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José María Aznar (abajo a la derecha), primer presidente de la Junta por AP, en 1987 en las Cortes. P. CACHO
Del intento de Aznar al traspaso de la Educación
40 ANIVERSARIO DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA (II)

Del intento de Aznar al traspaso de la Educación

El Gobierno de la nación frenó la reforma del Estatuto impulsada por el ex líder del PP en 1988, pero seis años después Castilla y León sacó adelante su primer avance competencial

Enrique Berzal

Sábado, 25 de febrero 2023

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La Constitución establecía que las comunidades autónomas que habían accedido a la autonomía por la 'vía lenta' del artículo 143 debían esperar cinco años desde su constitución para poder equipararse al nivel competencial de las comunidades 'de vía rápida' y de las que habían ampliado sus competencias estatutarias mediante leyes específicas de transferencias (Valencia y Canarias) o por su condición foral (Navarra). Era este el caso de Castilla y León. Al ejecutivo autonómico presidido por el socialista Demetrio Madrid, ganador en las primeras elecciones (mayo de 1983), le tocó la ardua tarea de echar a andar todo el andamiaje político-administrativo de la comunidad.

Tras su dimisión, en octubre de 1986, y el breve mandato de su compañero de partido José Constantino Nalda, se celebraron las segundas elecciones autonómicas, en junio de 1987. Una ajustada victoria de Alianza Popular, cuya candidatura encabezaba José María Aznar, y un acuerdo con el Centro Democrático y Social posibilitaron el acceso de aquel a la presidencia de Castilla y León. Aznar, que ya en vísperas electorales había adelantado a un grupo de periodistas congregado en el merendero del barrio obrero de La Flecha su intención de reformar el Estatuto en caso de llegar a la Presidencia de la Junta, ordenó impulsar los trámites para cumplir lo establecido en el artículo 143 de la Constitución.

Precedida de un leve encontronazo con sus socios políticos, suscitado cuando el presidente de las Cortes regionales, el centrista Carlos Sánchez Reyes, se adelantó proponiéndola en su discurso del V Centenario del Estatuto, la reforma habría de nacer, tal y como acordó Aznar con Daniel de Fernando, líder regional del CDS, del consenso entre los grupos parlamentarios de las Cortes. Los centristas y el único procurador del Partido Demócrata Popular, que formaba el Grupo Mixto, estaban de acuerdo, pero no así el PSOE, cuyo líder regional entonces, Juan José Laborda, consideraba que era preciso estudiar previamente el marco territorial más general y establecer un pacto de Estado. Era un síntoma claro de la negativa del Gobierno de la nación, presidido por el socialista Felipe González. En efecto, pese a ser aprobada en la Cámara autonómica en junio de 1988 por 48 votos a favor y 30 en contra, del grupo socialista, esta primera iniciativa de reformar el Estatuto terminó siendo frenada en las Cortes Generales al rechazar la Junta de Portavoces su toma en consideración.

Javier León (PP), a la derecha, y Jesús Quijano (PSOE), registran la reforma del Estatuto.
Javier León (PP), a la derecha, y Jesús Quijano (PSOE), registran la reforma del Estatuto.

En una entrevista mantenida en el mes de septiembre, el entonces ministro de Administraciones Públicas, Joaquín Almunia, notificó a Juan José Lucas, vicepresidente de la Junta, la oposición del Gobierno nacional señalando que si cada comunidad presentaba una reforma diferente se podrían deteriorar los servicios públicos y se abrirían espitas insospechadas para los 'territorios históricos'. Igualmente, el 2 de marzo de 1989, en una entrevista solicitada casi dos años antes por Aznar para abordar la reforma estatutaria castellana y leonesa, Felipe González le expuso la necesidad de estudiar el asunto autonómico en su conjunto, señalando que «siempre habrá distintos matices en el ámbito de las competencias, pero no puede haber 17 escalones competenciales, porque eso haría ingobernable el territorio». La opinión pública no encajó bien estos argumentos, pues daba la sensación de que el Gobierno nacional frenaba las legítimas aspiraciones de autogobierno de Castilla y León.

Educación y servicios sociales

Hubo que esperar entonces hasta la legislatura 1991-1995, ya con el 'popular' Juan José Lucas al frente del Ejecutivo autonómico (había ganado las elecciones de 1991 por mayoría absoluta), para asistir a la primera reforma del Estatuto de Autonomía. De hecho, Lucas era consciente, porque así lo expresó públicamente, de que la firma, en febrero de 1992, de los Acuerdos Autonómicos entre el Gobierno de Felipe González, el PSOE y el PP procuraría indudables ventajas a Castilla y León.

Salvo la gestión del sistema nacional de salud (INSALUD), cuya transferencia quedaba expresamente descartada en los acuerdos, entre las 29 nuevas competencias asumidas por la reforma destacaba la de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en todos sus niveles. El procedimiento comprendía dos fases: aprobación por las Cortes Generales de una Ley Orgánica de transferencia de las competencias especificadas en los acuerdos a las diez comunidades autónomas afectadas y su posterior incorporación a los Estatutos correspondientes.

El 2 de marzo de 1989, Felipe González expuso a Aznar la necesidad de estudiar el asunto autonómico en su conjunto

Tras la aprobación de la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, «de Transferencia de competencias a comunidades autónomas que accedieron a la Autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución», PP y PSOE de Castilla y León pasaron a promover la reforma del Estatuto, aprobada por el Pleno de las Cortes regionales el 31 de marzo de 1993: el consenso entre los dos grupos mayoritarios pudo comprobarse en la defensa del texto realizada por los portavoces Francisco Javier León de la Riva (PP) y Jesús Quijano (PSOE). Quedaron así desechadas las enmiendas presentadas por José Luis Sagredo, por parte del CDS, y Antonio Herreros como portavoz de Izquierda Unida, que se oponían arguyendo que la reforma venía impuesta desde arriba y que consagraría el retroceso de Castilla y León en relación con las comunidades que accedieron a la autonomía por el artículo 151.

Su refrendo por las Cortes Generales se produjo, sin modificación alguna, a través de la Ley Orgánica 11/1994, de 24 de marzo, aprobada un mes antes en la Cámara Alta y publicada al día siguiente en el BOE. Los encargados de defender la reforma en el Congreso de los Diputados fueron los portavoces regionales socialista y popular, Jesús Quijano y Francisco Javier León de la Riva, respectivamente, el exconsejero de Presidencia de la Junta, Juan Carlos Aparicio, y el diputado socialista Demetrio Madrid López. Aprobada por aplastante mayoría (278 votos a favor y 11 en contra), esta reforma permitía a la comunidad autónoma asumir materias tan decisivas como la educación y los servicios sociales (INSERSO), y aproximar notablemente su techo competencial al de las más avanzadas. Las transferencias, no obstante, se materializarían de manera desigual: aunque la educación universitaria y el INSERSO se asumieron relativamente pronto (en 1995 y 1996, respectivamente), hasta enero de 2000 no se hizo efectivo el traspaso de la enseñanza no universitaria.

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