El PP da por hecho que Sánchez «deroga la división de poderes» para apoltronarse

La formación de Alberto Núñez Feijóo ya está analizando los pasos a seguir tanto en el ámbito jurídico como institucional, y en Europa, donde según la dirección nacional «hay preocupación por la calidad democrática» de España como prueba la carta que el comisario europeo de Justicia dirigió la semana pasada al Ejecutivo de coalición. En ella, Didier Reynders ponía de manifiesto las preocupaciones que le habían llegado ante la negociación del PSOEcon Junts y pedía información detallada y oficial lo antes posible. «La realidad es que Europa mira con atención lo que hace el Gobierno español», señalan en la cúpula popular.

En Génova están convencidos de que la medida de gracia es «inconstitucional», atendiendo a lo que piensan «expertos juristas», que es lo que pensaba también el Gobierno y su presidente, recuerdan, antes de abandonarse a los intereses de Puigdemont a cambio de siete votos. «Sánchez está tragándose sus palabras, sus valores y sus principios», admiten en la dirección nacional, donde insisten en que van a poner palos en las ruedas a la ley. «Se amnistía a quien quiso derribar la Constitución para que vuelva a intentarlo», denunció González Pons.

Los populares critican que con el paso dado este lunes al registrar la propopsición de la ley en el Congreso, el PSOE ha optado por derogar la «división de poderes» a cambio de mantenerse en el Gobierno. Censuran también que la futura norma no hable de «arrepentimiento o perdón o intención de no volver a cometer los delitos» sino que el Estado «pida perdón» a los que intentaron «dar un golpe de EStado» para que Sánchez «conserve la poltrona». «Debería irse de este país en un maletero por permitir esa humillación», afirmó, por su parte, el vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, en referencia a la forma que huyó el expresidente catalán, Carles Puigdemont, de España en 2017.

En esa ofensiva total se enmarca la reforma del Reglamento del Senado, donde los populares tienen mayoría y con la que buscan retrasar la aprobación definitiva de la norma. La intención del PP es aprobar hoy mismo la modificación del artículo 133 para establecer que sea la Mesa de la Cámara la que decida si una proposición de ley que llegue desde el Congreso se tramita de forma urgente –en 20 días– o lo hace por el cauce normal –en un plazo de dos meses–. A lo que los conservadores no están dispuestos, como les pide Vox, es a dejar sin calificar la ley. «Esa opción no se contempla en el Reglamento», apuntan en la dirección.

Los conservadores han decidido también redoblar su ofensiva en Bruselas con el envío de cartas al conjunto del colegio de comisarios que preside la la conservadora alemana Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, grupos parlamentarios y embajadores de los restantes 26 Estados miembros. Según denuncian en su misiva, que firman con Ciudadanos, España se encuentra «al borde de una crisis constitucional y política» y piden «una intervención urgente para proteger el estado de derecho». El grupo que dirige Dolors Montserrat ha pedido también que se debate sobre la controvertida medida de gracia acordada entre el PSOE y los soberanistas catalanes en el próximo pleno de la Eurocámara. «En términos de imagen pública y de país nos va afectar», apuntan desde el equipo de Feijóo.

Los populares también están decididos a torpedear la inciativa en cuanto llegue a la Mesa del Congreso con mayoría progresista –PSOE y Sumar tienen cinco asientos en el órgano parlamentario–. Si obtiene el visto bueno, como está asegurado, el PP podría plantear una reconsideración ante la propia Mesa, además de exigir un informe más detallado a los letrados de la Cámara, que ya se pronunciaron en 2021 contra una propuesta similar de ERC y el grupo Plural. Entonces consideraron que se trataba de un «indulto de carácter general» camuflado.

La dirección del PP se siente reforzada en su estrategia, tras las manifestaciones multitudinarias del domingo contra la amnistía. Creen que Sánchez tiene un «problema grave» porque la calle «está encendida» y aseguran que no puede aspirar a seguir siendo presidente «sin escuchar a la gente». «Dos millones de españoles han dicho alto y claro que no se pueden comprar votos a cambio de impunidad ni comerciar con el principio de igualdad», aseguró Tellado, que volvió a pedir a Sánchez que «recapacite» y lleve a las urnas sus cesiones a Junts y ERC. «Nadie –insiten en Génova– le votó para esto».