Los funcionarios de la cárcel de Topas se plantan: «No podemos hacer nada contra 160 presos»

Funcionarios de prisiones que se concentraron hoy en los accesos del centro penitenciario de Topas, en la provincia de Salamanca, criticaron la «filosofía del buenismo» que, desde su punto de vista, se está instalando en las políticas gubernamentales y, a cambio, exigieron una «normativa rigurosa» que infunda «disciplina y respeto» en las cárceles para que reine «el orden, la paz y la convivencia».

Así lo explicó en declaraciones recogidas por Ical el responsable de Prisiones de CSIF en Castilla y León, Paco Herrero, quien abogó por mejorar las condiciones laborables de los funcionarios, pero también por el bienestar de los propios reclusos. «El cumplimiento de una condena ya es muy duro de por sí, si le añadimos además lo que es la violencia entre presos, el convivir con personas que tienen una salud mental deteriorada, con psicópatas y demás se hace todo muy infumable», señaló.

La concentración, convocada por CSIF y ACAIP-UGT, se enmarca en una protesta que se lleva a cabo en todos los centros dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, tras los hechos ocurridos el pasado 8 de julio en el Centro Penitenciario de Sevilla II, en la localidad de Morón, donde una psicóloga fue agredida, física y sexualmente, durante una entrevista individual por un interno, con numerosos antecedentes por violencia y delitos sexuales, que permanecía en un módulo de respeto.

«Se hace necesario que nuestra voz se haga oír para que el Gobierno tome medidas y cambien sustancialmente las cosas en cuanto a la seguridad, y en cuanto al rigor y la disciplina que debe reinar en los centros penitenciarios», señaló Herrero, quien reclamó más personal en los centros, la posibilidad de aplicar medios coercitivos con los reclusos, y el reconocimiento como agentes de la autoridad para que agredirles suponga un delito de atentado.

Siempre, matizó, desde un punto de vista no estrictamente punitivo. «En un centro penitenciario no podemos elegir a nuestros habitantes. Las cárceles se nutren de personas que tienen problemas judiciales y son ingresados por este motivo. Una vez que están dentro, hay que trabajar y hay que hacer todo lo posible por ayudarlos, por reinsertarlos para que cuando salgan se comporten correctamente en la sociedad», reflexionó.

Para ello, desde su punto de vista, es necesaria una «normativa rigurosa» y huir de ese 'buenismo' que, últimamente, detecta en los responsables políticos. «La autoridad que debe reinar en los centros penitenciarios y debe estar sustentada sobre la figura del funcionario, es importantísima. En los últimos años se ha venido reduciendo esa capacidad de autoridad y como contrapartida los presos han aumentado su nivel de agresividad, su nivel de libertad, su nivel de impunidad y eso tiene que corregirse», resumió.

Actualmente, para mantener el orden en una cárcel, los funcionarios denuncian que tan solo cuentan con su propia fuerza física y con unas defensas que solo pueden utilizar en casos concretos. «Los incidentes surgen explosivamente, de repente. Y a veces no hay suficiente recursos para poder atajarlos. Tienen que ser muy breves y atajarse inmediatamente. Si se amplían, se pueden convertir en problemas graves. El objetivo es que, ya que no se pueden evitar los incidentes, por lo menos atenuarlos o minimizarlos. Y si tenemos recursos y medios adecuados, esos incidentes serían mínimos y la seguridad de las prisiones estaría mucho menoscabada», añadió.

Otra de las claves es la reposición de los puestos de trabajo. «Hacen falta más funcionarios de prisiones. A pesar de que en algunos centros penitenciarios están bastante bien, en general, en la mayoría, hay muy pocos funcionarios de prisiones», afirmó, ejemplificando con el caso de Topas, que cuenta con 14 módulos llenos de presos, unos 160 en total, y existen apenas dos funcionarios por módulo. «Dos personas simplemente con sus manos contra 160 es imposible que puedan hacer nada. Como mucho echar a correr. Y si está la puerta cerrada pues no vamos a ninguna parte», explicó.

Actualmente, el Congreso de los Diputados se encuentra en fase de tramitación de una ley para otorgar el reconocimiento de agentes de la autoridad para los funcionarios de prisiones. «Se trata de que cuando seamos agredidos, o seamos insultados, o seamos violentados, las consecuencias para la persona que lo haga no sean sencillamente de nada, una pequeña falta, sino que se convierta en un delito de atentado contra la autoridad.

Al final, los incidentes se producen con cierta frecuencia y son de todo tipo: secuestros, puñetazos, patadas y, «con muchísima frecuencia», agresiones verbales e insultos. «Es muy difícil demostrar que se han producido porque son momentáneos y si no está grabado, no se puede saber. Pero es algo continuo y constante. Y claro, venir a trabajar todos los días a un sitio donde te insultan, donde corres peligro de que te agredan, pues no es precisamente una de las mejores situaciones profesionales que pueda haber, evidentemente. La normativa tiene que ir en dirección a que esas cosas dejen de ocurrir», concluyó.

Temas

• Salamanca (Provincia)