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Los socios de Pedro Sánchez mantienen en todo lo alto su ofensiva parlamentaria para que el Congreso indague en torno al 'caso Pegasus'. Una semana después de que PSOE, PP, Vox y Cs vetaran la creación de una comisión de investigación sobre el espionaje a dirigentes políticos, ahora Podemos y los independentistas vuelven a la carga con una nueva propuesta que amplía el marco. Buscan, en concreto, que la Cámara baja investigue la «vinculación de diversos estamentos oficiales del Estado (...) a organismos al servicio de intereses espurios al margen del interés general y presuntamente sufragados con fondos reservados».
Dicho de otra forma, los promotores de la iniciativa pretenden una investigación general sobre lo que denominan «las cloacas del Estado». En su petición ante la Mesa del Congreso, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Junts, PDeCAT, CUP, Compromís y BNG consideran que «no es propio de una democracia que pesen sombras de dudas en relación con la transparencia y correcta aplicación de la legislación en las actuaciones de los estamentos oficiales del Estado y, en especial, de los relacionados con la seguridad y el monopolio de la fuerza». Por eso proponen crear un órgano que durante tres meses indague al respecto.
En una larga argumentación en la que los impulsores hacen referencias a los GAL, al 'caso Kitchen' y también a la recién conocida operación de espionaje a través del malware Pegasus. A este último respecto, de hecho, los socios del Gobierno buscan que la comisión proponga «medidas de prevención y control parlamentario de los servicios secretos (...) a fin de imposibilitar la creación futura de tramas de espionaje irregulares o de cualquier estructura policial paralela al margen de la legislación». Este punto ahonda en la tesis, sugerida por el soberanismo, de que las intervenciones telefónicas pudieron ser responsabilidad de células descontroladas del CNI u otros organismos.
Pero si hay un nombre que destaca por encima de todo en la iniciativa es el de José Manuel Villarejo. La comisión perseguiría «conocer al detalle la vinculación con la Policía y el entramado mediático» del excomisario, así como «analizar las actuaciones del Ministerio del Interior en relación a las presuntas irregularidades que vinculan los cuerpos y mandos policiales» con el propio Villarejo. Como objetivo general, el órgano se fijaría también esclarecer «el conocimiento de las tramas irregulares» por parte de los responsables de Interior desde la reinstauración de la democracia española.
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