Juicio por la trama eólica
Responsables de ACS aseguran que todas las comunidades buscaban socios locales para desarrollar los parquesArgumentan que «eran todo ventajas», ya que se trataba de una fórmula con la que se abarataba el precio de la obra y se lograba capital
E. N.
Martes, 21 de octubre 2025, 13:40
El que fuera director general de la división de energía renovable de ACS, Leopoldo Iglesias Lachica, confirmó este martes en el juicio que se viene celebrando en la Audiencia Provincia de Valladolid por la denominada trama eólica, que era una práctica habitual de la empresa buscar socios locales en todas las comunidades autónomas en las que estaban promoviendo parques eólicos.
A preguntas del Ministerio Fiscal, Iglesias Lachica reconoció que ellos directamente buscaron a Collosa y recalcó que en ningún momento recibieron, por parte de la Junta de Castilla y León, ningún tipo de presión para que se asociaran con empresas de la comunidad. Así, argumentó que para Eyra, la empresa de renovables de ACS, era «útil» e «interesante» contar con socios locales ya que la obra civil siempre tendría un menor coste, además de aportar «proximidad» y financiación. «Eran todo ventajas», recalcó.
En una línea similar se manifestó Ignacio Ernesto Aguiriano Ramudo, gerente de Eyra entre 1999 y 2005, que afirmó que durante los años que estuvo trabajando en esta empresa no se percató de que en Castilla y León existieran anomalías en los procesos de autorización de los parques eólicos y apuntó que, como en resto de comunidades, se producían retrasos y proyectos que era denegados por no superar la declaración de impacto ambiental.
A su vez, remarcó que la decisión de asociarse con Collosa era conveniente, dado que las obras de los parque eólicos «siempre nos las hacían socios locales». Además, a preguntas de la defensa, reconoció que fue rechazada la autorización para la construcción de un parque promovido en la provincia de Palencia y del que Collosa también era socio.
En la jornada de este martes también prestó declaración el actual director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, y que entre los años 2003 y 2007 fue secretario general de Medio Ambiente, que afirmó que la entrada en vigor en 2004 de la normativa que establecía que la autorización final de los parques pasaba a manos del entonces viceconsejero de Economía y principal acusado de la trama eólica, Rafael Delgado, no cambió nada la forma de tramitar las declaraciones de impacto ambiental.
Una respuesta «poco útil»
Otro testigo que este martes pasó por la Audiencia Provincial fue José Luis Martínez López-Muñiz, doctor en Derecho, catedrático emérito de la Universidad de Valladolid y profesor honorífico vitalicio de la UVA, que gracias a la buena relación que mantenía Tomás Villanueva, mantuvo con el entonces consejero de Economía y con Rafael Delgado, una breve reunión para interesarse por los parques que estaba promoviendo su amigo Miguel Álvarez de Toledo, dado que este le trasladó problemas en la tramitación.
En respuesta al Fiscal Anticorrupción, Martínez López-Muñiz reconoció que la respuesta que recibió fue «poco útil», aunque días después Álvarez de Toledo le comunicó por teléfono que el «problema estaba resuelto». Cabe recordar que en fase de instrucción Álvarez de Toledo denunció presiones desde la Dirección General de Energía y Minas para vender parte del accionariado de la sociedad y permitir la entrada de un grupo local. El juicio continuará el próximo 3 noviembre, a partir de las 9,30, con la declaración de nuevos testigos.
