Casi 50.000 salmantinos se beneficiarán de la subida del Salario Mínimo Interprofesional

Desde 2019, el SMI se ha incrementado un 36%, al pasar de 735 a 1.080 euros mensuales. Una medida que, sin embargo, cae como un jarro de agua fría en determinados sectores mientras que para otros colectivos supone una salvación a final de mes con la que enfrentarse a la actual escalada de los precios. Con carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero, las empresas tendrán que actualizar las nóminas en febrero y pagar también el alza correspondiente a enero. Ante esta situación, los empresarios de Salamanca han calificado de «sablazo» la subida del Salario Mínimo Interprofesional y ha mostrado su rechazo rotundo ante esta medida.

La Confederación de Empresarios de Salamanca (CES) lamenta que esta decisión cause un mayor endeudamiento de las empresas y autónomos que se verán obligados a «realizar despidos entre sus plantillas debido al desgaste que arrastran desde la pandemia». Así lo explica el presidente de CES, Antonio Rollán, que asegura que «no es el mejor momento para subir de nuevo el salario mínimo». Con el temor latente de que este aumento genere aún más incertidumbre y negatividad entre algunos sectores, Rollán pide empatía para «ayudar a los empresarios en esta difícil etapa».

El dardo no solo se lanza al Ejecutivo de Sánchez sino también a los sindicatos al considerar que «con quien se debe hablar de estas medidas es con quien la va a pagar, no con los sindicatos». Por otro lado, CES apremia al Gobierno nacional a que se centre en un plan de choque que ayude «de verdad» a mantener las empresas y el empleo, y no siga generando incertidumbre económica y social como la que está creando. «Y es que España aún no ha recuperado el tejido empresarial previo a la pandemia. Y esta subida del SMI sólo tendrá un impacto negativo sobre las empresas y el empleo», recalca el presidente de CES.

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Félix Oliva

Del mismo lado se posiciona el presidente de CEOE CEPYME Salamanca, Diego García, que señala que «aunque apoyamos la subida, no debe hacerse de manera unilateral porque eleva muchísimo los costes de las empresas». Así, insiste en que «es una decisión que puede derivar en una ola de inflación y en una ola de desempleo». Un apunte que, concluye, «no ayudará a potenciar la inversión empresarial ni la creación de empleo».