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300 personas piden en Salamanca la dimisión de Mañueco y Quiñones por la gestión de los incendios
Consideran que los grandes culpables de lo ocurrido un agosto en el infierno dentro de la comunidad son Alfonso Fernández Mañueco y Suárez-Quiñones
Más de 300 personas se han manifestado este jueves, 21 de agosto, en la Plaza Mayor de Salamanca para pedir la dimisión de Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, y de Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández, consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Con anterioridad, ya se ha pedido en otras provincias como León o Valladolid.
'El campo se quema y la Junta es el problema'
'Plantillas públicas y estables'
'El monte es vida y no cenizas'
'Pueblos habitados, bosques cuidados'
Multitud de carteles se han dejado ver en el centro de la capital, tras un mes de agosto en el infierno, conociendo la provincia de Salamanca el fuego más grande en extensión de toda su historia originado en la localidad de Cipérez. Precisamente, desde el lugar de los hechos, un bombero forestal relataba la falta de medios presentes desde el inicio del mismo, y un bombero de la Diputación de Salamanca alertaba de que no había nadie en el parque de bomberos más próximo, el de Vitigudino.
Por todo ello y en solidaridad a todos los pueblos afectados en Salamanca y en el resto de puntos de Castilla y León, Salamanca ha salido a la calle para pedir la dimisión de los que están al mando, además de solicitar medidas para la prevención de incendios y la repoblación del mundo rural. «Castilla y León se quema, esto no responde a una fatalidad imprevisible, es la consecuencia clara y directa de las políticas criminales de la Junta de Castilla y León liderada desde hace casi 40 años por el Partido Popular, responsable de la prevención y extinción de incendios», señalaba la portavoz de Podemos, partido organizador de la concentración.
Más específicamente han señalado a Suárez Quiñones: «Ha desmantelado deliberada y sistemáticamente los servicios públicos de prevención y extinción de incendios. Bajo su mandato se ha optado por la privatización de un servicio esencial fraccionándolo en más de 35 contratos públicos con empresas privadas a lo largo y ancho de Castilla y Léon. Ha creado un sistema inoperante e ineficiente como nos demuestran las llamas».
Por todo ello, demandan un servicio público de prevención y extinción de incendios, condiciones de trabajo dignas, una ley de lucha contra la despoblación y otra contra el cambio climático, así como la dimisión de los máximos responsables. También piden el nivel 3 de emergencia, de manera que el gobierno central se haga cargo de la situación.
