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Taxistas y Gobierno llevan varios días de intensas negociaciones para tratar de cerrar el texto que fije la norma para regular las nuevas licencias de vehículos VTC como Uber y Cabify. Las posturas están acercándose y a última hora de este martes desde la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi) apreciaban la «buena voluntad» en el equipo de negociación del Ministerio de Transportes. De hecho, la multitudinaria manifestación prevista para este jueves en Madrid se ha retrasado al día 29 a la espera de un texto «más ambicioso».
Las negociaciones se intensificaron desde que salió a la luz hace unas semanas una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que supuso un varapalo para el sector del taxi al rechazar la limitación de la ratio de licencias VTC (una por cada 30 taxis) por vulnerar las normas europeas. Este conflicto, que lleva años en manos tanto de la justicia española como de la europea, supone rechazar la normativa actual del área metropolitana de Barcelona, aunque tiene transcendencia a todo el territorio nacional por la ratio 1/30 que opera sobre plataformas como Uber y Cabify.
El presidente de Antaxi, Julio Sanz, aseguró este martes al finalizar la reunión con el ministerio que habrá una «irrupción masiva de autorizaciones VTC» como llevan advirtiendo desde hace tiempo. Y todo porque la sentencia reciente del TJUE «ha dado lugar a cascadas de nuevas solicitudes de este tipo de autorizaciones». Este es un problema que el sector «lleva sufriendo desde hace once años» y para el que buscan medidas definitivas.
Por el lado de las VTC, las asociaciones más representativas del sector enviaron esta semana una carta a la comisaria europea de Transportes, Adina Valean, pidiendo que interceda ante el Gobierno de España antes de que se tomen medidas que vayan en contra de la reciente sentencia del TJUE. Desde Feneval y Unauto explicaron que el real decreto-ley que prepara el Gobierno no podrá ser impugnado ante los tribunales dejando al sector VTC «claramente en situación de indefensión».
Por ello, les parece «indignante» que el Gobierno pueda aprobar una regulación urgente para eludir al alto tribunal europeo negociando exclusivamente con las asociaciones de taxis justo antes de unas elecciones generales y sin escuchar a los representantes de las VTC, lo cual resulta «francamente incomprensible». «Esto demuestra claramente el objetivo real de esta nueva regulación: proteger los intereses económicos de los taxis, en detrimento de los VTC», lamentaron.
Tras sus denuncias, el Gobierno accedió a reunirse con el sector de las VTC. Dicho encuentro se llevará a cabo este viernes en la sede del Ministerio de Transportes, según confirman a este periódico fuentes cercanas a la negociación.
Y aunque lamentan que el Gobierno haya decidido convocar primero al sector del taxi cuando ellos son los verdaderos afectados por la sentencia del TJUE, ven con buenos ojos la reunión del viernes. Eso sí, temen que el ministerio se presente en la reunión con un decreto ya pactado con los taxistas sin margen para modificaciones.
En la carta enviada a la Comisión Europea, las patronales de los vehículos de transporte de viajeros argumentan que las reglas de juego están siendo «desiguales» en favor del taxi por las restricciones que se les han aplicado en algunas comunidades, sobre todo en el caso de Cataluña. Como ejemplos, los tiempos mínimos de precontratación, la prohibición de geolocalización o los requisitos de longitud mínima de los vehículos que se dediquen a este servicio.
A su juicio, son medidas «innecesarias y desproporcionadas» al no haber sido aprobadas en vase a ninguna razón de interés general contrastada, por lo que «infringen claramente» el mandato establecido en la sentencia del TJUE, señalan. Por todo ello, solicitan a la Comisión Europea a que emita «una comunicación urgente a las autoridades españolas» para dejar claro que la regulación que se imponga a los VTC debe ser «fundamentada en demostradas razones imperiosas de interés general» y que, conforme a la legislación europea, está prohibido imponer restricciones a los VTC en caso de que su propósito sea proteger los intereses económicos de los taxis.
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