Qué pasa cuando se derriba un castillo y los candidatos en Salamanca para ser los próximos en caerse

Una mezcla de desconocimiento, poca protección y nulo control ha acabado con los muy escasos restos que quedaban de la torre mocha de Pelabravo, apenas seis metros de construcción, muy popular en el municipio, pero con el nivel más bajo posible de protección patrimonial, una declaración genérica de hace 70 años que nunca se atiende y cuya efectividad es nula.

Es el caso del castillo de la Torre Mocha. El dueño del terreno donde se levantaban los arrasó sin saber que el campo que había adquirido incluía lo que un día fue un castillo del siglo XII. Una suerte que pueden correr un buen número de castillos de la provincia en malas condiciones y que están en las mismas condiciones: sin proteger ni conservar, sin señalizar ni vallar.

Según la Junta se conservan unas 500 de estas icónicas construcciones en toda Castilla y León. En Salamanca son muy conocidos los casos de una veintena de castillos, torres y muralles que figuran en la Lista Roja que elabora Hispania Nostra, entidad que recoge los monumentos en riesgo de perderse por derrumbes, expolios y falta de conservación. Se suman a los numerosos elementos patrimoniales en riesgo en la provincia, unos 70, de iglesias a puentes. En el caso que nos ocupa, los restos de la antigua construcción defensiva de Pelabravo no figuraban en este registro.

El caso ha acabado en expediente, pero ¿qué pasa cuando se destruye un elemento de valor patrimonial? Pues va a depender del proceso que se ha abierto. Tras conocer lo ocurrido, el Ayuntamiento de Pelabravo lo denunció en la delegación territorial de la Junta. Su denuncia decía que había detectado la destrucción de los restos y que, posteriormente, valló la zona. No antes, sino después.

El arqueólogo de la Junta hizo una visita de inspección y comprobó la destrucción total de los restos, que tienen declaración genérica de BIC por ser un castillo. Se ha abierto expediente sancionador contra el propietario y paralelamente se ha denunciado ante la Fiscalía por si advierten indicios de delito. El gobierno regional, competente en la materia, investiga si de lo ocurrido se deriva alguna «irregularidad». Pero, ¿en realidad se ha cometido?

El lugar, en medio de un solar rústico de uso agrario, no estaba perimetrado ni señalizado. Contaba con una protección mínima, del ordenamiento urbano local, a lo que había que sumar la declaración genérica que protegió como Bien de Interés Cultural (BIC) en los años '50 del siglo XX todos los castillos de España. Una figura del máximo rango, pero aplicada de forma muy difusa y sin reforzar por un catálogo autonómico o municipal.

La Junta ha invocado esta declaración que, por otra parte, es la que protege teóricamente a los 500 castillos que tiene Castilla y León. Todos los castillos de España se consideran BIC por ley por un decreto de abril de 1949.

Este decreto obliga al Estado a impedir derrumbamientos y considera a los ayuntamientos donde se encuentren responsables de los daños que sufran, lo que reparte ya culpas con el particular detrás del derribo de los pocos restos que quedaban de la Torre Mocha. Estos no estaban protegidos, vallados ni señalizados por parte del consistorio.

Cuando en 1949 se decidió darles protección global con una ley que los declaró BIC, se hizo para proteger «una de las notas que dan mayor belleza y poesía a los paisajes de España como es la existencia de ruinas de castillos». La mayor parte de ellos están en Castilla: hasta 20.000 se cree que llegaron a existir, la mitad contabiliza la Asociación Española de Amigos de los Castillos.

Pese a la temprana protección, castillos y construcciones defensivas en general son uno de los elementos con más casos en riesgo en Salamanca. Los de Tamames, Cespedosa, de la Santa Cruz en Membribe, de Cerralbo, de Tejeda y Segoyuela, de Buenamadre o de Alberguería de Argañán se encuentran en la Lista Roja a pesar de la protección y en los últimos 70 años no han hecho más que profundizar en su deterioro con el paso del tiempo y de muchos no quedan más que restos, como ocurría con el de Pelabravo. Otros incluso han desaparecido prácticamente por completo, como había pasado con la torre destruida en un campo de labranza.

El decreto sigue en vigor y protege todas estas construcciones «cualquiera que sea su estado de conservación». La norma responsabilidad al Estado para «impedir toda intervención que alterase o pudiera provocar su derrumbamiento». Y establece que los Ayuntamientos en cuyo término municipal se conserven estos edificios son responsables de todo daño que pudiera sobrevenirles.

En el mismo decreto se establece que se designará un arquitecto conservador y que se redactará un inventario documental y gráfico, lo más detallado posible, de los castillos existentes en España. Cuidados que pocos han recibido, un fallo que está detrás de casos como el de Pelabravo y los que le seguirán en el futuro.

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