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El Ayuntamiento de Maracena este viernes por la mañana. Alfredo Aguilar
Abren diligencias por un caso de corrupción urbanística en Maracena

Abren diligencias por un caso de corrupción urbanística en Maracena

La alcaldesa no está investigada aún, pero se le ha comunicado que si se persona en la causa lo hará como imputada y si se le toma declaración tambié

José Ramón Villalba

Granada

Viernes, 2 de junio 2023, 14:51

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Dos agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil han notificado esta mañana a la alcaldesa en funciones de Maracena, Berta Linares, la apertura de una investigación por un posible caso de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Maracena después del primer informe emitido por el instituto armado sobre la documentación encontrada el pasado 21 de febrero en el coche de Vanesa Romero, la edil socialista secuestrada. La apertura de las nuevas diligencias 1512/23 tratan de dirimir si hay o no fraude de ley en los expedientes que se van a investigar, de momento no hay nadie investigado, aunque sí se le ha comunicado a la alcaldesa en funciones que en el caso de que se persone en la causa lo hará en calidad de investigada y si se le toma declaración también. En una causa de este tipo las figuras contempladas para personarse o para declarar en la misma son las de perjudicado, testigo o investigado.

El Juzgado de Instrucción 5 de Granada ha emitido el correspondiente auto en el que se le informa de la apertura de diligencias de investigación de un posible caso de corrupción urbanística, se le pide al Ayuntamiento que envíe al juzgado la pertinente documentación sobre los expedientes de dudosa legalidad que se van a analizar y que identifique a distintas personas que podrían estar involucradas en los casos que se están investigando, la mayoría cargos municipales.

IDEAL publicó hace dos días cuál es la documentación que apareció en el vehículo de la secuestrada, fundamentalmente los expedientes relativos a la concesión de la licencia de una gasolinera, ubicada junto a los terrenos de Jimesa frente al instituto de secundaria de Maracena y los de un polideportivo.

La edil socialista secuestrada por la expareja de la actual alcaldesa en funciones rompió relaciones con Noel López (que mantiene su acta de Parlamentario andaluz lo cual le permite estar aforado), cuando este era el regidor de Maracena, por la negativa a conceder la licencia para la apertura de una gasolinera junto a los terrenos de Jimesa en el municipio maracenero. En la declaración de la víctima del secuestro relata las presiones a las que se vio sometida para firmar una licencia que presuntamente incumplía todos los requisitos legales. Finalmente no firmó y eso conllevó que la apartaran del área de Urbanismo. En su declaración, hace constar que Noel López se mostraba muy angustiado con este asunto porque temía que «lo rajaran» si no accedía a la concesión de esta licencia. Tras la llegada de Berta Linares a la alcaldía, apenas dos meses después, esta gasolinera comenzó a funcionar. Todo ello abrió una brecha insalvable entre la víctima del secuestro, Noel López y Berta Linares, tal y como se recoge en la declaración.

Cinco millones de euros

Otro de los asuntos que la Guardia Civil investigará para comprobar si hay o no fraude de ley es la construcción de un polideportivo con piscina en la ciudad deportiva de Maracena. La edil secuestrada dice en su declaración que el Ayuntamiento de Maracena le entregó cinco millones de euros a la empresa que gestiona este centro sin que existiera ningún informe técnico de viabilidad económica y sin que pasara por el pleno municipal. Este es uno de los expedientes que la víctima llevaba en su vehículo cuando fue secuestrada y que la Guardia Civil examinará para comprobar si se ajustaba a la legalidad o no.

La edil secuestrada también portaba otros documentos en su coche que estudiarán con lupa para saber si se ajustaban a un fraude de ley o no.

Hay expedientes también sobre la construcción del centro de salud y del centro de participación activa, que supuestamente, tal y como la secuestrada ha declarado, se adjudicaron de forma directa a una mercantil, sin que conste una licitación previa para la edificación de ambos centros, así como una «valoración (económica) excesiva» para construirlos.

También hay un expediente de unos talleres que, según ella, no se tramitó de forma adecuada y el sitio elegido para esta actividad no era el idóneo. Los investigadores también analizarán otro expediente sobre una presunta ilegalidad ligada con las retribuciones económicas de los coordinadores de los grupos políticos municipales.

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