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dagoberto escorcia
Miércoles, 29 de junio 2022, 19:17
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«Traemos un mensaje de esperanza y futuro para nuestra nación vulnerada y rota. Verdades incómodas que desafían nuestra dignidad, un mensaje para todas y todos como seres humanos, más allá de opciones políticas o ideológicas, de las culturas y las creencias religiosas, de las etnias o del género». Así comenzó su discurso el padre jesuita Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, creada en Colombia después de la firma del Acuerdo de Paz en 2016, al entregar el informe final de un trabajo histórico en el que se pretende contar al país la verdad sobre lo que ha pasado en 60 años de conflicto armado. Los datos reflejados en el documento, que consta de 896 páginas, son escalofriantes. Entre 1985 y 2016 se contabilizaron 450.666 muertos, ocho millones de desplazamientos forzados y 50.770 secuestros. Pero las principales víctimas no fueron combatientes. Fueron civiles.
Si las cifras ponen la piel de gallina, el discurso del padre De Roux es de una dureza brutal: «Llamamos a sanar el cuerpo físico y simbólico, pluricultural y pluriétnico que formamos como ciudadanos y ciudadanas de esta nación. Cuerpo que no puede sobrevivir con el corazón infartado en Chocó, los brazos gangrenados en Arauca, las piernas destruidas en Mapiripán, la cabeza cortada en El Salado, la vagina vulnerada en Tierralta, las cuencas de los ojos vacías en el Cauca, el estómago reventado en Tumaco, las vértebras trituradas en Guaviare, los hombros desplazados en el Urabá, el cuello degollado en el Catatumbo, el rostro quemado en Machuca, los pulmones perforados en las montañas de Antioquia y el alma indígena arrasada en el Vaupés».
El informe deja claro que los máximos responsables de semejantes atrocidades son los paramilitares, las guerrillas, las Fuerzas Armadas, narcotraficantes y la Policía. La Comisión de la Verdad centra su estudio en el periodo entre 1958 y 2016, con lo cual la tragedia vivida por el pueblo colombiano es aún mayor y refleja una cifra de muertos que se eleva a 700.000, la mayoría jóvenes y campesinos, 110.000 personas se dieron por desaparecidas y solo el 1,5% falleció en combate. «Podemos hablar de un genocidio en Colombia», ha asegurado Gustavo Petro, presidente electo para los próximos cuatro años, presente en el acto junto a la vicepresidenta Francia Márquez.
El periodo más violento del conflicto lo sitúa la Comisión entre 1995 y 2004 en el que se cometieron el 45% de los 450.666 asesinatos. Asegura el informe que todo se debió en parte «a una estrategia de terror en paralelo con la época de mayor extensión y confrontación territorial de los grupos armados y del paramilitarismo, especialmente».
Al mismo tiempo, la Comisión ha recomendado al nuevo Gobierno cambiar la política de seguridad, efectuar una auténtica reforma rural y lograr un acuerdo de paz con la guerrilla del ELN (Ejército de Liberación Nacional). En palabras del padre De Roux, Colombia tiene que rechazar la violencia como medio de resolución de su conflicto: «Llamamos a tomar conciencia de que nuestra forma de ver el mundo y relacionarnos está atrapada en un 'modo guerra' en el que no podemos concebir que los demás piensen distinto».
Al respecto, el informe final concreta que el modo más extendido de hacer la guerra en Colombia ha sido el de eliminar a todos aquellos considerados «enemigos», y recuerda la exterminación completa del grupo político de Unión Patriótica. «Estamos convencidos que hay un camino para construir juntos en medio de nuestras legítimas diferencias», dijo esperanzado el presidente de la Comisión.
El estudio ha sido realizado tras tres años de trabajo de la Comisión en los que se ha impuesto como clave principal poner a las víctimas en el centro del Acuerdo de Paz para establecer las bases de la reconciliación. La comunidad internacional, entre las que se encuentra la Misión de Verificación de la ONU y la Oficina de Alta Comisionada de Naciones Unidas, valoró positivamente el informe e invitó a los colombianos a aceptar la verdad, al tiempo que anunció su apoyo incondicional a la consolidación de la paz y a garantizar los derechos de las víctimas.
El camino del diálogo ha tenido este miércoles un punto cumbre con el encuentro entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe, considerado el hombre que ha dirigido en la sombra el país en los últimos años. Petro también se reunió con Rodolfo Hernández, quien fue su adversario en las elecciones del pasado 19 de junio.
El comandante del Ejército Nacional de Colombia -Ejército de Tierra-, el general Eduardo Enrique Zapateiro, ha dimitido de su cargo con fecha efectiva 20 de julio, cuando está prevista la toma de posesión del nuevo presidente del país, Gustavo Petro. La renuncia tras cuatro décadas de servicio responde a su deseo de no marchar del lado del dirigente izquierdista el día de la investidura tras sus sonados desencuentros.La última confrontación fue en plena campaña de las recientes elecciones presidenciales, cuando Petro dijo que había generales «en la nómina» del Clan del Golfo. «A ningún general he visto en televisión recibiendo dinero mal habido. Los colombianos lo han visto a usted recibir dinero en bolsa de basura», espetó entonces Zapateiro.
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