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El expresidente catalán, Carles Puigdemont. Efe

Puigdemont recurre a la Justicia europea para recuperar su inmunidad como eurodiputado

El TJUE confirma la impugnación del político independentista mientras el Supremo se mantiene pendiente de esta decisión para reactivar las euroórdenes

Olatz Hernández

Lunes, 18 de septiembre 2023, 11:07

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El expresidente catalán Carles Puigdemont quiere agotar todas las vías judiciales para recuperar su inmunidad como eurodiputado, su mejor blindaje ante las euroórdenes impuesas por el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, instructor del 'procés'. El líder independentista esperó hasta última hora del viernes para presentar dos recursos de casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra la decisión del Tribunal general de la UE de retirarle su inmunidad como miembro del Parlamento Europeo, según han confirmado este martes fuentes judiciales europeas.

El expresidente catalán ya informó el pasado 5 de julio que recurriría la decisión del TGUE, que ese mismo día confirmó la decisión del Parlamento Europeo de levantar la inmunidad a Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí. En una sentencia demoledora, el alto tribunal con sede en Luxemburgo desestimó uno a uno los motivos formulados por los tres políticos independentistas, que aseguraron que la Eurocámara no motivó de forma «suficiente y adecuada» su decisión de retirarles la inmunidad y acusaban a la institución de no haber preservado la «imparcialidad» en ese proceso. La Eurocámara también motivó su decisión en que los hechos que se les imputaban a los tres eurodiputados se produjeron en 2017 y fueron procesados por ellos un año después, todo antes de que los diputados adquirieran su condición de miembros de la Eurocámara y «en un momento en que la adquisición de la condición de diputado europeo era hipotética».

«Esto no acaba, al contrario. Presentaremos un recurso al TJUE y defenderemos hasta el final nuestros derechos fundamentales, que son también los derechos fundamentales de los catalanes y los europeos», aseguró Puigdemont, tras conocerse esta sentencia. Su abogado, Gonzalo Boye, defendió que el dictamen del TGUE tiene «puntos muy débiles y flojos».

Tras la reforma del Código Penal, la Justicia española reclama al expresidente catalán y a Comín por un delito de malversación agravada, castigado con penas de hasta ocho años de cárcel. Pero la derogación de la sedición y la modificación del delito de malversación han hecho que a Ponsatí únicamente se le quede pendiente un delito de desobedencia, que no está penado con cárcel. Por el momento, el Supremo se mantiene a la espera de la decisión final del TJUE para reactivar las órdenes de detención y entrega del expresidente catalán para que responda ante la Justicia española por su participación en el referéndum ilegal del 1-O.

Dos casos particulares: Ponsatí y Puig

Cabe recordar que, aunque el fallo del TGUE también se refería a Ponsatí, su caso dista de los de sus dos compañeros en el Parlamento Europeo a causa de la reforma penal que derogó la sedición y modificó la malversación.

Tras este cambio, Puigdemont y Comín quedaron procesados por desobediencia y malversación, pero Ponsatí se quedó únicamente con desobediencia, un delito que no está castigado con pena de cárcel --solo inhabilitación y multa--, lo que impide que se pueda dictar una euroorden en su contra.

Otra situación 'sui generis' es la de Puig. Respecto a él, Llarena estaba pendiente de dos cosas: la respuesta del TJUE a la cuestión prejudicial --resuelta desde el 31 de enero-- y que los nuevos autos de procesamiento, tras la reforma penal, fueran firmes --algo que ocurrió el 13 de junio--. Para su caso, el fallo del TGUE era indiferente porque no es eurodiputado y, en consecuencia, no podía alegar inmunidad alguna.

Los fiscales del 'procés' solicitaron la semana pasada a Llarena que reactivara la euroorden contra Puig, algo sobre lo que el magistrado no ha resuelto aún. En cualquier caso, contra todos ellos --Puigdemont, Comín, Puig y Ponsatí-- ya había vigentes órdenes nacionales de busca y captura.

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