Denuncian la desprotección de los profesionales de un centro de salud de Salamanca

UGT Servicios Públicos Salamanca denuncia, una vez más, la situación de inseguridad que sufren los profesionales del área de salud de Salamanca y, de forma concreta en el Centro de Salud Casto Prieto, en el barrio de San José, donde el pasado 13 de agosto una enfermera fue víctima de una nueva agresión física y verbal.

Este sindicato recuerda que el centro de salud del barrio de San José acumula, desde hace años, múltiples episodios violentos contra el personal, lo que refleja una grave dejadez por parte de la Administración autonómica. Esta situación provoca que no se pueda garantizar una atención sanitaria de calidad si quienes la prestan trabajan en condiciones precarias.

UGT Servicios Públicos Salamanca ha remitido, en el último año, múltiples escritos a la Gerencia de Atención Primaria, a Prevención de Riesgos Laborales y a la Gerencia Regional de Salud advirtiendo de la situación en la que se encuentra este centro de salud.

Sin embargo, lejos de adoptar medidas contundentes, «la Administración se ha limitado a ofrecer respuestas temporales e insuficientes, como la colocación puntual de personal de seguridad cuya retirada se intentó llevar a cabo.

La realidad es que los profesionales sanitarios del centro de salud Casto Prieto ejercen su labor bajo un clima de miedo. Pero esta situación no solo afecta a quienes trabajan allí, sino que disuade a otros profesionales de aceptar como destino este centro, lo que agrava la precariedad de la asistencia sanitaria», explican.

Pero no solo el temor está en este centro de salud, sino que varias enfermeras del área de salud de Salamanca han manifestado su miedo de acudir solas a los domicilios, lo que refleja una creciente inseguridad que debe ser abordada con urgencia. «Es decir, el problema no se limita al área sanitaria, sino que afecta a otros ámbitos de la atención pública.

Por todo ello, UGT Servicios Públicos exige, una vez más, a la Consejería de Sanidad y a la Gerencia de Atención Primaria la adopción inmediata de medidas firmes, sostenidas y contundentes, para que estas agresiones sean tratadas como atentados contra la salud pública, ya que se pone en riesgo tanto a los profesionales como a la prestación sanitaria a los ciudadanos».

Este sindicato expresa su solidaridad con la enfermera agredida y con todos los trabajadores que sufren hechos similares, y advierte de que, si la Administración continúa sin dar una respuesta real y eficaz, se intensificarán las movilizaciones y se podrían emprender las acciones legales que sean necesarias para garantizar la protección de los profesionales de la sanidad pública.

Por otro lado, el riesgo laboral va más allá de las agresiones, «puesto que las deficientes instalaciones perjudican la salud de los trabajadores, como es el caso del área de trabajo de los auxiliares administrativos. El abandono institucional no solo pone en peligro a los trabajadores, sino también la atención a los pacientes. Para este sindicato, cuando los profesionales sanitarios no cuentan con condiciones laborales óptimas, la calidad de la atención se resiente y los principales perjudicados son los ciudadanos».

Ante este cúmulo de situaciones, UGT Servicios Públicos pregunta a la Administración autonómica: «¿Por qué no se han iniciado acciones firmes? ¿Por qué se deja en manos del trabajador toda la burocracia de la denuncia, obligándole a enfrentarse a su agresor? Cada agresión que se produce es responsabilidad directa de una Administración que ha sido advertida y no ha actuado».

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