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Un momento de la concentración ante el edificio de los juzgados de Salamanca. SH
Los abogados de Salamanca reclaman un Pacto de Estado para la justicia

Los abogados de Salamanca reclaman un Pacto de Estado para la justicia

Letrados y letradas de Salamanca se concentran togados ante el edificio judicial en plaza Colón para reclamar una intervención decidida de los poderes públicos

I. L. Serrrano

Salamanca

Miércoles, 28 de junio 2023, 14:35

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Los abogados y abogadas salmantinos se han concentrado hoy ate los juzgados de la plaza de Colón de Salamanca para reclamar al Gobierno la formalización de un acuerdo que reactive de forma inmediata el servicio público de justicia, y la adopción de medidas urgentes para resolver los inadmisibles retrasos ya acumulados.

Los porfesionales de la abogacía, respaldados desde el Colegio de Abogados de Salamanca leyeron un comuniado en el que aseguraron que la Justicia es una cuestión de Estado. «El poder judicial tiene la misión de garantizar el cumplimiento de la ley por parte de las instituciones y los ciudadanos. Un poder judicial paralizado es un poder inútil, que abandona a los ciudadanos a su suerte, incumpliendo además el mandato constitucional. En este sentido, corresponde al Estado garantizar la correcta prestación del servicio público de justicia, solucionando con la máxima diligencia posible los conflictos que impidan o entorpezcan el normal funcionamiento del mismo», denuncian los letrados y letradas.

Durante la concentración aseguraron que la actual situación del servicio público de justicia es insostenible, y su paralización por diversas huelgas desde hace más de 4 meses está causando gravísimos perjuicios tan. a funcionarios como a profesionales y ciudadanos. «A los funcionarios, por cuanto la desidia del Estado para tratar de resolver el conflicto generado les obliga a alargar la huelga en defensa de sus derechos, con las lógicas consecuencias económicas y de acumulación de trabajo que, en algún momento, habrán de realizar», señalaron. Y añaden que «a los profesionales (abogados y procuradores) porque la actual situación de la justicia, además de no permitirnos desarrollar nuestro legítimo derecho a trabajar, nos obliga a incurrir reiteradamente en gastos superfluos, consecuencia de actuaciones judiciales que no se realizan, pero a las que nos vemos obligados a acudir una y otra vez. En resumen, «gastamos pero no ingresamos», lo que se traduce en una grave situación de crisis económica que afecta profundamente a un sinfín de profesionales y a sus familias» sentencian.

Aunque insisten en que la situación perjudica, sobre todo, a los ciudadanos, «que ven imposibilitado o, cuando menos, gravemente obstaculizado, su acceso a la justicia, sin visos de poder obtener una solución eficaz y eficiente a sus problemas y necesidades, con demoras en los señalamientos de juicios que en algunos casos alcanzan ya fechas tan irrazonables como el año 2027, o pensiones de alimentos retenidas en los órganos judiciales, a la espera de que alguien ordene su pago al ciudadano, que, mientras, hace malabarismos para sobrevivir». Según los abogados, la justicia lenta no es justicia, pero la actual situación nos lleva a categorizarla no ya de lenta, «sino de prácticamente inexistente».

Por ello, exigen al Estado y al Ministerio de Justicia la inmediata solución de la parálisis del servicio público de justicia, que se desangra ante la mirada impasible de nuestros representantes; «y requerimos del estamento político su firme compromiso para alcanzar un pacto de Estado durante la próxima legislatura que permita crear un servicio público de Justicia, efectivo y de calidad, que haga honor al Estado social y democrático de Derecho que es España. La sociedad española se merece que nuestros representantes realicen, en favor de la Justicia, un ejercicio de responsabilidad democrática, política y social, porque, como decíamos al comienzo, la Justicia es una cuestión de Estado», finalizaron.

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