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El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca señala un nuevo trato de favor del Gobierno municipal del PP a la empresa encargada del mantenimiento y la conservación de los parques, jardines y zonas verdes de la ciudad, la concesionaria Talher, al proceder a una modificación de este contrato de prestación de servicios por variación de la superficie de actuación, una decisión que en la práctica supone incrementar el coste contractual en más de 260.000 euros.
En este sentido, el PSOE considera «inadmisible» que el equipo de García Carbayo prime, una vez más, «a una empresa penalizada por el Ayuntamiento por incumplimientos del contrato. De hecho, el asunto tratado en el día de hoy no es el primer incremento de coste del que se beneficia la empresa adjudicataria, ya que el Gobierno municipal aprobó con anterioridad otras dos modificaciones contractuales, con un encarecimiento total de más de 1,4 millones de euros».
Según recuerda el PSOE, «la empresa que gestiona los parques y jardines en la capital salmantina fue objeto de un expediente de penalización por incumplimientos contractuales durante el año 2021 que afectaban principalmente al personal mínimo exigido, con un déficit notable de plantilla que repercute en el estado que presentan las zonas verdes en los diferentes barrios de la ciudad. A raíz de las irregularidades detectadas y denunciadas públicamente por el Grupo Municipal Socialista, la empresa se vio obligada a abonar al Ayuntamiento 107.600 euros, cantidad todavía no ingresada en su totalidad».
Además, los socialistas recriminan la desidia y el nulo interés del Gobierno municipal del PP en relación con la fiscalización de los contratos de prestación de servicios, ya que sigue sin comprobar el resultado de la concesión de parques y jardines a lo largo de 2022, es decir, una vez cerrado el ejercicio anterior aún no ha iniciado ningún proceso para confirmar el cumplimiento o no del contenido del contrato.
El PSOE apunta a la «falta de transparencia habitual del equipo de García Carbayo, que se niega a hacer un seguimiento puntual y una vigilancia rigurosa de este contrato y a esclarecer lo acontecido con el único objetivo de no perjudicar a la empresa concesionaria y dejando, por tanto, a un lado el interés general de la ciudadanía salmantina, así como la defensa de unos servicios públicos municipales de calidad».
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