La Fiscalía española considera «ilógico» que Bélgica frene las euroórdenes del 'procés'
La defensa de Puigdemont denuncia en la vista del TJUE que el expresidente catalán y los consellers «no tienen garantías de recibir un juicio justo en España»
olatz hernández
Corresponsal en Bruselas
Martes, 5 de abril 2022
La Comisión Europea apoyó este martes la postura de España en la vista ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al considerar que no existen razones para rechazar la euroorden emitida contra el exconseller Lluis Puig. Bruselas considera que España no registra «problemas sistémicos», por lo que no se puede alegar una vulneración de los derechos -tal y como hizo la justicia belga para no entregar a Puig en 2020-. Esta causa marcará también el futuro proceso jurídico del expresidente catalán Carles Puigdemont y de los exconsellers huidos del 'procés'.
En la vista, celebrada ante la Gran Sala del TJUE, Julio Baquero, representante del Servicio Jurídico de la Comisión, aseguró que el sistema español no cuenta con deficiencias que justifiquen el rechazo de la orden de entrega dictada por el magistrado del Supremo, Pablo Llarena.
En cualquier caso, esos fallos deberían probarse primero, y tomar acciones concretas después, apuntó. «Confianza mutua quiere decir confianza entre sistemas equivalentes. Si no hay deficiencias, el sistema de confianza debe mantenerse», añadió Baquero ante los magistrados.
En esa misma línea se expresó la abogada del Estado Andrea Gavela, quien descartó que las conclusiones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias (WGAD) sean «un elemento suficiente para considerar acreditado la violación de un derecho fundamental». Este documento en cuestión se refiere a la posible vulneración de la presunción de inocencia en el caso de los ya condenados Oriol Junqueras, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez.
La letrada advirtió, además, de que en esta causa está en juego la operatividad de las euroórdenes como herramienta jurídica, ya que se basan en la cooperación entre Estados miembros.
Por su parte, el fiscal del Tribunal Supremo, Fidel Cadena, tachó de «ilógico y absurdo» que Bélgica cuestione la competencia de Llarena, instructor de la causa del 'procés', para emitir euroórdenes. Aseguró que eso supondría que el país receptor de una petición de entrega controle las normas procesales del país emisor. La competencia penal «la determinan los jueces españoles», dijo antes de cargar contra los informes del WGAD. Dicho documento, dijo, «no puede elevarse sobre la opinión del Supremo».
Una «persecución infame»
La defensa de Puigdemont y de los exconsellers, sin embargo, acusó a Llarena de «desnaturalizar» la cuestión prejudicial, que el magistrado inició hace un año tras la negativa de los jueces belgas de entregar a Puig. Más concretamente, el abogado del expresidente catalán y varios exconsellers, Gonzalo Boye, defendió que el juez español usa las euroórdenes «de forma política» y que pretende encarcelar a los líderes independentistas «sin juicio, durante meses y años».
Se trata, aseguró, de «una persecución infame». «Mis representados no tienen garantías de tener un juicio justo en España. Esto tiene que acabar y tiene que acabar aquí», pidió a los jueces comunitarios.
Lo cierto es que la causa, actualmente, está paralizada por la situación de rebeldía de los investigados y por el hecho de que un Estado miembro ya ha denegado la primera de las euroórdenes dictadas en el marco de este proceso.
Además, Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí siguen protegidos por la inmunidad parlamentaria como miembros de la Eurocámara. Este organismo ya respondió al suplicatorio del Tribunal Supremo y dio luz verde para retirar esa protección al expresidente catalán, pero los políticos independentistas recurrieron esta decisión ante la Justicia europea y está pendiente de una decisión definitiva al respecto.
