PSOE y Podemos negocian contra el reloj el Presupuesto con el escollo en vivienda

Sabedores de que está en juego la entereza y a credibilidad de la coalición gubernamental en el delicado tramo final de la legislatura, muy condicionado por la incierta evolución bélica y la escalada inflacionista y bajo las encuentas que les presionan con un PP fortalecido, ambos aliados han desactivado la bomba de relojería que representaba la oposición de Unidas Podemos al incremento del gasto en Defensa. Pero «los flecos importantes», como los definen los morados, se han trasladado a la Ley de Vivienda, desligada en sí del borrador de Presupuestos pero un proyecto que la formación liderada por Ione Belarra considera capital para dejar su impronta.

La tramitación de la norma está, hoy, paralizada. Después de dos años de dura negociación, los dos socios lograron pactar un texto que, entre otras cosas, avalaba el control de precios en las zonas declaradas «tensionadas» por las comunidades autónomas y que llegó al Congreso en febrero. En estos meses, no ha sido posible aprobarlo. El PSOE alega que a una ley ya negociada se han presentado 60 enmiendas y Podemos replica que si no hacen concesiones a fuerzas como ERC o EH-Bildu, que consideran la norma «muy tibia», no prosperará.

La fuerza minoritaria del Gobierno trata de arrancar a sus aliados, en el marco del tira y afloja presupuestario, que la limitación del precio del alquiler en esas áreas «tensionadas» no solo obligue a los propietarios de más de diez inmuebles, sino también a los más modestos. Junto a ello, pretende que todos los pisos de la Sareb, el mal llamado 'banco malo', se destinen a arrendamiento de titularidad pública y una mayor protección de los hogares vulnerables ante los desahucios.

En paralelo, Unidas Podemos aprieta con cuestiones de las que se ha hecho bandera y que forman parte sus principales proyectos ministeriales como la ayuda de cien euros mensuales para la crianza por nacimiento o adopción, el incremento de las partidas destinadas a la lucha contra las violencias machistas y a la ley de dependencia.

Además, la vicepresidenta Díaz lleva días incidiendo en una subida del 15% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) como la que ya se aprobó en los decretos anticrisis para el Ingreso Mínimo Vital y las pensiones no contributivas. Y en que la prestación por desempleo recupere el 60% de la base reguladora a partir del sexto mes enterrando definitivamente los recortes del PP en materia laboral.

Aunque la disposicón de ambos socios es al acuerdo, no se descarta que las exigencias de unos y otros rebasen a los negociadores presupuestarios y fuercen conversaciones entre los ministros Bolaños y Belarra y, si la situación lo requiere, de Yolanda Díaz con Pedro Sánchez. Fue la vicepresidenta segunda del Gobierno la que protagonizó, precisamente, el Consejo más tenso de la legislatura al enfrentarse a Sánchez por los compromisos con la OTAN para aumentar el gasto militar. Una cuestión casi identitaria para la izquierda a la izquierda del PSOE.

Pero lo que antes del verano amenazaba con hacer naufragar los últimos Presupuestos ha terminado por ser casi una tormenta en un vaso de agua, que los morados presumen de haber logrado escampar «con muchísima inteligencia». Fuentes de Hacienda explican que por pura técnica legislativa, el plan especial de Defensa, en el que se recogen las inversiones militares, no computa en el límite de gasto no financiero a partir del cual se elaboran las Cuentas públicas, como no lo están las transferencias a las comunidades autónomas o a la Seguridad Social. Y alegan que eso ha permitido convencer a sus socios de que el gasto en Defensa «no competiría» con el social.