La Fiscalía pide investigar a dos mandos de Salvamento Marítimo por el naufragio de una patera

Del mismo modo, ha reclamado al juzgado instructor que intervenga todas las comunicaciones que tuvieron lugar el 20 y 21 de junio pasado entre el citado centro operativo, el avión implicado, la nave Guardamar Calíope, la patrullera Al Manar SAR de Marruecos, el buque mercante Navíos Azure y el helicóptero Helimer 201.

La Fiscalía Provincial da trámite así a la denuncia formulada por el colectivo Caminando Fronteras a principios de julio. Relata el escrito que el 20 de junio se informó de la presencia de una embarcación neumática a la deriva entre la costa marroquí y Canarias tras una llamada de los familiares de los migrantes al citado colectivo. Este se puso de inmediato en contacto con el Centro de Coordinación de Canarias con indicaciones aproximadas sobre su posición.

El servicio de Salvamento y Seguridad Marítima activó entonces la aeronave Sasemar 101, quien confirmó ese mismo día que detectó la presencia de la patera y que «en apariencia» las personas que iban a bordo se encontraban «en buen estado». Y añade que «tras un intercambio de pareceres» entre el responsable del operativo y el piloto sobre si la patera se encontraba en zona SAR española (espacios del mar delimitados que están a cargo de un país en el caso de que haya que llevar a cabo una misión de ayuda), desde el centro se informó que correspondía a Marruecos por la proximidad a su costa (40 millas frente a las 88 de Canarias), por lo que se quedó en avisarles de la situación.

En consecuencia -prosigue la denuncia- desde el organismo público dependiente del Ministerio de Transportes «no se atendió al rescate de la embarcación, por lo que en la actualidad hay 37 personas desaparecidas».

Desde el punto de vista jurídico, el Ministerio Público analiza la competencia territorial a partir de la Ley de Navegación Aérea y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y llega a la conclusión de que la alerta del siniestro se produjo en la zona SAR española. Por este motivo, conforme al Convenio de Búsqueda y Salvamento Marítimo ratificado por España, la responsabilidad del rescate, según los artículos 10 y 11 sobre la cooperación entre países limítrofes, correspondería a los medios españoles, según sostiene la denuncia.

El pasado 23 de junio, Salvamento Marítimo ya dio su versión de los hechos en un comunicado. Afirmó que sus responsables actuaron «totalmente de conformidad con la normas y procedimientos de coordinación internacionales». Explicaron que la alerta del siniestro se produjo en una zona compartida entre España y Marruecos, por lo que ambos países deben coordinarse sobre quién procede al rescate y asume la coordinación de la emergencia. Y aseguraron que las autoridades marroquíes se atribuyeron «expresamente» la coordinación y movilizaron medios para proceder al auxilio.

En este sentido, el buque Navíos Azure fue desviado al lugar y permaneció durante toda la noche en las cercanías de la neumática siguiendo instrucciones del mando de Rabat, que ya había asumido la coordinación. Por otro lado, la embarcación española Guardamar Calíope, que se encontraba a 40 millas de la posición de la patera, acababa de hacer un rescate de 63 personas, varias de las cuales necesitaban atención debido al estado en que se encontraban, por lo que procedió a desplazarse a tierra.

Según la información remitida por Marruecos a Salvamento Marítimo, no había personas en el agua en el momento de la llegada de su patrullera y, por lo tanto, los centros de coordinación de Salvamento Marítimo no tuvieron información de que ni la embarcación ni los migrantes estuvieran en peligro. Sin embargo, el 21 de junio se confirmó que las 37 personas que iban a bordo habían desaparecido en el mar.