Las familias denuncian lo que se come en los colegios: menús de línea fría cocinados a muchos kilómetros

Menús hechos a muchos kilómetros, casi siempre de línea fría y entregados en recipientes de plástico. Esta es la situación que las asociaciones de padres de alumnos pintan sobre los comedores escolares en Castilla y León, que se puede hacer extensiva a Salamanca. Lo hacen tras aprobarse esta semana un decreto que obligará a servir más fruta, verdura fresca y pescado, a desterrar los fritos, la bollería y los refrescos de lo que se come en los colegios.

La Fundación Entretantos, Justicia Alimentaria y CONFAPACAL lanzaron la iniciativa mesas que nutren en 2024 pidiendo unos comedores escolares que ofrezcan una alimentación de calidad, saludable, sostenible y conectada con el entorno. En la actualidad cuentan con más de 100 entidades adheridas.

En una nota de prensa, la iniciativa considera que el nuevo real decreto de comedores «podría haber sido una oportunidad para una mejora real de los comedores que no se ha aprovechado» y que está muy lejos de lo que ya se ha regulado en países de nuestro entorno. Y eso a pesar de la inclusión de conceptos como la producción ecológica y de proximidad.

Según las asociaciones de padres, en Castilla y León los 476 comedores de las escuelas públicas de educación infantil y primaria son gestionados por tres grandes empresas y aproximadamente el 63% son gestionados a través de un servicio de catering en línea fría que elabora los menús en cocinas centrales de Valladolid y Burgos, lo abate (proceso de enfriamiento) y traslada a los centros escolares 1 ó 2 veces por semana hasta el momento de su regeneración (en barquetas de plástico).

Con este sistema la administración regional «apenas valora, en las licitaciones, criterios sociales y ambientales como la calidad y proximidad de los ingredientes a pesar de que la nueva ley de contratación pública ya hace hincapié en la valoración calidad / precio». El contrato global ronda los 175 millones de euros para estas empresas.

En el caso de Salamanca, los contratos se adjudican por lotes y se han hecho con ellos empresas especializadas, tras una situación que obligó a un contrato de emergencia a finales del curso 2021/2022. Se licitó en dos lotes por un presupuesto global de 12,6 millones de euros y ambos se adjudicaron a la empresa Aramark por 3,3 y 3,2 millones de euros en el mes de diciembre. En el pliego, el precio máximo era de 6,48 euros por menú y día para usuarios habituales, 25 céntimos más para los no habituales.

La Junta, por su parte, asegura que en sus «líneas de trabajo siempre está la oferta de raciones de pescado, de carne y de legumbre». Añade que se preparan y ofrecen todos los días 50 menús diferentes elaborador por nutricionistas. El servicio atiende cada día a casi 52.000 alumnos, el 60% con beca, y con unos precios medios para los que pagan de 4,5 euros por menú.

Uno de los avances que sí aplaude la iniciativa mesas es que el texto prohíba, por primera vez, la venta de bebidas insanas, tanto azucaradas como energéticas, y bollería en el interior de los colegios e institutos ya que ahora no podrán adquirirse ni en las cafeterías ni en las máquinas de vending.

Según la iniciativa mesas que nutren, «queremos un cambio en el modelo de licitación y una apuesta clara por las cocinas in situ. Este real decreto solo da unas pinceladas a algunas mejoras, pero el cambio debe ser más estructural para llegar al modelo de comedor escolar que queremos».

Desde la iniciativa «mesas» se demanda una apuesta firme por la cocina in situ, a base de menús saludables que reduzcan los ultraprocesados, frituras y alimentos azucarados, y aumente el consumo de verdura, legumbre y fruta de temporada, proximidad y sostenibles, que se impulse una compra directa a los productores locales, que se incorpore el comedor en el proyecto educativo del centro como un espacio educativo más y sea un espacio amable y libre de ruidos y conflictos, que se evite el uso de envases plásticos y la regeneración de alimentos en los mismos, que se evite el desperdicio alimentario y que aporte unas condiciones laborales dignas al personal de cocina y monitores/as.

A todo ello hay que añadir la dificultad de controlar estas medidas y que se haga una implementación efectiva. Si bien se establece un régimen sancionador y que este real decreto pasa a formar parte del sistema de controles oficiales, al no tener unos requisitos bien definidos podría acarrear problemas de implementación.

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