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El Ayuntamiento de Salamanca ha esquivado un 'tirón de orejas' por el retraso en la implantación de la zona de bajas emisiones, las áreas en las que se prohibirá circular con los vehículos más contaminantes. A pesar de que el consistorio no hará restricciones hasta 2029 y de que ha retrasado seis meses su implantación, no figura entre los señalados por el Defensor del Pueblo, pero el asunto sí ha suscitado controversia.
El grupo municipal de Vox ha devuelto el asunto de la implantación de la ZBE al pleno del Ayuntamiento de Salamanca para certificar que su puesta en marcha se retrasará seis meses, al menos, hasta mediados del próximo año.
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El asunto llega justo cuando se sabe que el Defensor del Pueblo ha llamado la atención a los ayuntamientos que no han implantado aún el área de bajas emisiones y ha enviado once recomendaciones a 33 ayuntamientos e insta a todos aquellos municipios obligados a establecer las ZBE a hacerlo.
El concejal Alejandro Pérez De la Sota ha desgranado varias preguntas sobre el despliegue de la ordenanza municipal que regula la ZBE y que se ha sabido hace unos días que se retrasará seis meses la puesta en marcha, con sanciones 'informativas' hasta el 1 de julio de 2025 cuando, si no pasa nada, empezarán las multas para los vehículos que no estén autorizados.
Según el consistorio, el sistema de lectura está operativo desde mayo de 2023 y están funcionando las cámaras tanto en la zona de bajas emisiones 1 y 2, las dos trazadas en el centro de la ciudad, ha respondido el concejal de tráfico, Ángel Molina.
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«Es la intención de este ayuntamiento que su implantación no suponga ningún problema para los ciudadanos» y por ello no será hasta el 1 de julio de 2025 cuando entre en funcionamiento el sistema de acceso a las zonas peatonales, ha explicado Molina.
En su réplica, el concejal de Vox ha lamentado que se aluda a la necesidad de más tiempo para que se familiaricen los ciudadanos con la nueva ordenanza «o lo que ocurre es que el sistema previsto no hemos sabido ponerlo en marcha».
«Lo que quiero que me aclaren es si va a haber sanciones informativas o ningún tipo de sanción y, segundo, si el problema es que no hemos sabido ponerlo en marcha o nos ha empezado a dar un poco miedo y estamos empezando a frenar o dar marcha atrás», ha comentado De la Sota, que ha querido saber «si el ayuntamiento se ha pasado de frenada».
«Nos sorprenden criticando que demos seis meses más a los ciudadanos para familiarizarse», ha lamentado Molina, que ha recordado que la ordenanza «es consecuencia de una imposición que nos hizo el Gobierno de Pedro Sánchez» y que «la hemos aplicado sin restricción hasta 2029».
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