El futuro de La Covatilla, la clave de fondo en la crisis política de Béjar

El futuro de La Covatilla está en el fondo de la crisis de gobierno que se ha abierto en el Ayuntamiento de Béjar, donde su alcalde ha tenido que dar un paso atrás por las críticas de dos de los ediles de su partido, el PP, que gobierna con Vox la ciudad textil. Lo ha hecho a cuenta de una asesoría externa para aclarar qué se puede hacer con la estación de esquí, una vez se desestimó el proyecto de un centro de entrenamiento en altura.

El Partido Socialista de Béjar calificó este domingo «de extrema gravedad» la situación generada en torno a los asesores del alcalde, Luis Francisco Martín, que anunció este sábado la ruptura de toda relación contractual de los mismos con el Ayuntamiento de la ciudad textil. Sin embargo, son muchas las incógnitas en torno a este asunto ya que no está claro a qué contratos de asesoría se refiere el alcalde, si son o no efectivos y para qué trabajos.

De nuevo, la búsqueda de un futuro para la estación de esquí (o su falta del mismo) protagoniza el debate político en Béjar. Al final de la pasada legislatura, se presentó un proyecto para convertirlo en centro de alto rendimieto en altura, lo que permitiría tener actividad más allá de los pocos meses de la temporada de esquí, cada vez más reducida por la falta de nieve. No se concretó y cesó el técnico contratado, el bejarano Miguel Heras, uno de los atletas más punteros del mundo en carreras de montaña. Tampoco en campaña aclaró el actual alcalde qué planes tenía para la estación.

No obstante, a este respecto, el Grupo Municipal Socialista señaló mediante un comunicado que el Ayuntamiento de Béjar «no tiene ningún contrato con ningún asesor ni ningún grupo de asesores que conste en el libro de decretos de Alcaldía». Además, el PSOE habla de «una persona asesora», citando manifestaciones públicas del propio regidor, y no «un grupo de asesores», como recoge en su comunicado del sábado.

En este comunicado, el alcalde anunciaba este sábado la rescisión del contrato laboral que el Ayuntamiento tiene suscrito con un grupo de asesores, tras las «denuncias y acusaciones cruzadas» entre uno de ellos y dos concejalas de su equipo de Gobierno, las también 'populares' Olga García y Araceli Dorado, quienes habían dejado en el aire su apoyo al regidor a causa de estos acontecimientos. Una amenaza que se cernía sobre la supervivencia del gobierno municipal cuatro meses después de su toma de posesión.

«Reiteradamente este Grupo Municipal ha solicitado acceso al expediente de la contratación, sin que hasta este momento se nos haya proporcionado, tal y como hemos denunciado públicamente. Recordamos que el alcalde de Béjar indicó, en la primera comisión informativa en la que fue preguntado por los asesores, que estos son de su entera confianza, que estaban viendo expedientes y facturas y que había un expediente por el que se les iba a contratar pero que todavía no lo había hecho», resumieron los socialistas.

El PSOE solicitó asimismo el acceso a este expediente y denunció que sigue sin poder ver su contenido, «después de dos meses», añadieron, «incumpliéndose de manera tenaz la ley». «Se da la circunstancia, además, de que el alcalde dio su palabra de honor de que nos iba a dar en una semana acceso a la información. Seguimos sin saber el nombre del resto de asesores del alcalde, su procedencia, su cualificación y su justificación», lamentaron.

Por todo ello, advirtieron de las consecuencias que, desde su punto de vista, puede acarrear esta circunstancia a los vecinos de la comarca. «Una situación que no solo afecta a la ciudad de Béjar, sino que, por sus repercusiones y pérdida de confianza en la institución municipal, va a influir muy negativamente en proyectos comarcales y provinciales de una manera irreversible», apuntaron.

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Béjar, y la propia Agrupación Socialista Bejarana, recordaron que su responsabilidad, como grupo en la oposición, es «velar por la legalidad y salvaguardar la institución municipal». «El Ayuntamiento de Béjar no puede verse envuelto en esta situación de gravedad, ni la comarca ni la provincia. Cuatro meses de paralización terminan con un escándalo. El gobierno municipal de Vox-PP debe asumir su responsabilidad», zanjaron.

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