Pedro Sánchez y Alfonso Fernández Mañueco, en el Comité de Presidentes celebrado en Salamanca en 2021. / ALBERTO MINGUEZA

Castilla y León rechaza el requerimiento del Gobierno, que advierte, «no se puede inadmitir»

Castilla y León ha rechazado el requerimiento del Gobierno sobre sus medidas contra el aborto porque «no existe acuerdo sobre embarazadas que vulneren la ley». El Gobierno matiza: «un requerimiento no se puede inadmitir»

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El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha informado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que el ejecutivo regional ha acordado inadmitir el requerimiento del Consejo de Ministros. El requerimiento se refería al protocolo para embarazazas.

El ejecutivo regional, según ha apuntado Carriedo, ha argumentado que no se ha producido ningún acuerdo en este sentido que vulnere la legislación vigente. En concreto, con el informe favorable de los servicios jurídicos, la Junta de Castilla y León ha emitido un escrito de contestación al Gobierno. En este escrito se insiste desde la Junta en «la inexistencia del objeto sobre el que versa el requerimiento» y señala que el Estado «pretende ampararse en declaraciones políticas que son completamente ajenas a la aprobación de normas». Todo ello en relación a las explicaciones del vicepresidente, Juan García-Gallardo, sobre este protocolo que él denominó 'provida'.

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, Carriedo ha informado sobre la decisión tomada mediante un acuerdo en el que se argumenta que no ha aprobado ninguna acción o norma en esta materia. Esto, dijo, ya supone una respuesta en sí misma al escrito remitido desde La Moncloa por lo que insta al Ejecutivo de Pedro Sánchez a que cese en la toma de cualquier medida adicional sobre este asunto.

Rápida respuesta del Gobierno

Por su parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha explicado a la Junta de Castilla y León «desde el más puro concepto administrativo» que un requerimiento «no se puede inadmitir», sino que se puede «contestar o no contestar».

Así lo indicó Rodríguez, después de que la Junta haya aprobado un acuerdo con el que inadmite el segundo requerimiento aprobado por el Consejo de Ministros y que ha remitido el Gobierno. Este requerimiento se basa en la invasión de competencias por parte de Castilla y León en relación a la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo, recogida en la ley orgánica de 2010.

Se espera cooperación

En este sentido, Rodríguez espera que «en aras a la relación leal y de cooperación» que «ha de existir» en las distintas administraciones «se hagan cargo de dar respuesta» a ese requerimiento que es un «paso formal» e incluso «aclaren» la situación porque todavía en el día de hoy ha escuchado «distintas versiones» sobre el protocolo del aborto.

Asimismo, fuentes gubernamentales criticaron que la Junta de Castilla y León se escuda para inadmitir el requerimiento en que no hay una normativa aprobada. En este sentido, dichas fuentes recordaron que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) prevé la actuación jurídica conocida como la vía de hecho, que permite requerir el cese de un anuncio normativo si vulnera la ley o las competencias.

Respuesta de la Junta

Carriedo ha explicado que la respuesta al Gobierno, que se enviará este jueves e irá acompañada del orden del día del Consejo de Gobierno anterior y el acta de la reunión, detalla los tres motivos que llevan a la Junta a inadmitir el requerimiento, de acuerdo al informe de los servicios jurídicos de la comunidad.

De esta forma, el Gobierno autonómico argumenta para no aceptar el escrito del Consejo de Ministros la «inexistencia» del asunto al que alude en el conflicto de competencias que plantea en su actuación previa al recurso ante el Tribunal Constitucional. Además, se señala que se ha incumplido el «requisito» que obliga a especificar -dijo- los preceptos, disposiciones, la resolución o el acto «viciado» por la incompetencia. «No existe acto alguno que impugnar», sentenció.

Además, Fernández Carriedo ha sostenido que en el requerimiento el Gobierno no discute la titularidad de la competencia que da origen al presunto conflicto constitucional y ha añadido que la mejora de las prestaciones sanitarias para «todas» las embarazadas, como explicó las medidas de la Junta, forman parte del ámbito autonómico de decisión.

En definitiva, el portavoz ha indicado que no existe causa, no se ha justificado la ausencia de competencias para intervenir en la materia o la existencia de hecho o acto que impugnar que puedan ser objeto de requerimiento por parte del Gobierno. Por tanto, señala en un comunicado que la falta de presupuesto para la jurisdicción reservada al Tribunal Constitucional conlleva necesariamente la inadmisión del presente requerimiento.