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Carles Puigdemont cerró ayer un ciclo, el del desafío independentista que protagonizó en 2017, y abrió otro, quién sabe si el de un segundo 'procés', pero esta vez negociado con los socialistas. En el mismo lugar donde hace seis años compareció ante los medios (el club de prensa de la capital belga) tras huir a Bruselas poco después de declarar la independencia de Cataluña, el dirigente soberanista celebró el acuerdo con los socialistas –este viernes lo ratificará el consejo nacional de Junts y el fin de semana se pronunciará la militancia–, que a su juicio puede abrir una «etapa inédita» que culmine en un pacto «histórico» de resolución del conflicto y que entre otras cuestiones podría favorecer su regreso a Cataluña. Eso sí, volvería amnistiado y no tras derrotar a la justicia española en los tribunales europeos, como llevaba años prometiendo a sus fieles.
Puigdemont ha firmado el pacto de la rendición, que pone fin a una huida de seis años, señalaron las facciones más radicales del independentismo. Estos sectores han condicionado en todo momento la negociación, pues está en juego el futuro de Junts en su pugna con ERC. Puigdemont trató en todo momento de vender el acuerdo con los socialistas como algo que no tiene nada que ver con la alianza que han mantenido PSOE y ERC estos últimos cuatro años. «El 'a cambio de nada' va a la papelera de la historia», afirmó sobre los pactos de los republicanos en la anterior legislatura. «Para hacer lo mismo, Junts no hace falta», recalcó.
El expresidente de la Generalitat admitió que el pacto suscrito con Pedro Sánchez no resuelve nada a día de hoy y que sigue existiendo una «desconfianza histórica». Pero se propuso ser ambicioso y hasta sacó pecho, al asegurar que no han tenido que pedir perdón ni reconocer que en el 1-O se cometieron delitos. Y aunque Santos Cerdán, número tres del PSOE, dijo que se trata de un pacto de legislatura, Puigdemont no lo dio por hecho. La estabilidad, pues, está en el aire. Solo será posible si hay cumplimiento de lo acordado, a través de lo que calificó como una negociación permanente.
Avisó así que tiene que haber avances y acuerdos en las dos carpetas que considera claves, la del reconocimiento nacional de Cataluña, con la autodeterminación como asunto central, y la que hace referencia al déficit fiscal, con el objetivo último de un cupo a la catalana. Sánchez tendrá que ganarse la estabilidad «acuerdo a acuerdo», «trinchera a trinchera», «día a día», advirtió. Incluso se mostró desafiante: «No nos hemos fijado ningún otro límite más que la voluntad del pueblo de Cataluña».
El Parlament como único límite choca con la premisa del PSOE de que todo lo que se pacte esté dentro de la Constitución y abre, además, la puerta a retomar en el futuro la vía unilateral. Hace seis años, el único tope lo fijaba la Cámara catalana y el independentismo aprobó las leyes de la desconexión, el 1-O y la DUI.
Puigdemont, en todo caso, también ha rectificado. Llevaba seis años defendiendo la unilateralidad y asegurando que no tiene nada que negociar con Madrid. También dijo por activa y por pasiva que no facilitaría la investidura de Sánchez. Ahora, por primera vez en un lustro, entra en la ecuación de la gobernabilidad española.
De todos modos, el líder nacionalista no presentó el acuerdo como «histórico», como se expresó el 5 de septiembre. Entonces, fijó las líneas rojas para la negociación. Exigió una ley de amnistía, un mediador, el reconocimiento del independentismo como interlocutor válido y el reconocimiento nacional de Cataluña. No ha pactado un referéndum como defendía. Y el referido reconocimiento nacional queda pendiente.
Lo que sí ha acordado es un foro de negociación con verificador internacional donde la autodeterminación estará sobre la mesa. Y logra una ley de amnistía completa «sin excluir a las víctimas de la guerra sucia». «Hemos suscrito un acuerdo marco para iniciar una negociación que contribuya a la resolución del conflicto», afirmó. Sobre el mediador, dijo que ya está acordado el nombre de las personas que formarán parte. No será español ni actuará en España, pues el expresident quiere seguir liderando las negociaciones.
Mientras, el Parlament rechazó ayer una moción de la CUP para constituir una ponencia que elabore una nueva ley de referéndum, como en 2017, y poder celebrar una consulta como la del 1-O antes del final de la legislatura. La CUP se quedó sola en su defensa, pues ERC y Junts se abstuvieron.
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