¿Qué es la Ley de Claridad que propone Aragonès?

La Ley sobre la Claridad referendaria fue una inciativa que se tomó tras el referéndum que se produjo sobre la soberanía de Quebec -la única de mayoría francófona en el país- en 1995. En aquella consulta los partidarios del 'no' obtuvieron una ajustadísima victoria, pero aquellos que preferían independizarse del resto del Estado aumentaron de forma exponencial.

Esa situación propició que el primer ministro canadiense, Jean Chrétien, tomase la iniciativa y llevase a cabo una serie de reformas para satisfacer las demandas independentistas. Y por ello se decidió consultar al Tribunal Supremo acerca de las condiciones de un posible tercer referéndum - antes del de 1995 ya se había producido otro con victoria mayoritaria del 'no'- así como de un eventual proceso de secesión.

El dictamen que emitió en 1998 el máximo órgano canadiense recoge la doctrina internacional clásica respecto al derecho de auto determinación. Es decir, que legitima una declaración unilateral de independencia en casos perfectamente tasados, como ocurre en las situaciones coloniales. Algo que no se aplica al caso de Quebec.

Pero también añade una importante novedad: el Tribunal entiende que si el Gobierno de Québec somete a referéndum una pregunta clara sobre la independencia (a diferencia de lo sucedido en los dos consultas anteriores), y la mayoría clara de los quebequeses votase a favor, existiría una obligación constitucional de negociar las reformas legales necesarias para permitírselo. Es decir, el Supremo determinó que el legislador -el Gobierno canadiense en ese caso- se debería sentir «moralmente concernido» si el 'sí' obtiene la victoria en una consulta cuya pregunta no albergue ambigüedades. Esgrime que hay medios que un Estado democrático no debe emplear para retener contra su voluntad a una parte de su población.

Así, el Parlamento de Canadá aprobó el 29 de junio de 2000 la llamada «Ley sobre la Claridad» (Clarity Act), cuyo objetivo pasaba por establecer unos límites y unas condiciones que regularan «con claridad» la posible celebración de un segundo referéndum de estas características. Es decir, la vía que ERC abraza ahora en su hoja de ruta independentista persigue que España, al igual que hizo Canadá hace ya más de 20 años, admita expresamente por ley la posibilidad de su propia divisibilidad.

Para ello tendrían que darse las circunstancias precisas. El primer requisito radica en que la pregunta de un eventual referéndum debe ser clara. En su formulación no caben trampas sobre la cuestión de secesión sí o secesión no. Y el segunda tiene que ver con la claridad con la que la población se pronuncia al respecto. El parlamento debe ser quien dictamine si la voluntad de secesión ha sido expresada con una mayoría clara. La participación debe ser, por tanto, elevada. Aunque no se llegan a establecer porcentajes concretos.