La UCO ve «llamativo» el dinero en efectivo que manejaba el expresidente de la Diputación de Almería
Los hermanos del expresidente cedían sus cuentas bancarias para supuestamente lavar el dinero obtenido «de forma ilícita»
Nerea Escámez
Almería
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 09:23
El supuesto dinero en 'B' que poseía el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, es uno de los aspectos más «llamativos» a los que hace referencia el juez instructor del caso, Eduardo Martínez Gamero, quien según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) hacía frente a las cuotas hipotecarias en la adquisición de un inmueble a una cuenta mediante «abonos» que ascendían a «19.750 euros» a través de cajeros automáticos de Roquetas de Mar y El Ejido.
Esto no pasaba inadvertido para la Guardia Civil que, en sus pesquisas, «desconocen» la procedencia del dinero en efectivo que utilizaba para «las transacciones» ya que no había ningún movimiento en el banco.
Los investigadores arrojan que la cuenta a la que destinaban el dinero estaba a nombre de la hermana del expresidente de la Diputación Provincial, M. R. G. M., quien podría tener «conocimiento y participación» en el presunto «delito de blanqueo de capitales» que consistía en «reincorporar el tráfico de dinero cuyo origen podría ser ilícito». A los ingresos bancarios también se suma la cantidad de «20.000 euros» en efectivo que, presuntamente, Javier Aureliano García habría entregado a los propietarios de una parcela en Rodalquilar para su compra. Todo ello, entregado en mano. El origen de dicho importe es, para la UCO, «desconocido» ya que constatan «la inexistencia de retiradas en efectivo en los productos bancarios» del entonces investigado.
El juez considera «llamativo» que el ya expresidente provincial del Partido Popular adquiriera una vivienda de herencia familiar por completo mediante la compra de su parte a sus hermanos «sin que se hayan localizado movimientos bancarios». El 2 de junio de 2025, García pasó, de poseer un 25 por ciento de la propiedad a adquirir la totalidad del inmueble sito en Almerimar «sin que se hayan localizado movimientos» que justifiquen el abono del importe restante a los hermanos.
De esta forma, Martínez Gamero ve sospechas fundadas de que, a criterio policial, existirían operaciones que reflejarían por parte del expresidente y sus hermanos «la instrumentalización» de la comunidad de bienes García Molina «para canalizar fondos obtenidos de forma ilícita». Esta investigación judicial centrada en el presunto cobro de comisiones a través de contrataciones en la Diputación de Almería, como una segunda fase del 'Caso Mascarillas' posiciona al expresidente de la institución Javier Aureliano García como una figura que tuvo «pleno conocimiento, aquiescencia y participación» en las presuntas mordidas.
«Integraban» el dinero en 'B'
El auto, al que ha tenido acceso IDEAL, apunta a que los hermanos de Javier García, «en connivencia con este y valiéndose de la comunidad de bienes familiar», habrían realizado «una serie de operaciones» que les permitiesen integrar los fondos obtenidos de forma ilícita en el circuito legal del dinero «para poder disfrutar» de los mismos.
De otro lado, consideran «de interés» sobre la investigación de la UCO, la venta de un garaje el 12 de diciembre de 2024, propiedad de los cuatro hermanos, por un importe de 18.875 euros y, a través de transferencias ordenadas por J. C. G. M., hermano del expresidente, «acabó toda la cantidad total reintegrada en el patrimonio personal de Javier Aureliano García en una cuenta titulada a su nombre».
Cinco minutos para declarar
En este análisis del informe policial observan, además, «el interés» de Javier Aureliano García en reunirse con Fernando Giménez para «abordar su declaración en calidad de investigado» y manifestó «estar jodido» por la práctica de declaraciones judiciales que ya se realizaron en octubre de 2024 por la Guardia Civil.
Este panorama que dibujó la Unidad Central Operativa (UCO) previo a la entrada y registro y a la autorización del juez instructor no casa con la defensa del expresidente de la Institución Provincial, cuya renuncia llegó tras su puesta en libertad con cargos al declarar en sede judicial por los delitos que se le acusaban tras su detención.
A las puertas de la Ciudad de la Justicia, Joaquín Monterreal, representación letrada, argumentó que García no había «ocultado nada» y «facilitó toda la documentación que había en su despacho». Esta documentación, analizada con lupa por los investigadores, habría sido demostrada en cuestión de cinco minutos –lo que duró su intervención– ante el juez instructor Eduardo Martínez Gamero. «Su declaración ha sido muy rápida, en cinco minutos ha quedado todo explicado y solventado», manifestaba su defensa.
Ante los delitos investigados de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, Monterreal argumentó que el patrimonio es «absolutamente transparente» y « cada uno de los ingresos están perfectamente acreditados y declarados a la Hacienda Pública, habría sido fácil comprobarlo mirando las declaraciones de renta, patrimonio y registros públicos notariales».
