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Antonio Herreros (IU), Juan Vicente Herrera (PP) y Jesús Quijano (PSOE), en 1998. efe
El gran salto adelante de asumir la Sanidad
40 ANIVERSARIO DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA (III)

El gran salto adelante de asumir la Sanidad

La reforma del Estatuto de 1999 ensanchó el autogobierno equiparándolo con el de las comunidades que accedieron a la autonomía a través del artículo 151

Enrique Berzal

Sábado, 25 de febrero 2023

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El Partido Popular liderado por Juan José Lucas siguió dominando la vida política regional al alzarse con la victoria en las elecciones autonómicas de 1991 y 1995 por mayoría absoluta. A la altura de 1996, la comunidad de Castilla y León no solo estaba afianzada, sino que la realidad autonómica comenzaba a convertirse ya en el gran elemento configurador de la vida cotidiana de los ciudadanos. Algo a lo que contribuyó de manera muy relevante la siguiente reforma del Estatuto, coincidente con las emprendidas por las restantes comunidades nacidas al amparo del artículo 143 de la Constitución y que, para algunos especialistas, procuró el techo competencial más alto al que debía aspirar Castilla y León.

El proceso comenzó en 1996, concretamente durante el XIII Aniversario del Estatuto (25 de febrero), cuando el presidente de la Junta adelantó públicamente sus deseos de ver materializada la potestad de disolver el Parlamento regional y la posibilidad de llevar a cabo una moción de confianza. Luego, en el debate del Estado de la Región, celebrado en diciembre de ese mismo año, Juan José Lucas propuso a la oposición parlamentaria abrir un diálogo conducente a una profunda reforma del Estatuto de Autonomía que permitiese asumir más competencias, incluida la Sanidad. Desde las filas del PSOE, Jesús Quijano, pese a disentir del «autonomismo asimétrico» propuesto por Lucas, según el cual cada comunidad asumiría el grado de autonomía que más se adaptase a sus peculiaridades, aceptó la propuesta e incluso propuso valorar la deuda histórica que venía arrastrando Castilla y León.

Pactada entre populares y socialistas, la propuesta no satisfizo a Izquierda Unida, ya que su portavoz en las Cortes, Antonio Herreros, proponía para Castilla y León el rango de «nacionalidad histórica». De inmediato se constituiría una ponencia informal compuesta por doce procuradores, cuatro del PP, otros tantos del PSOE, dos de IU, uno de UPL y otro de Grupo Mixto, asesorada por el entonces secretario general-letrado mayor de la Cámara, José Luis de María Peña. Aprobada en el Pleno de las Cortes regionales de 29 de abril de 1998 con 76 votos favorables (PP, PSOE, Nueva Izquierda y la leonesista Concepción Farto) y 5 en contra de IU y Unión del Pueblo Leonés, los encargados de defenderla fueron Juan Vicente Herrera (PP) y Jesús Quijano (PSOE). Después de que Herrera (PP), Jaime González (PSOE) y Elena Pérez (NI) hicieran otro tanto en junio de 1998 durante la toma en consideración por el Pleno del Congreso de los Diputados, el 12 de noviembre les tocó el turno a los diputados nacionales Jesús Posada (PP) y Demetrio Madrid (PSOE), ambos expresidentes de la Junta de Castilla y León.

Quijano, pese a disentir del «autonomismo asimétrico» propuesto por Lucas, aceptó la propuesta

Antes de remitir la reforma al Senado, según testimonio del propio Juan José Lucas, ocurrió un hecho curioso: convencidos PP y PSOE de la necesidad de sacudirse la espina de la 'vía lenta', pactaron enmendarla en la Cámara Alta para afianzar el nivel de autogobierno. En el Restaurante 'Las Reses', Lucas, Jesús Quijano, Juan Vicente Herrera, Demetrio Madrid, Jaime González, Gabriel Cisneros, Ramón Jáuregui y Jorge Fernández, entre otros, pactaron cinco enmiendas idénticas por cada grupo, que fueron aceptadas el 18 de diciembre de 1998. Cuatro días después, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobaba esta segunda reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla yLeón por una amplísima mayoría de 317 votos a favor, 16 en contra y 6 abstenciones.

Más autogobierno

Se trataba de ensanchar el nivel de autogobierno equiparándolo con el de las comunidades que accedieron a la autonomía a través del artículo 151, pero también de adecuar la ordenación institucional al grado de madurez alcanzado. De esta manera, junto a la mención expresa de la provincia de Segovia en la delimitación del ámbito territorial y la exaltación de la lengua castellana y del patrimonio histórico, artístico y natural como «valores esenciales para la identidad de la Comunidad», la reforma de 1999 introdujo el respeto a «la lengua gallega y las modalidades lingüísticas en los lugares en que habitualmente se utilicen», así como la previsión del futuro establecimiento de un himno de Castilla y León. En un plano quizás más simbólico, el término «castellanoleonés» fue reemplazado por el de «castellano y leonés». Pero lo más importante fue, sin duda, lo concerniente a la organización institucional, pues además de completar el entramado correspondiente, se suprimieron las limitaciones y cautelas que inspiraron los Pactos Autonómicos de 1981.

Juan Vicente Herrera (PP), Elena Pérez (NI) y Jaime González, ponentes de la reforma de 1999 en el Congreso de los Diputados.
Juan Vicente Herrera (PP), Elena Pérez (NI) y Jaime González, ponentes de la reforma de 1999 en el Congreso de los Diputados.

En efecto, la reforma de 1999 eliminó la prohibición de que los procuradores regionales pudieran percibir un sueldo por su actividad parlamentaria, lo que contribuyó a incrementar su dedicación a las tareas exigidas por la Cámara autonómica, hizo lo propio con los periodos de sesiones de las Cortes al levantar la limitación de que los ordinarios no excedieran de más de 120 días al año, y permitió al presidente de la Junta decidir el número de miembros con que debía contar en cada momento el gGobierno regional, eliminando así la regla estatutaria que prohibía excederse de once. Además, dotó de rango estatutario las facultades otorgadas en 1996, por ley, al presidente de la Junta para proceder a la disolución de las Cortes antes de la finalización del mandato y plantear ante el Parlamento regional la cuestión de confianza.

También introdujo dos instituciones básicas, ya existentes por ley pero carentes de reconocimiento estatutario: el Procurador del Común y el Consejo Económico y Social, incorporó la iniciativa legislativa popular y municipal y sancionó la creación de los Consejos Consultivo y de Cuentas. En cuanto a la organización territorial, la novedad más importante fue el fin de la obligación de que la comunidad articulase la gestión ordinaria de sus servicios periféricos propios a través de las Diputaciones.

La reforma de 1999 eliminó la prohibición de que los procuradores regionales pudieran percibir un sueldo

En materia de competencias, la ampliación provino tanto de la inclusión de algunas nuevas como de la mejora del rango de otras ya transferidas.

Entre todas ellas destacó, sin duda, la competencia de ejecución en materia de asistencia sanitaria de la Seguridad Social, lo que implicaba el traspaso a Castilla y León de las funciones que hasta ese momento venía desarrollando el Insalud. El Parlamento nacional rechazó, sin embargo, la pretensión autonómica de acceder a «la administración, control y policía del dominio público hidráulico de la cuenca del Duero en el territorio de Castilla y León», propuesta que suponía el traspaso de la mayor parte de las funciones desempeñadas por la Confederación Hidrográfica del Duero.

Aun así, los halagos no se hicieron esperar: «Es un paso decisivo hacia el progreso de esta comunidad», señaló Demetrio Madrid, mientras Jesús Posada calificaba la reforma como «un avance gigantesco respecto al Estatuto de 1983». Ambos habían sido los encargados de defenderla en el Congreso. En la Cámara Alta hicieron otro tanto César Huidobro (PP) y Octavio Granado (PSOE).

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