Trump, condenado a pagar 364 millones por fraude fiscal

Si lo único que le duele a Donald Trump es el dinero, los golpes no paran. El juez Arthur Engoron ha condenado a su empresa, Donald Trump Organization, a pagar la friolera de 364 millones de dólares (330 millones de euros) por haber manipulado las finanzas para cometer fraude fiscal y bancario, además de perder las licencias de sus propiedades y vetarle a él, durante tres años, y a sus hijos, durante dos, para volver a hacer negocios en el Estado de Nueva York y servir en los consejos de dirección de cualquier compañía creada en este territorio.

«Cuando se le confrontó durante el juicio con las declaraciones de los defendidos, los hechos y los documentos financieros que habían presentado, simplemente negaron la realidad y fallaron en aceptar su responsabilidad o implementar controles internos para prevenir que vuelva a ocurrir en el futuro», escribió el juez Arthur Engoron en su sentencia de 398 páginas.

Es la madre de todas las condenas, capaz de hundir las finanzas del magnate, del que se dice que solo tiene 400 millones de dólares en efectivo, y podría verse obligado a tener que liquidar algunas de sus preciadas propiedades, como la Torre Trump de la Quinta Avenida en la que tenía su residencia antes de mudarse a Mar-A-Lago en Palm Beach Florida, donde está exento de pagar impuestos sobre sus ingresos.

El magnate ya fue condenado el 26 de enero a pagar 83,3 millones de dólares por difamar a la periodista Jeane Carroll, a la que ofendió públicamente en numerosas ocasiones después de ser condenado el año pasado a compensarla con 5,5 millones de dólares por abusar sexualmente de ella en 1995. Aunque ambos casos están en proceso de apelación, Trump ha tenido que depositar ese dinero en una cuenta del Estado para poder proceder con el caso, como ocurrirá con el actual.

Esta vez ha arrastrado a sus hijos, Donald Trump Jr. y Eric Trump, en la sentencia, por estar al frente de sus negocios desde que se los transfirió para ocupar la Casa Blanca. El juez les ha encontrado culpables de inflar fraudulentamente el valor de sus propiedades para optar a préstamos ventajosos y, a la vez, devaluarlos para reducir el costo de sus pólizas de seguros.

El caso fue presentado por la fiscal general del Estado de Nueva York Letitia James, a raíz de las declaraciones que hiciera en el Congreso su exabogado Michael Cohen, que también ha declarado en este juicio. La Fiscalía ha calculado la pena basándose en los intereses que ha ganado con el dinero que se ha ahorrado al evaluar fraudulentamente sus activos, los beneficios que le han reportado dos propiedades que obtuvo con esos préstamos, también fraudulentos, y el dinero en impuestos que se ahorró pagando a altos empleados de la empresa parte de su sueldo en bonos que incluían abonarles las universidades de sus hijos.