El PSOE esgrime en Cataluña la normalidad postETA para justificar el fin de la sedición

«Nos dijeron que nos arrodillábamos ante los terroristas y los derrotamos. Ahora dicen que nos vendemos a los independentistas y vamos a ganar a los independentistas y la convivencia en Cataluña», proclamó este sábado el político vasco en un acto junto al líder del PSC, Salvador Illa, en Barcelona, tan solo un día después de haber registrado en el Congreso la proposición de ley que pretende dejar en un delito agravado de desórdenes públicos, con penas máximas de 5 años de cárcel en lugar de los 15 de la sedición, los acontecimientos de 2017 (posible malversación aparte).

Como ya había hecho la víspera en dos intervenciones distintas a lo largo de la jornada, el dirigente socialista alegó que la polémica reforma es una medida «valiente» que va ayudar, por un lado, a la justicia -que hace cinco años, argumentó, «no tenía ni siquiera claro qué delito ni qué penas aplicar» y se encontró con que desde otros países europeos le negaban la extradición de dirigentes huidos como Carles Puigdemont «porque al no haber delito homologable no se cumplía en requisito de doble incriminación»- ; y que, por otro, va a contribuir a la «convivencia» en Cataluña.

No parece, de momento, que una parte significativa de la Judicatura comparta el primero de los argumentos. Más bien al contrario, el paso dado por Sánchez amenaza con agravar aún más el choque institucional entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. El Supremo ya se opuso a los indultos el pasado año y ahora el sentimiento de que se le deja a los pies de los caballos y se debilita la posición de España frente a los recursos que los líderes secesionistas han presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es aún mayor. Porque, sin ir más lejos, es el mismo texto legal registrado por PSOE y Unidas Podemos el que sostiene que se les impusieron «penas desproporcionadas».

La propuesta ha abierto además un debate entre los juristas sobre el sentido de considerar desórdenes públicos lo ocurrido hace cinco años. La sentencia del 'procés' analizaba la posibilidad de aplicar ese delito, que ahora se va a reformular, y concluyó que sería «reduccionista» hacerlo.

Y tampoco hay unanimidad sobre que, como dicen los socialistas, el cambio vaya a impedir que en Europa haya «santuarios» para quienes atacan el orden público porque ahora exista un delito «homologado» al de otros países de nuestro entorno. Bélgica, por ejemplo, no denegó la extradición del exconsejero Lluís Puig por una diferencia de tipos penales, sino porque adujo que ni el Supremo era el competente para juzgarlo ni podía garantizar que no se vulneraran sus derechos fundamentales. E Italia no entregó a Carles Puigdemont en octubre de 2021 siemplemente porque entendió que la euroorden en su contra se encontraba en suspenso y que el expresident era inmune por su condición de eurodiputado.

El que sí consideró que los actos del 'procés' no eran compatibles con su delito de quebrantamiento de la paz pública fue el tribunal alemán de Schleswig-Holstein. Pero a ojos del Supremo, se apartó de la jurisprudencia al entrar a enjuiciar los hechos. Por otro lado, en marzo de 2021, el juez Pablo Llarena planteó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial sobre las posibilidades de emisión de una orden de detención europea y las razones para su denegación. El asunto está aún pendiente de resolución, pero el pasado julio el abogado general, cuyas valoraciones acostumbran a anticipar la decisión del tribunal, dio la razón al magistrado español sobre la extralimitación de la justicia belga.

El PSOE, en todo caso, trata ahora de contrarrestar las acusaciones de que, al ceder ante Esquerra -que llevaba exigiendo esta medida desde mediados de año- ha dejado inerme al Estado. En ello insistió este sábado también el líder del PSC. «Las conductas de 2017 tienen tipificación penal con sanciones muy importantes, en coherencia y consonancia con países de nuestro entorno y sigue en vigor 155 de la Constitución. No hay amnistía ni nada de eso. Y quiero todavía ser un poquito más claro -incidió-: si a alguien se le ocurriese volverlo a hacer, se aplicaría el Estado de derecho. Generosidad toda; ingenuidad, ninguna».

Los socialistas niegan que los gestos al independentismo, muy ajenos a lo que prometió Sánchez en campaña electoral, tengan que ver con su dependencia de ERC para gobernar e insisten una y otra vez en el argumento de la concordia, con duros ataques al PP. Lo hizo Patxi López, lehendakari gracias al apoyo de los populares. «La normalidad que el Gobierno socialista instaló en Euskadi es tal que ni siquiera los nacionalistas se atreven ahora a dar marcha atrás porque saben que la ciudadanía no está dispuesta a desandar el camino», presumió.

Frente a ello contrapuso el auge del independentismo catalán durante los Gobiernos de Mariano Rajoy. «Ahora Cataluña no es el principal problema que tenía España y se respira de otra manera. Hay diálogo institucional y político y, si algo se ha roto, es el independentismo que ha disminuido sus expectativas». «La realidad es que el PP es gasolina para la vida política en Cataluña y nosotros somos el extintor», remachó.