su embajadora en Madrid, Karima Benyaicha, la que se había convocado en Exteriores para protestar por los acontecimientos en Ceuta. El mismo día 19, Sánchez estaba en una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

La segunda habría tenido lugar cuando el presidente del Gobierno se encontraba con el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, en Alcalá de Henares con motivo de la XIII Cumbre Hispano-Polaca. Ese día, Marruecos publicó un comunicado en el que indicó que la crisis diplomática estaba motivada por la postura del Gobierno respecto al Sáhara, no por la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

Precisamente, este último declaró el 1 de junio como imputado ante el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional por la querella presentada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEH) por genocidio y horas más tarde voló de regreso a Argelia tras archivarse la causa.

En cuanto al móvil del ministro de Interior, el Gobierno informó después de que Grande-Marlaska sufrió dos ataques en junio de 2021. En el primero de ellos le fueron sustraídos 4 megas y en el segundo un volumen mucho más importante de información, 6,3 gigas. El análisis de los terminales de otros miembros del Gobierno también pudo determinar un intento de infección del teléfono del titular Agricultura, Luis Planas, que resultó fallido, en junio de 2021.