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Jon Iñarritu y María Dantas durante la Comisión de Interior. EP

La derogación de la ley mordaza muere entre reproches mutuos del Gobierno y sus aliados

ERC y Bildu tumban el nuevo texto antes de su llegada al pleno tras tildar de «'light'» la propuesta de PSOE y Unidas Podemos

Martes, 14 de marzo 2023, 22:00

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Con 18 votos a favor, 19 en contra y ninguna abstención, los grupos parlamentarios del Congreso certificaron a las 12:30 horas de este martes la defunción de la derogación de la ley mordaza, antes si quiera de su llegada al pleno. La medida era uno de los compromisos electorales principales del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y un deseo también compartido por Unidas Podemos, PNV, EH Bildu o Esquerra. Tras un año de duras negociaciones, abertzales y republicanos cumplieron finalmente su amenaza de votar negativamente en la sesión decisiva de la Comisión de Interior al no ver cumplidas sus pretensiones de prohibir el uso de pelotas de goma o la devolución de inmigrantes en caliente.

Tanto PSOEcomo Unidas Podemos trataron hasta última hora, en corrillos e intercambios de propuestas, de convencer a sus aliados de que se abstuvieran, al menos, para ganar tiempo y negociar posteriormente estas cuestiones, que consideran debe modificarse «en los protocolos policiales y no en una ley». La secretaria general de los morados, Ione Belarra, incluso llegó a hacer un llamamiento a aplazar la comisión «hasta que hubiera un acuerdo» y criticó la «cerrazón» de su socio de Gobierno por no aceptar la prórroga. «No podemos alargar más esta cuestión, estamos hartos», lamentaba un representante del Grupo socialista en los pasillos del Congreso.

En medio del paraje volcánico en el que se ha instalado el llamado bloque de investidura, que no ha hecho más que endurecerse desde la crisis del 'solo sí es sí' y la cercanía de las elecciones del 28 de mayo, Jon Iñarritu y María Dantas –representantes de EH Bildu y Esquerra en la comisión– tiraban la toalla en una declaración conjunta lanzada en vídeo poco antes de que comenzara la reunión. En la misma acusaron a los partidos del Gobierno de «maquillar» y no «derogar» una norma con una reforma que calificaron de «'light'»

La Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, aprobada en 2015 por el ministro Jorge Fernández Díaz, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, ya lleva más tiempo en vigor con el actual Ejecutivo de coalición que el que estuvo bajo mandato del PP.Cuando la realidad de que seguirá vigente se hizo palpable, la reacción de los partidos del Gobierno y sus aliados fue la de repartirse mutuamente las culpas.

El portavoz del PNV en el Congreso Aitor Esteban, cuyo partido votó a favor del nuevo texto, invitó a quienes sean multados cuando haya manifestaciones a exigir explicaciones a ERC y Bildu. «No han querido que la reforma se produzca y no es comprensible», zanjó. Su homólogo en el PSOE, Patxi López, tildaba de «excusas» los motivos argumentados por sus aliados para votar en contra. Al portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, directamente le instó a «pasarse alguna vez por las comisiones en vez de hacer tantas declaraciones».

El dirigente morado había reprochado a los socialistas, minutos antes, no haber «hecho un último esfuerzo» y lamentó que «cuando quieren sacar los Presupuestos sí que se arremangan, mandan a Félix Bolaños, pero en este caso no lo han hecho». En privado, representantes del partido insinuaban que el PSOE «parece que no quiere reeditar Gobierno en diciembre». Desde ERC, Gabriel Rufián, acusó indistintamente a ambos lados de la coalición de «estar bajo la presión» de los sindicatos policiales.

Enmiendas rechazadas

ERC, EH Bildu y Junts presentaron este martes a última hora una batería de enmiendas en las que los socios insistieron en pedir que se «prohibiera expresamente el uso de proyectiles cinéticos denominados bolas de goma» y en declarar que en «ningún caso» se «permitirá el rechazo de los extranjeros que sean detectados en frontera», ni la «expulsión colectiva de extranjeros», ni «la expulsión individual sin garantías».

Pero ninguna de estas propuestas prosperó: PSOE y UP unieron sus votos a los de PP, Vox y Ciudadanos para dejar solos a los grupos catalanes y a los independentistas vascos. Y estos últimos respondieron frustrando para siempre la reforma apadrinada por los partidos del Gobierno y el PNV.

Desde el pasado febrero las discusiones se habían centrado casi exclusivamente en esos dos escollos, después de que los seis partidos favorables a la reforma –PSOE, UP, PNV, ERC, EH Bildu y Junts- llegaran a acuerdos en otros 36 preceptos. Incluso parecía posible el acuerdo en otros dos puntos que creaban controversia: el que fija las sanciones por faltas de respeto a los agentes (artículo 37.4); el que sanciona «la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes» (artículo 36.6).

Presiones sin fruto

Pero en los últimos días, a pesar de las presiones de socialistas y UP al resto de grupo para sacar la reforma antes de las elecciones, las negociaciones habían encallado en un mar de propuestas y confusas redacciones sobre el uso de las bolas de cauchos y la disposición adicional sobre las deportaciones exprés a través de los vallados. Los textos presentados por los partidos del Gobierno y el PNV hablaban de comisiones de estudio con expertos y protocolos sobre las bolas o de garantizar el respeto a los derechos de los inmigrantes en las 'devoluciones en caliente', pero en ningún caso –tal y como han reclamado hasta la saciedad ERC y Bildu- prohibían el uso de las pelotas de goma ni las expulsiones automáticas en Ceuta y Melilla. Ni siquiera planteaban la posibilidad de prohibir en un futuro ambas prácticas.

Y es que desde que en noviembre de 2021 PSOE y UP presentaran su propuesta común para relanzar la negociación con vistas a aprobar una nueva Ley de Seguridad Ciudadana, el Ministerio del Interior dejó muy claro a los negociadores socialistas que no iba a pasar por prescindir de las pelotas de goma, por mucho que ERC y Bildu alegaran que jamás podrían apoyar su uso que está proscrito por ley en Cataluña por parte de los Mossos y que en el País Vasco la Ertzaintza en la práctica no las utiliza por un protocolo garantista en extremo.

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska también hizo hincapié en que tampoco iba a prohibir las devoluciones en caliente (rechazos en frontera en términos legales) a pesar de su promesa inicial de vetarlas, después de que en febrero de 2020 el Tribunal de Estrasburgo las declarara legales. Desde entonces, Interior ha hecho un uso masivo de esa figura. Solo el 24 de junio del pasado año, durante la tragedia de la valla de Melilla, las fuerzas de seguridad españolas deportaron de manera exprés a 470 subsaharianos.

El Gobierno ha sido totalmente consciente desde el inicio de que esas dos líneas rojas era inasumibles para los republicanos y abertzales pero hasta último momento en Moncloa y en sus grupos parlamentarios pensaron que podrían arrancarles el apoyo con el argumento de que tumbar el texto sería tanto como convertirse en cómplices de que la ley de seguridad ciudadana del PP siga por tiempo indefinido con vida a pesar de que su «derogación» fue uno de los ejes del discurso de Pedro Sánchez en la moción de censura que le llevó a la Moncloa en junio de 2018. A punto de cumplirse cinco años de aquella promesa, la supuestamente agonizante ley mordaza se garantizó este martes unos cuantos años más de vida por los desacuerdos entre el Gobierno y sus socios parlamentarios.

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