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La Cámara designa al presidente que deberá convocar elecciones
Un pleno extraordinario ha sellado el relevo de Crespo que ha elegido directamente a su sucesor, Alberto Díaz, a pocos meses de los comicios de los que debe salir un presidente para un nuevo mandato
La Cámara de Comercio e Industria de Salamanca tiene desde hoy un nuevo presidente de facto, designado por su antecesor y con una continuidad ligada a la gran decisión que le espera: convocar elecciones al ente cameral que deberán celebrarse a principios de 2026. El presidente entrante accede a la galería de los presidentes del ente (23 en 139 años), pero ya sabe que tendrá competencia para continuar más allá de unos meses.
El acto ha tenido lugar en un pleno extraordinario de carácter electoral, convocado a partir de las 13.30 horas, con la presencia del comité ejecutivo y del que ha salido la sucesión. Sale del cargo Benjamín Crespo tras casi una década en el cargo, un mandato inusualmente porrogado por los cambios legislativos, y entra el actual vicepresidente, Alberto Díaz, llamado a presentarse a las elecciones para consolidar puesto. Precisamente convocarlas será el acto más importante de su estancia interina, elecciones que iniciarán un nuevo mandato completo.
Díaz, hijo del presidente de la empresa editora del diario La Gaceta, lleva años en la representación empresarial en la que ejerce como en virtud de su cargo en la promotora inmobiliaria de la órbita familiar, una saga que también ejerce su presencia en las patronales a través de otras asociaciones empresariales vinculadas al sector cárnico.
Díaz deberá velar por el buen desarrollo del complejo proceso electoral que afrontará en breve la Cámara de Comercio, un sistema que representa a las numerosas 'familias' empresariales que eligen proporcionalmente a su peso (número de empresas) representantes para conformar la asamblea que alberga la elección del futuro presidente, pero donde también se pueden conseguir vocales por pago de cuotas y donde se sientan también la patronal CEOE-Cepyme o la Junta. Un proceso que deberá ser escrupuloso con el censo de las empresas con derecho a voto, los avales de los candidatos y las votaciones.
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