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Francisco González
Quién es quién en el caso del asesinato que conmocionó a León
Venganza en León: diez años del crimen de Isabel Carrasco

Quién es quién en el caso del asesinato que conmocionó a León

El 12 de mayo se cumplen diez años de la muerte de la presidenta de la Diputación Provincial y del PP leonés. Tres mujeres fueron condenadas por el crimen. Estos son todos los nombres que rodean este magnicidio

Chema Cillero y Francisco González

Miércoles, 8 de mayo 2024, 07:11

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Fue un 12 de mayo de 2014 en el que como ahora, diez años después, la actualidad política estaba marcada por la convocatoria de las Elecciones Europeas. La celebración aquella tarde de un mitin en Valladolid con la participación de Rajoy movilizó a los populares de León, que habían organizado una excursión a la ciudad del Pisuerga con su presidenta provincial al frente. Un plan que se truncó, como todos los proyectos vitales de Isabel Carrasco, que no llegó a recorrer los escasos 900 metros que separaban su casa, en el paseo de la Condesa de Sagasta, de la sede leonés del PP, en el paseo de Salamanca, un inmueble adquirido a finales de marzo de 2011, y bajo la presidencia de la asesinada Isabel Carrasco, que defendió que era una «oportunidad única» a un precio «baratísimo» y que a largo plazo permitiría al PP ahorrar los 2.000 euros mensuales de alquiler que le costaba su anterior sede, ubicaba en el moderno Edificio Europa de la capital leonesa. Años después esta adquisición se convirtió en lastre para la economía del partido en esa provincia. Pero ni de esa incidencia en las cuentas de la formación ni de nada de lo que ha pasado desde aquella tarde ha podido ocuparse la que era auténtica clave de bóveda del Partido Popular en León, abatida a tiros por Montserrat González, que ocultando su identidad con gorro y bufanda le siguió a escasa distancia para descerrajarle tres tiros, como publica Leonoticias.

El gráfico muestra el papel que juega cada detenido sin libertad y su papel en la organización criminal

Los personajes

Isabel Carrasco

Nacida en 1955, ese día se dirigía desde su casa, en la avenida de Condesa Sagasta, a la sede del PP en León, en el paseo de Salamanca, donde había quedado con miembros de la directiva provincial del partido que ella presidía para viajar a Valladolid, a un acto de la campaña de las elecciones europeas presidido por Rajoy. La distancia más corta era cruzar la pasarela peatonal sobre el Bernesga. Isabel había declinado la opción de trasladarse en la moto conducida por Jesús Luis López Brea, su novio. Recibió tres de los cinco disparos que efectuó la autora del crimen, dos de ellos a escasos centímetros y cuando la víctima yacía en el suelo.

«Aquí murió un bicho» fue la pintada con la que amaneció poco después el suelo de la pasarela donde cayó abatida Carrasco, quien además de morir asesinada sufrió la condena en la que se culpabiliza a la víctima tras el crimen cuando durante su trayectoria se ha granjeado muchas enemistades. Tampoco se libró de la velada acusación de acosadora sexual según la estrategia de la defensa en el juicio de las autoras del crimen.

Montserrat González Fernández

Condenada a 22 años de cárcel

 

Nacida en 1955, madre de Triana Martínez González y esposa de Pablo Antonio Martínez, comisario jefe de la Policía Nacional en Astorga.

Condenada por la Audiencia Provincial de León a 22 años de cárcel por el asesinato de Isabel Carrasco, en sentencia ratificada después por el TSJ de Castilla y León y por el Supremo. En 2031 podrá solicitar la libertad condicional al haber cumplido un porcentaje amplio de su condena, actualmente en la prisión asturiana de Villabona, tras pasar por las de Mansilla de las Mulas, León, y la de Villanubla (Valladolid). Tras un historial de conflictos con el personal penitenciario y otras presas en las dos primeras cárceles, solicitó junto a su hija el traslado a Asturias en base al arraigo familiar, al residir su marido en Gijón. Hoy en día es la responsable de la biblioteca de su módulo penitenciario.

El informe forense durante el juicio describe a Montserrat como «dominante, dogmática, con tendencia  a la manipulación y escasa capacidad para empatizar fuera de su círculo familiar más íntimo». En el juicio declaró no estar arrepentida del crimen que reconoció haber cometido.

Triana Martínez González

Condenada a 20 años de cárcel

 

Nacida en 1979, ingeniera en Telecomunicaciones, desempeñó esa labor como interina en la Diputación de León en los tiempos en que fue presidenta Isabel Carrasco.

Condenada a 20 años de cárcel como coautora del crimen, podrá solicitar su acceso a la libertad condicional en 2029. Cumple condena desde 2018 en la prisión asturiana de Villabona, donde su historial conflictivo que arrastraba de las otras prisiones por las que pasó ha desaparecido casi del todo, si bien en 2020 se le intervino un teléfono móvil cuya posesión está prohibida siendo presa. Al poco tiempo de su traslado al penal asturiano, fue trasladado al mismo el preso rumano Romeo Chalenu, de quien se hizo novia en la cárcel de Villanubla y que cumple condena por tenencia a banda especializada en robos en viviendas.

Al frente de los servicios centrales de la biblioteca de la presión –técnicamente con su progenitora a sus órdenes–, en septiembre de 2023 solicitó un permiso que le fue denegado. El informe forense de los funcionarios de Justicia la describe como «muy inteligente, con un elevado concepto de sí misma». El psiquiatra aportado por su defensa destacó una «dependencia no normal de su madre».

Raquel Gago Rodríguez

Condenada a 15 años de cárcel

 

Nacida en 1973, la amiga de Triana era Policía Local en León cuando sucedieron los hechos. Treinta horas después del asesinato, Gago acudió a la Policía Nacional para entregar el arma que atestiguó haber encontrado en su coche. En un primer momento, la inspectora Elena Sánchez, al frente de la investigación, dejó a Raquel en libertad al no encontrar indicios de su participación en el crimen, pero luego fue juzgada y condenada a cinco años de cárcel, pero en revisiones siguientes, el TSJ elevó el delito a cómplice y la pena a 12 y el Supremo la incrementó a 14. Pidió cumplir condena en Madrid para alejarse de la que había sido su amiga y a la que acusa de haberle destrozado la vida. En prisión obtuvo la calificación ‘segundo 100’, reservada al comportamiento óptimo. En 2023 obtuvo el tercer grado, que le obligaba primero a dormir en el centro de inserción social Victoria Kent de Madrid y después ya en su domicilio, en este caso el de su hermano en el sur de Madrid. Informe forense: «Persona fría que controla sus emociones y que quiso retrasar la realidad de forma consciente».

Pablo Antonio Martínez

Nacido en 1953 y fallecido por covid en 2020, Pablo Antonio Martínez era el comisario jefe de Astorga cuando se produjo el asesinato de Isabel Carrasco. «Mi mujer y mi hija no me hacían ni puñetero caso», llegó a describir Martínez sobre la relación con Montserrat y Triana. Estaba al tanto de las dificultades de su hija para encontrar un empleo estable y llegó a aconsejarle abandonar León en busca de futuro profesional en otros sitios, luego de conocer las quejas de su mujer y de su hija sobre las supuestas zancadillas que le ponían en León para desarrollarse profesionalmente. Por lo que confesó experiencias cercanas relacionadas con el suicidio, llegó a estar preocupado por si su hija tomaba una trágica decisión, pero le sorprendió que el día del crimen su hija le llamara para decirle que estaba detenida.

Para alejarse del foco mediático, fue trasladado a la comisaría de Gijón, donde ya había prestado servicio antes. Cuando le sobrevino la muerte llevaba apenas dos años jubilado y mantenía su residencia en Asturias, donde su mujer e hija pidieron el traslado.

Pedro Mielgo Silván

Nacido en 1946, el policía nacional jubilado y su mujer cruzaron la pasarela sobre el Bernesga en el momento en que se produjo el asesinato de Isabel Carrasco. «Nos llamó la atención cómo iba vestida [Isabel Carrasco], como para una fiesta. Mi mujer dijo que le sonaba de verla en la tele, por eso no nos chocó que otra mujer le siguiera de cerca. Será la escolta, pensamos». Pero enseguida oyeron los disparos y vieron a la mujer rubia caer. Inmediatamente se repartió los papeles con Elena Morandeira, quien telefoneó al 112 mientras él iniciaba una labor de seguimiento y vigilancia de la mujer a la que habían visto tirotear a la presidenta de la Diputación de León. Esa práctica policial no le era ajena, la había desarrollado durante años en su destino como agente en Benidorm. La persecución a distancia de la sospechosa, la descripción que hizo de ella y de su vestimenta, su testimonio en el que negaba que la presunta asesina arrojara el arma al río, fueron decisivas para la resolución del caso. «Podían haber salido impunes si no llega a ser por él», indicó Emilio Fernández, fiscal jefe de León.

Julio Mozo

Con él conversaba Gago cuando llegó Triana y le preguntó a su amiga si tenía el coche abierto. En su testimonio en la vista aseguró no fijarse si la joven introdujo alguna bolsa en el coche particular de la agente de la Policía Local.

Los personajes del juicio

Carlos Álvarez

Condenó a Montserrat González como autora «de un delito de asesinato, previsto y penado en el artículo 130, circunstancia 1ª (alevosía) del Código Penal, con un delito de atentado a la autoridad, agravado por uso de arma de fuego [...], concurriendo la agravante de disfraz y la atenuante de reparación parcial del daño a la pena de 19 años de prisión (con abono del tiempo que ha pasado en situación de prisión provisional) y a otros tres años de prisión por «un delito agravado por tenencia ilícita de armas». Total, 22 años.

Asímismo, la condenó a la «la prohibición de aproximación a Loreto Rodríguez Carrasco y Jesús Luis López Brea –hija y pareja de la víctima– o de comunicar con ellos durante 25 años». A Triana Martínez la condena como «cooperadora necesaria de un delito de asesinato, con un delito de atentado a la Autoridad, agravado por el uso de arma de fuego, concurriendo la agravante de disfraz y la atenuante de reparación parcial del daño a 17 años y seis meses de prisión (con abono del tiempo que ha pasado en prisión provisional) y otros dos años y seis meses de cárcel por el delito de tenencia ilícita de armas». En total 20 años y la misma prohibición de acercarse a la familia de la víctima.

La sentencia absolvió a Gago del delito de asesinato y la condena solo como autora de un delito de «encubrimiento, previsto y penado en el artículo 451 del Código Penal, a la pena de tres años de prisión (de los que hay que descontar los ocho meses que ya pasó en situación de prisión provisional), y a otros dos años por el delito de tenencia ilícita de armas». Pero los recursos actuaron en perjuicio de la policía local.

En la sentencia se acordó no deducir testimonio ni contra tres testigos –conviene recordar desajustes como el de Mielgo, que aseguró no haber llamado con su teléfono al 112 durante el seguimiento a la sospechosa e incluso ni reconoció su voz en la llamada grabada– ni contra el abogado Fermín Guerrero –el desaparecido y reaparecido misteriosamente–, tal y como habían interesado las partes, al no hallar base alguna para exigirles responsabilidad penal.

Emilio Fernández

Lo tuvo claro desde el principio, «es un plan casi perfecto y una ejecución perfecta», contó en un documental estrenado tiempo después. «Estoy convencido de que podía haber salido bien», dijo en referencia a la circunstancia de que un policía jubilado desbaratase la impunidad de las tres mujeres, Gago también, «estaba en el plan, al corriente». De ahí que recurriese la sentencia, insatisfecho por la benevolencia del fallo con la policía local.

Carlos Rivera y Beatriz Llamas

Rivera Asociados, SL, era el bufete de confianza de la presidenta de la Diputación y su designación obedeció a la confianza personal de la familia en el despacho de abogados, especializado en derecho urbanístico, administrativo y financiero pero que se encargó de este asunto penal. Aún cuando la línea acusatoria estuvo impuesta por el fundador del despacho, Rivera Blanco, quien estuvo dando la cara públicamente fue Beatriz Llamas.

José Ramón García

Se esforzó por establecer una sucesión de los hechos en los primeros minutos después del asesinato que demostrara que Triana no sabía nada del plan de su madre y que solo había reaccionado para encubrirla escondiendo el arma en el coche de Raquel. Se trataba de que no pareciera fruto de un plan premeditado.

Fermín Guerreo

Con despacho en Murcia y que desapareció durante horas una de las jornadas del juicio, lo que obligó a suspender la vista. «Ya le he dado razones a quien se las debía [por el presidente del tribunal y su propia defendida]», zanjó al ser preguntado por los periodistas por las razones de su momentánea desaparición. Llegó a cruzarse amenazas de querellas mutuas con el fiscal Fernández.

El gráfico muestra el papel que juega cada detenido sin libertad y su papel en la organización criminal

Los personajes

Isabel Carrasco

Nacida en 1955, ese día se dirigía desde su casa, en la avenida de Condesa Sagasta, a la sede del PP en León, en el paseo de Salamanca, donde había quedado con miembros de la directiva provincial del partido que ella presidía para viajar a Valladolid, a un acto de la campaña de las elecciones europeas presidido por Rajoy. La distancia más corta era cruzar la pasarela peatonal sobre el Bernesga. Isabel había declinado la opción de trasladarse en la moto conducida por Jesús Luis López Brea, su novio. Recibió tres de los cinco disparos que efectuó la autora del crimen, dos de ellos a escasos centímetros y cuando la víctima yacía en el suelo.

«Aquí murió un bicho» fue la pintada con la que amaneció poco después el suelo de la pasarela donde cayó abatida Carrasco, quien además de morir asesinada sufrió la condena en la que se culpabiliza a la víctima tras el crimen cuando durante su trayectoria se ha granjeado muchas enemistades. Tampoco se libró de la velada acusación de acosadora sexual según la estrategia de la defensa en el juicio de las autoras del crimen.

Montserrat González Fernández

Condenada a 22 años de cárcel

 

Nacida en 1955, madre de Triana Martínez González y esposa de Pablo Antonio Martínez, comisario jefe de la Policía Nacional en Astorga.

Condenada por la Audiencia Provincial de León a 22 años de cárcel por el asesinato de Isabel Carrasco, en sentencia ratificada después por el TSJ de Castilla y León y por el Supremo. En 2031 podrá solicitar la libertad condicional al haber cumplido un porcentaje amplio de su condena, actualmente en la prisión asturiana de Villabona, tras pasar por las de Mansilla de las Mulas, León, y la de Villanubla (Valladolid). Tras un historial de conflictos con el personal penitenciario y otras presas en las dos primeras cárceles, solicitó junto a su hija el traslado a Asturias en base al arraigo familiar, al residir su marido en Gijón. Hoy en día es la responsable de la biblioteca de su módulo penitenciario.

El informe forense durante el juicio describe a Montserrat como «dominante, dogmática, con tendencia  a la manipulación y escasa capacidad para empatizar fuera de su círculo familiar más íntimo». En el juicio declaró no estar arrepentida del crimen que reconoció haber cometido.

Triana Martínez González

Condenada a 20 años de cárcel

 

Nacida en 1979, ingeniera en Telecomunicaciones, desempeñó esa labor como interina en la Diputación de León en los tiempos en que fue presidenta Isabel Carrasco.

Condenada a 20 años de cárcel como coautora del crimen, podrá solicitar su acceso a la libertad condicional en 2029. Cumple condena desde 2018 en la prisión asturiana de Villabona, donde su historial conflictivo que arrastraba de las otras prisiones por las que pasó ha desaparecido casi del todo, si bien en 2020 se le intervino un teléfono móvil cuya posesión está prohibida siendo presa. Al poco tiempo de su traslado al penal asturiano, fue trasladado al mismo el preso rumano Romeo Chalenu, de quien se hizo novia en la cárcel de Villanubla y que cumple condena por tenencia a banda especializada en robos en viviendas.

Al frente de los servicios centrales de la biblioteca de la presión –técnicamente con su progenitora a sus órdenes–, en septiembre de 2023 solicitó un permiso que le fue denegado. El informe forense de los funcionarios de Justicia la describe como «muy inteligente, con un elevado concepto de sí misma». El psiquiatra aportado por su defensa destacó una «dependencia no normal de su madre».

Raquel Gago Rodríguez

Condenada a 15 años de cárcel

 

Nacida en 1973, la amiga de Triana era Policía Local en León cuando sucedieron los hechos. Treinta horas después del asesinato, Gago acudió a la Policía Nacional para entregar el arma que atestiguó haber encontrado en su coche. En un primer momento, la inspectora Elena Sánchez, al frente de la investigación, dejó a Raquel en libertad al no encontrar indicios de su participación en el crimen, pero luego fue juzgada y condenada a cinco años de cárcel, pero en revisiones siguientes, el TSJ elevó el delito a cómplice y la pena a 12 y el Supremo la incrementó a 14. Pidió cumplir condena en Madrid para alejarse de la que había sido su amiga y a la que acusa de haberle destrozado la vida. En prisión obtuvo la calificación ‘segundo 100’, reservada al comportamiento óptimo. En 2023 obtuvo el tercer grado, que le obligaba primero a dormir en el centro de inserción social Victoria Kent de Madrid y después ya en su domicilio, en este caso el de su hermano en el sur de Madrid. Informe forense: «Persona fría que controla sus emociones y que quiso retrasar la realidad de forma consciente».

Pablo Antonio Martínez

Nacido en 1953 y fallecido por covid en 2020, Pablo Antonio Martínez era el comisario jefe de Astorga cuando se produjo el asesinato de Isabel Carrasco. «Mi mujer y mi hija no me hacían ni puñetero caso», llegó a describir Martínez sobre la relación con Montserrat y Triana. Estaba al tanto de las dificultades de su hija para encontrar un empleo estable y llegó a aconsejarle abandonar León en busca de futuro profesional en otros sitios, luego de conocer las quejas de su mujer y de su hija sobre las supuestas zancadillas que le ponían en León para desarrollarse profesionalmente. Por lo que confesó experiencias cercanas relacionadas con el suicidio, llegó a estar preocupado por si su hija tomaba una trágica decisión, pero le sorprendió que el día del crimen su hija le llamara para decirle que estaba detenida.

Para alejarse del foco mediático, fue trasladado a la comisaría de Gijón, donde ya había prestado servicio antes. Cuando le sobrevino la muerte llevaba apenas dos años jubilado y mantenía su residencia en Asturias, donde su mujer e hija pidieron el traslado.

Pedro Mielgo Silván

Nacido en 1946, el policía nacional jubilado y su mujer cruzaron la paralela sobre el Bernesga en el momento en que se produjo el asesinato de Isabel Carrasco. «Nos llamó la atención cómo iba vestida [Isabel Carrasco], como para una fiesta. Mi mujer dijo que le sonaba de verla en la tele, por eso no nos chocó que otra mujer le siguiera de cerca. Será la escolta, pensamos». Pero enseguida oyeron los disparos y vieron a la mujer rubia caer. Inmediatamente se repartió los papeles con Elena Morandeira, quien telefoneó al 112 mientras él iniciaba una labor de seguimiento y vigilancia de la mujer a la que habían visto tirotear a la presidenta de la Diputación de León. Esa práctica policial no le era ajena, la había desarrollado durante años en su destino como agente en Benidorm. La persecución a distancia de la sospechosa, la descripción que hizo de ella y de su vestimenta, su testimonio en el que negaba que la presunta asesina arrojara el arma al río, fueron decisivas para la resolución del caso. «Podían haber salido impunes si no llega a ser por él», indicó Emilio Fernández, fiscal jefe de León.

Julio Mozo

Con él conversaba Gago cuando llegó Triana y le preguntó a su amiga si tenía el coche abierto. En su testimonio en la vista aseguró no fijarse si la joven introdujo alguna bolsa en el coche particular de la agente de la Policía Local.

Los personajes del juicio

Carlos Álvarez

Condenó a Montserrat González como autora «de un delito de asesinato, previsto y penado en el artículo 130, circunstancia 1ª (alevosía) del Código Penal, con un delito de atentado a la autoridad, agravado por uso de arma de fuego [...], concurriendo la agravante de disfraz y la atenuante de reparación parcial del daño a la pena de 19 años de prisión (con abono del tiempo que ha pasado en situación de prisión provisional) y a otros tres años de prisión por «un delito agravado por tenencia ilícita de armas». Total, 22 años.

Asímismo, la condenó a la «la prohibición de aproximación a Loreto Rodríguez Carrasco y Jesús Luis López Brea –hija y pareja de la víctima– o de comunicar con ellos durante 25 años».A Triana Martínez la condena como «cooperadora necesaria de un delito de asesinato, con un delito de atentado a la Autoridad, agravado por el uso de arma de fuego, concurriendo la agravante de disfraz y la atenuante de reparación parcial del daño a 17 años y seis meses de prisión (con abono del tiempo que ha pasado en prisión provisional) y otros dos años y seis meses de cárcel por el delito de tenencia ilícita de armas». En total 20 años y la misma prohibición de acercarse a la familia de la víctima.

La sentencia absolvió a Gago del delito de asesinato y la condena solo como autora de un delito de «encubrimiento, previsto y penado en el artículo 451 del Código Penal, a la pena de tres años de prisión (de los que hay que descontar los ocho meses que ya pasó en situación de prisión provisional), y a otros dos años por el delito de tenencia ilícita de armas». Pero los recursos actuaron en perjuicio de la policía local.

En la sentencia se acordó no deducir testimonio ni contra tres testigos –conviene recordar desajustes como el de Mielgo, que aseguró no haber llamado con su teléfono al 112 durante el seguimiento a la sospechosa e incluso ni reconoció su voz en la llamada grabada– ni contra el abogado Fermín Guerrero –el desaparecido y reaparecido misteriosamente–, tal y como habían interesado las partes, al no hallar base alguna para exigirles responsabilidad penal.

Emilio Fernández

Lo tuvo claro desde el principio, «es un plan casi perfecto y una ejecución perfecta», contó en un documental estrenado tiempo después. «Estoy convencido de que podía haber salido bien», dijo en referencia a la circunstancia de que un policía jubilado desbaratase la impunidad de las tres mujeres, Gago también, «estaba en el plan, al corriente». De ahí que recurriese la sentencia, insatisfecho por la benevolencia del fallo con la policía local.

Carlos Rivera y Beatriz Llamas

Rivera Asociados, SL, era el bufete de confianza de la presidenta de la Diputación y su designación obedeció a la confianza personal de la familia en el despacho de abogados, especializado en derecho urbanístico, administrativo y financiero pero que se encargó de este asunto penal. Aún cuando la línea acusatoria estuvo impuesta por el fundador del despacho, Rivera Blanco, quien estuvo dando la cara públicamente fue Beatriz Llamas.

José Ramón García

Se esforzó por establecer una sucesión de los hechos en los primeros minutos después del asesinato que demostrara que Triana no sabía nada del plan de su madre y que solo había reaccionado para encubrirla escondiendo el arma en el coche de Raquel. Se trataba de que no pareciera fruto de un plan premeditado.

Fermín Guerreo

Con despacho en Murcia y que desapareció durante horas una de las jornadas del juicio, lo que obligó a suspender la vista. «Ya le he dado razones a quien se las debía [por el presidente del tribunal y su propia defendida]», zanjó al ser preguntado por los periodistas por las razones de su momentánea desaparición. Llegó a cruzarse amenazas de querellas mutuas con el fiscal Fernández.

El gráfico muestra el papel que juega cada detenido sin libertad y su papel en la organización criminal

Los personajes

Isabel Carrasco

Pedro Mielgo Silván

Nacida en 1955, ese día se dirigía desde su casa, en la avenida de Condesa Sagasta, a la sede del PP en León, en el paseo de Salamanca, donde había quedado con miembros de la directiva provincial del partido que ella presidía para viajar a Valladolid, a un acto de la campaña de las elecciones europeas presidido por Rajoy. La distancia más corta era cruzar la pasarela peatonal sobre el Bernesga. Isabel había declinado la opción de trasladarse en la moto conducida por Jesús Luis López Brea, su novio. Recibió tres de los cinco disparos que efectuó la autora del crimen, dos de ellos a escasos centímetros y cuando la víctima yacía en el suelo.

«Aquí murió un bicho» fue la pintada con la que amaneció poco después el suelo de la pasarela donde cayó abatida Carrasco, quien además de morir asesinada sufrió la condena en la que se culpabiliza a la víctima tras el crimen cuando durante su trayectoria se ha granjeado muchas enemistades. Tampoco se libró de la velada acusación de acosadora sexual según la estrategia de la defensa en el juicio de las autoras del crimen.

Nacido en 1946, el policía nacional jubilado y su mujer cruzaron la paralela sobre el Bernesga en el momento en que se produjo el asesinato de Isabel Carrasco. «Nos llamó la atención cómo iba vestida [Isabel Carrasco], como para una fiesta. Mi mujer dijo que le sonaba de verla en la tele, por eso no nos chocó que otra mujer le siguiera de cerca. Será la escolta, pensamos». Pero enseguida oyeron los disparos y vieron a la mujer rubia caer. Inmediatamente se repartió los papeles con Elena Morandeira, quien telefoneó al 112 mientras él iniciaba una labor de seguimiento y vigilancia de la mujer a la que habían visto tirotear a la presidenta de la Diputación de León. Esa práctica policial no le era ajena, la había desarrollado durante años en su destino como agente en Benidorm. La persecución a distancia de la sospechosa, la descripción que hizo de ella y de su vestimenta, su testimonio en el que negaba que la presunta asesina arrojara el arma al río, fueron decisivas para la resolución del caso. «Podían haber salido impunes si no llega a ser por él», indicó Emilio Fernández, fiscal jefe de León.

Montserrat González Fernández

Julio Mozo

Condenada a 22 años de cárcel

 

Nacida en 1955, madre de Triana Martínez González y esposa de Pablo Antonio Martínez, comisario jefe de la Policía Nacional en Astorga.

Condenada por la Audiencia Provincial de León a 22 años de cárcel por el asesinato de Isabel Carrasco, en sentencia ratificada después por el TSJ de Castilla y León y por el Supremo. En 2031 podrá solicitar la libertad condicional al haber cumplido un porcentaje amplio de su condena, actualmente en la prisión asturiana de Villabona, tras pasar por las de Mansilla de las Mulas, León, y la de Villanubla (Valladolid). Tras un historial de conflictos con el personal penitenciario y otras presas en las dos primeras cárceles, solicitó junto a su hija el traslado a Asturias en base al arraigo familiar, al residir su marido en Gijón. Hoy en día es la responsable de la biblioteca de su módulo penitenciario.

El informe forense durante el juicio describe a Montserrat como «dominante, dogmática, con tendencia  a la manipulación y escasa capacidad para empatizar fuera de su círculo familiar más íntimo». En el juicio declaró no estar arrepentida del crimen que reconoció haber cometido.

Con él conversaba Gago cuando llegó Triana y le preguntó a su amiga si tenía el coche abierto. En su testimonio en la vista aseguró no fijarse si la joven introdujo alguna bolsa en el coche particular de la agente de la Policía Local.

Los personajes del juicio

Carlos Álvarez

Condenó a Montserrat González como autora «de un delito de asesinato, previsto y penado en el artículo 130, circunstancia 1ª (alevosía) del Código Penal, con un delito de atentado a la autoridad, agravado por uso de arma de fuego [...], concurriendo la agravante de disfraz y la atenuante de reparación parcial del daño a la pena de 19 años de prisión (con abono del tiempo que ha pasado en situación de prisión provisional) y a otros tres años de prisión por «un delito agravado por tenencia ilícita de armas». Total, 22 años.

Asímismo, la condenó a la «la prohibición de aproximación a Loreto Rodríguez Carrasco y Jesús Luis López Brea –hija y pareja de la víctima– o de comunicar con ellos durante 25 años».A Triana Martínez la condena como «cooperadora necesaria de un delito de asesinato, con un delito de atentado a la Autoridad, agravado por el uso de arma de fuego, concurriendo la agravante de disfraz y la atenuante de reparación parcial del daño a 17 años y seis meses de prisión (con abono del tiempo que ha pasado en prisión provisional) y otros dos años y seis meses de cárcel por el delito de tenencia ilícita de armas». En total 20 años y la misma prohibición de acercarse a la familia de la víctima.

La sentencia absolvió a Gago del delito de asesinato y la condena solo como autora de un delito de «encubrimiento, previsto y penado en el artículo 451 del Código Penal, a la pena de tres años de prisión (de los que hay que descontar los ocho meses que ya pasó en situación de prisión provisional), y a otros dos años por el delito de tenencia ilícita de armas». Pero los recursos actuaron en perjuicio de la policía local.

En la sentencia se acordó no deducir testimonio ni contra tres testigos –conviene recordar desajustes como el de Mielgo, que aseguró no haber llamado con su teléfono al 112 durante el seguimiento a la sospechosa e incluso ni reconoció su voz en la llamada grabada– ni contra el abogado Fermín Guerrero –el desaparecido y reaparecido misteriosamente–, tal y como habían interesado las partes, al no hallar base alguna para exigirles responsabilidad penal.

Triana Martínez González

Condenada a 20 años de cárcel

 

Nacida en 1979, ingeniera en Telecomunicaciones, desempeñó esa labor como interina en la Diputación de León en los tiempos en que fue presidenta Isabel Carrasco.

Condenada a 20 años de cárcel como coautora del crimen, podrá solicitar su acceso a la libertad condicional en 2029. Cumple condena desde 2018 en la prisión asturiana de Villabona, donde su historial conflictivo que arrastraba de las otras prisiones por las que pasó ha desaparecido casi del todo, si bien en 2020 se le intervino un teléfono móvil cuya posesión está prohibida siendo presa. Al poco tiempo de su traslado al penal asturiano, fue trasladado al mismo el preso rumano Romeo Chalenu, de quien se hizo novia en la cárcel de Villanubla y que cumple condena por tenencia a banda especializada en robos en viviendas.

Al frente de los servicios centrales de la biblioteca de la presión –técnicamente con su progenitora a sus órdenes–, en septiembre de 2023 solicitó un permiso que le fue denegado. El informe forense de los funcionarios de Justicia la describe como «muy inteligente, con un elevado concepto de sí misma». El psiquiatra aportado por su defensa destacó una «dependencia no normal de su madre».

Raquel Gago Rodríguez

Condenada a 15 años de cárcel

 

Nacida en 1973, la amiga de Triana era Policía Local en León cuando sucedieron los hechos. Treinta horas después del asesinato, Gago acudió a la Policía Nacional para entregar el arma que atestiguó haber encontrado en su coche. En un primer momento, la inspectora Elena Sánchez, al frente de la investigación, dejó a Raquel en libertad al no encontrar indicios de su participación en el crimen, pero luego fue juzgada y condenada a cinco años de cárcel, pero en revisiones siguientes, el TSJ elevó el delito a cómplice y la pena a 12 y el Supremo la incrementó a 14. Pidió cumplir condena en Madrid para alejarse de la que había sido su amiga y a la que acusa de haberle destrozado la vida. En prisión obtuvo la calificación ‘segundo 100’, reservada al comportamiento óptimo. En 2023 obtuvo el tercer grado, que le obligaba primero a dormir en el centro de inserción social Victoria Kent de Madrid y después ya en su domicilio, en este caso el de su hermano en el sur de Madrid. Informe forense: «Persona fría que controla sus emociones y que quiso retrasar la realidad de forma consciente».

Emilio Fernández

Lo tuvo claro desde el principio, «es un plan casi perfecto y una ejecución perfecta», contó en un documental estrenado tiempo después. «Estoy convencido de que podía haber salido bien», dijo en referencia a la circunstancia de que un policía jubilado desbaratase la impunidad de las tres mujeres, Gago también, «estaba en el plan, al corriente». De ahí que recurriese la sentencia, insatisfecho por la benevolencia del fallo con la policía local.

Carlos Rivera y Beatriz Llamas

Rivera Asociados, SL, era el bufete de confianza de la presidenta de la Diputación y su designación obedeció a la confianza personal de la familia en el despacho de abogados, especializado en derecho urbanístico, administrativo y financiero pero que se encargó de este asunto penal. Aún cuando la línea acusatoria estuvo impuesta por el fundador del despacho, Rivera Blanco, quien estuvo dando la cara públicamente fue Beatriz Llamas.

Pablo Antonio Martínez

Nacido en 1953 y fallecido por covid en 2020, Pablo Antonio Martínez era el comisario jefe de Astorga cuando se produjo el asesinato de Isabel Carrasco. «Mi mujer y mi hija no me hacían ni puñetero caso», llegó a describir Martínez sobre la relación con Montserrat y Triana. Estaba al tanto de las dificultades de su hija para encontrar un empleo estable y llegó a aconsejarle abandonar León en busca de futuro profesional en otros sitios, luego de conocer las quejas de su mujer y de su hija sobre las supuestas zancadillas que le ponían en León para desarrollarse profesionalmente. Por lo que confesó experiencias cercanas relacionadas con el suicidio, llegó a estar preocupado por si su hija tomaba una trágica decisión, pero le sorprendió que el día del crimen su hija le llamara para decirle que estaba detenida.

Para alejarse del foco mediático, fue trasladado a la comisaría de Gijón, donde ya había prestado servicio antes. Cuando le sobrevino la muerte llevaba apenas dos años jubilado y mantenía su residencia en Asturias, donde su mujer e hija pidieron el traslado.

José Ramón García

Se esforzó por establecer una sucesión de los hechos en los primeros minutos después del asesinato que demostrara que Triana no sabía nada del plan de su madre y que solo había reaccionado para encubrirla escondiendo el arma en el coche de Raquel. Se trataba de que no pareciera fruto de un plan premeditado.

Fermín Guerreo

Con despacho en Murcia y que desapareció durante horas una de las jornadas del juicio, lo que obligó a suspender la vista. «Ya le he dado razones a quien se las debía [por el presidente del tribunal y su propia defendida]», zanjó al ser preguntado por los periodistas por las razones de su momentánea desaparición. Llegó a cruzarse amenazas de querellas mutuas con el fiscal Fernández.

El gráfico muestra el papel que juega cada detenido sin libertad y su papel en la organización criminal

Los personajes

Los personajes del juicio

Raquel Gago Rodríguez

Carlos Álvarez

Isabel Carrasco

Condenada a 15 años de cárcel

 

Nacida en 1973, la amiga de Triana era Policía Local en León cuando sucedieron los hechos. Treinta horas después del asesinato, Gago acudió a la Policía Nacional para entregar el arma que atestiguó haber encontrado en su coche. En un primer momento, la inspectora Elena Sánchez, al frente de la investigación, dejó a Raquel en libertad al no encontrar indicios de su participación en el crimen, pero luego fue juzgada y condenada a cinco años de cárcel, pero en revisiones siguientes, el TSJ elevó el delito a cómplice y la pena a 12 y el Supremo la incrementó a 14. Pidió cumplir condena en Madrid para alejarse de la que había sido su amiga y a la que acusa de haberle destrozado la vida. En prisión obtuvo la calificación ‘segundo 100’, reservada al comportamiento óptimo. En 2023 obtuvo el tercer grado, que le obligaba primero a dormir en el centro de inserción social Victoria Kent de Madrid y después ya en su domicilio, en este caso el de su hermano en el sur de Madrid. Informe forense: «Persona fría que controla sus emociones y que quiso retrasar la realidad de forma consciente».

Condenó a Montserrat González como autora «de un delito de asesinato, previsto y penado en el artículo 130, circunstancia 1ª (alevosía) del Código Penal, con un delito de atentado a la autoridad, agravado por uso de arma de fuego [...], concurriendo la agravante de disfraz y la atenuante de reparación parcial del daño a la pena de 19 años de prisión (con abono del tiempo que ha pasado en situación de prisión provisional) y a otros tres años de prisión por «un delito agravado por tenencia ilícita de armas». Total, 22 años.

Asímismo, la condenó a la «la prohibición de aproximación a Loreto Rodríguez Carrasco y Jesús Luis López Brea –hija y pareja de la víctima– o de comunicar con ellos durante 25 años».A Triana Martínez la condena como «cooperadora necesaria de un delito de asesinato, con un delito de atentado a la Autoridad, agravado por el uso de arma de fuego, concurriendo la agravante de disfraz y la atenuante de reparación parcial del daño a 17 años y seis meses de prisión (con abono del tiempo que ha pasado en prisión provisional) y otros dos años y seis meses de cárcel por el delito de tenencia ilícita de armas». En total 20 años y la misma prohibición de acercarse a la familia de la víctima.

La sentencia absolvió a Gago del delito de asesinato y la condena solo como autora de un delito de «encubrimiento, previsto y penado en el artículo 451 del Código Penal, a la pena de tres años de prisión (de los que hay que descontar los ocho meses que ya pasó en situación de prisión provisional), y a otros dos años por el delito de tenencia ilícita de armas». Pero los recursos actuaron en perjuicio de la policía local.

En la sentencia se acordó no deducir testimonio ni contra tres testigos –conviene recordar desajustes como el de Mielgo, que aseguró no haber llamado con su teléfono al 112 durante el seguimiento a la sospechosa e incluso ni reconoció su voz en la llamada grabada– ni contra el abogado Fermín Guerrero –el desaparecido y reaparecido misteriosamente–, tal y como habían interesado las partes, al no hallar base alguna para exigirles responsabilidad penal.

Nacida en 1955, ese día se dirigía desde su casa, en la avenida de Condesa Sagasta, a la sede del PP en León, en el paseo de Salamanca, donde había quedado con miembros de la directiva provincial del partido que ella presidía para viajar a Valladolid, a un acto de la campaña de las elecciones europeas presidido por Rajoy. La distancia más corta era cruzar la pasarela peatonal sobre el Bernesga. Isabel había declinado la opción de trasladarse en la moto conducida por Jesús Luis López Brea, su novio. Recibió tres de los cinco disparos que efectuó la autora del crimen, dos de ellos a escasos centímetros y cuando la víctima yacía en el suelo.

«Aquí murió un bicho» fue la pintada con la que amaneció poco después el suelo de la pasarela donde cayó abatida Carrasco, quien además de morir asesinada sufrió la condena en la que se culpabiliza a la víctima tras el crimen cuando durante su trayectoria se ha granjeado muchas enemistades. Tampoco se libró de la velada acusación de acosadora sexual según la estrategia de la defensa en el juicio de las autoras del crimen.

Montserrat González Fernández

Pablo Antonio Martínez

Condenada a 22 años de cárcel

 

Nacida en 1955, madre de Triana Martínez González y esposa de Pablo Antonio Martínez, comisario jefe de la Policía Nacional en Astorga.

Condenada por la Audiencia Provincial de León a 22 años de cárcel por el asesinato de Isabel Carrasco, en sentencia ratificada después por el TSJ de Castilla y León y por el Supremo. En 2031 podrá solicitar la libertad condicional al haber cumplido un porcentaje amplio de su condena, actualmente en la prisión asturiana de Villabona, tras pasar por las de Mansilla de las Mulas, León, y la de Villanubla (Valladolid). Tras un historial de conflictos con el personal penitenciario y otras presas en las dos primeras cárceles, solicitó junto a su hija el traslado a Asturias en base al arraigo familiar, al residir su marido en Gijón. Hoy en día es la responsable de la biblioteca de su módulo penitenciario.

El informe forense durante el juicio describe a Montserrat como «dominante, dogmática, con tendencia  a la manipulación y escasa capacidad para empatizar fuera de su círculo familiar más íntimo». En el juicio declaró no estar arrepentida del crimen que reconoció haber cometido.

Nacido en 1953 y fallecido por covid en 2020, Pablo Antonio Martínez era el comisario jefe de Astorga cuando se produjo el asesinato de Isabel Carrasco. «Mi mujer y mi hija no me hacían ni puñetero caso», llegó a describir Martínez sobre la relación con Montserrat y Triana. Estaba al tanto de las dificultades de su hija para encontrar un empleo estable y llegó a aconsejarle abandonar León en busca de futuro profesional en otros sitios, luego de conocer las quejas de su mujer y de su hija sobre las supuestas zancadillas que le ponían en León para desarrollarse profesionalmente. Por lo que confesó experiencias cercanas relacionadas con el suicidio, llegó a estar preocupado por si su hija tomaba una trágica decisión, pero le sorprendió que el día del crimen su hija le llamara para decirle que estaba detenida.

Para alejarse del foco mediático, fue trasladado a la comisaría de Gijón, donde ya había prestado servicio antes. Cuando le sobrevino la muerte llevaba apenas dos años jubilado y mantenía su residencia en Asturias, donde su mujer e hija pidieron el traslado.

Emilio Fernández

Lo tuvo claro desde el principio, «es un plan casi perfecto y una ejecución perfecta», contó en un documental estrenado tiempo después. «Estoy convencido de que podía haber salido bien», dijo en referencia a la circunstancia de que un policía jubilado desbaratase la impunidad de las tres mujeres, Gago también, «estaba en el plan, al corriente». De ahí que recurriese la sentencia, insatisfecho por la benevolencia del fallo con la policía local.

Triana Martínez González

Condenada a 20 años de cárcel

 

Nacida en 1979, ingeniera en Telecomunicaciones, desempeñó esa labor como interina en la Diputación de León en los tiempos en que fue presidenta Isabel Carrasco.

Condenada a 20 años de cárcel como coautora del crimen, podrá solicitar su acceso a la libertad condicional en 2029. Cumple condena desde 2018 en la prisión asturiana de Villabona, donde su historial conflictivo que arrastraba de las otras prisiones por las que pasó ha desaparecido casi del todo, si bien en 2020 se le intervino un teléfono móvil cuya posesión está prohibida siendo presa. Al poco tiempo de su traslado al penal asturiano, fue trasladado al mismo el preso rumano Romeo Chalenu, de quien se hizo novia en la cárcel de Villanubla y que cumple condena por tenencia a banda especializada en robos en viviendas.

Al frente de los servicios centrales de la biblioteca de la presión –técnicamente con su progenitora a sus órdenes–, en septiembre de 2023 solicitó un permiso que le fue denegado. El informe forense de los funcionarios de Justicia la describe como «muy inteligente, con un elevado concepto de sí misma». El psiquiatra aportado por su defensa destacó una «dependencia no normal de su madre».

Pedro Mielgo Silván

Nacido en 1946, el policía nacional jubilado y su mujer cruzaron la paralela sobre el Bernesga en el momento en que se produjo el asesinato de Isabel Carrasco. «Nos llamó la atención cómo iba vestida [Isabel Carrasco], como para una fiesta. Mi mujer dijo que le sonaba de verla en la tele, por eso no nos chocó que otra mujer le siguiera de cerca. Será la escolta, pensamos». Pero enseguida oyeron los disparos y vieron a la mujer rubia caer. Inmediatamente se repartió los papeles con Elena Morandeira, quien telefoneó al 112 mientras él iniciaba una labor de seguimiento y vigilancia de la mujer a la que habían visto tirotear a la presidenta de la Diputación de León. Esa práctica policial no le era ajena, la había desarrollado durante años en su destino como agente en Benidorm. La persecución a distancia de la sospechosa, la descripción que hizo de ella y de su vestimenta, su testimonio en el que negaba que la presunta asesina arrojara el arma al río, fueron decisivas para la resolución del caso. «Podían haber salido impunes si no llega a ser por él», indicó Emilio Fernández, fiscal jefe de León.

Carlos Rivera y Beatriz Llamas

Rivera Asociados, SL, era el bufete de confianza de la presidenta de la Diputación y su designación obedeció a la confianza personal de la familia en el despacho de abogados, especializado en derecho urbanístico, administrativo y financiero pero que se encargó de este asunto penal. Aún cuando la línea acusatoria estuvo impuesta por el fundador del despacho, Rivera Blanco, quien estuvo dando la cara públicamente fue Beatriz Llamas.

José Ramón García

Se esforzó por establecer una sucesión de los hechos en los primeros minutos después del asesinato que demostrara que Triana no sabía nada del plan de su madre y que solo había reaccionado para encubrirla escondiendo el arma en el coche de Raquel. Se trataba de que no pareciera fruto de un plan premeditado.

Julio Mozo

Con él conversaba Gago cuando llegó Triana y le preguntó a su amiga si tenía el coche abierto. En su testimonio en la vista aseguró no fijarse si la joven introdujo alguna bolsa en el coche particular de la agente de la Policía Local.

Fermín Guerrero

Con despacho en Murcia y que desapareció durante horas una de las jornadas del juicio, lo que obligó a suspender la vista. «Ya le he dado razones a quien se las debía [por el presidente del tribunal y su propia defendida]», zanjó al ser preguntado por los periodistas por las razones de su momentánea desaparición. Llegó a cruzarse amenazas de querellas mutuas con el fiscal Fernández.

Diecinueve días tardó el magistrado Carlos Álvarez en dictar la sentencia por el crimen de la presidenta de la Diputación de León y del PP provincial. Después de que el jurado popular, formado por cinco hombres y cuatro mujeres, decidiera por unanimidad en el veredicto más duro posible, que las tres acusadas –Montserrat González, Triana Martínez, y Raquel Gago– eran culpables de asesinato, atentado y tenencia ilícita de armas. A Montserrat y Triana les impone, respectivamente, la pena de 22 y 20 años de cárcel. Asimismo, el juez decidió rebajar la implicación de Gago en el crimen, con su absolución del delito de asesinato y la condenó como encubridora a una pena mínima de cinco años de prisión –por debajo, incluso, de los 10 años que solicitaba su abogado defensor–. Pero sendos recursos, ante el TSJ el primero y el Supremo después, fueron elevando la pena para Gago a los 14 años de condena al pasar su calificación de encubridora a cómplice. A Montserrat y a Triana en ambos casos las penas se les mantuvo en los 22 y 20 años respectivamente.

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