La industria asume la transición al coche eléctrico, pero no la prohibición de tecnologías

La respuesta generalizada al preguntar sobre este proceso de electrificación es prácticamente unánime: «las marcas han hecho sus deberes, pero es necesaria una mayor implicación de las administraciones a la hora de aumentar el número de puntos re recarga públicos, así como para abaratar los costes finales, para el consumidor, del coche eléctrico». Una frase entrecomillada que, en las últimas presentaciones de producto nos han repetido los directivos de las firmas que fabrican coches en España y en el continente europeo.

Las cifras también hablan: Los automóviles movidos a electricidad representaron casi el 8% de las nuevas matrículas en Europa occidental en los cinco primeros meses de este año, un total de 356.000 vehículos.

Sin embargo la situación es diferente en España, donde se acumula y aumenta el retraso respecto al resto de Europa. Así, durante el primer trimestre de 2022 se logró un crecimiento de 1,4 puntos respecto al periodo anterior, alcanzando un total de 13,3 puntos sobre 100 en el Barómetro de electromovilidad de la Asociación de Fabricantes ANFAC. A pesar de este aumento, la posición nacional se aleja de los países líderes en electromovilidad y se amplía la brecha respecto a la media europea en cerca de 15 puntos, la cual se sitúa en 28,1 puntos. De este modo España continúa alejándose del resto de países europeos en el indicador global que valora la penetración de los vehículos electrificados y la instalación de infraestructuras de recarga de acceso público.

Desde la Asociación de Fabricantes consideran que para 2022 sería necesario triplicar la presencia de infraestructura de recarga respecto al año anterior hasta alcanzar al menos 45.000 puntos de recarga públicos.

Adicionalmente la transición hacia el vehículo eléctrico va a suponer una completa transformación del tejido industrial en España, con sus correspondientes repercusiones en el empleo. Según el informe realizado por Boston Consulting Group para la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE), presentado el pasado mes de enero, más de 21.000 puestos de trabajo están en juego, otros 35.000 experimentarán cambios sustanciales debido a la llegada del coche eléctrico, y unos 90.000 necesitarán una formación específica para adaptarse a la nueva realidad de la producción de vehículos. Según el informe se consiguen contrarrestar las pérdidas en el sector de automoción gracias a los puestos de trabajo generados en baterías e infraestructura de recarga, lo que supone la creación neta de 1.000 empleos. En cuanto a las cifras positivas, prevé que se necesiten cubrir 17.000 puestos en trabajos relacionados con la infraestructura eléctrica.

La Asociación de Fabricantes Europeos de Automóviles (ACEA) ha defendido que pese a que la industria del automóvil está experimentando cambios para descarbonizar y ofrecer soluciones de movilidad neutras en carbono en la Unión Europea, el motor de combustión interna seguirá siendo una solución para la movilidad «durante muchos años».

La asociación ha indicado que la transición hacia un transporte por carretera neutro desde el punto de vista climático requerirá muchas medidas políticas «coherentes» en toda la Unión Europea, especialmente para el transporte por carretera.

ACEA también ha propuesto mejorar los parámetros clave de la gasolina y el diésel, lo que permitirá controlar mejor la calidad y reducir las emisiones contaminantes de los vehículos antiguos y nuevos en beneficio de la calidad del aire.

Por su parte, la Asociación Europea de Proveedores de Automoción (Clepa) ha mostrado su apoyo a la tendencia a la electrificación, pero ha afirmado que la transición debe «gestionarse adecuadamente» y han reclamado que no se prohíban las tecnologías, sino el uso de los combustibles fósiles si se quiere reducir las emisiones.

Pese a ello, la asociación ha destacado que la eliminación gradual de la tecnología de los motores de combustión interna para el año 2035 supondría que alrededor de unos 501.000 empleos de proveedores que fabrican componentes de estos sistemas se queden obsoletos. De ese medio millón de empleos, el 70% (359.000 personas) probablemente se perderá en el período de 2030 a 2035, lo cual destaca el «limitado plazo existente» para gestionar las repercusiones sociales y económicas.

En España, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones ha defendido la puesta en marcha de medidas públicas adicionales a las actuales. Además, han defendido que no es el momento ahora de decidir los objetivos a alcanzar en 2035, sino que antes habría que esperar para ello a 2028.

La organización ecologista Transport & Environment (T&E) ha señalado que los fabricantes de automóviles podrían añadir unos 800.000 millones de euros a su valor de mercado durante esta década si hicieran una transición más rápida a la electrificación.

La asociación ha defendido que los márgenes de beneficio de las empresas de vehículos eléctricos superarán los de los fabricantes de motores de combustión en tres o cinco años. De la misma forma, hacia finales de la década de 2020, los márgenes de beneficio de los fabricantes de motores habrán disminuido e incluso podrían ser negativos en los balances.