El carpetazo al congreso de los jeques de Salamanca que no contenta a nadie

La comisión especial de investigación sobre el 'congreso de los jeques' ha terminado con un nuevo intercambio de críticas entre tres de los grupos implicados, PSOE, PP y Ciudadanos, a los que este miércoles se unirá Podemos-IU. Diferencias por el cierre de un proceso que parece no haber contentado a nadie.

Era el resultado previsible de un proceso que, en el orden administrativo, ha concluído que no hubo irregularidades en la contratación del asesor que falsificó su título, que el congreso le costó unos 50.000 euros a las arcas municipales y que no hay compromiso económico a futuro. Un cierre que contrasta con las consecuencias políticas posteriores a los hechos, con el cese en sus funciones del concejal de Turismo, Fernando Castaño, que fue relevado por el propio alcalde.

La comisión se constituyó hace unas semanas tras el escándalo del congreso Peace City World y la presencia de inversores en la ciudad. Diversos medios estatales y locales cuestionaron la autenticidad de los asistententes. Posteriormente, se supo que un asesor contratado por la fundación de Turismo, que había liderado la organización del congreso, había falsificado su título universitario que acompañó a su candidatura.

Según las conclusiones, Turismo de Salamanca no participó en la organización del mismo y se limitó a colaborar asumiendo gastos por un importe de 49.676,59 euros, al margen de no cobrar a la entidad organizadora el coste del alquiler del Palacio de Congresos, como sucede en otros congresos y eventos, y que habría ascendido a 20.055,75 euros.

La polémica la arrancaba este martes por la mañana el grupo socialista en una rueda de prensa de su portavoz, José Luis Mateos, en la que culpaba al PP de «tapar la verdad» en la comisión del Peace City World. «El PP ha limitado al máximo la investigación para evitar que se conozca toda la verdad de este asunto», ha asegurado el PSOE.

Los socialistas criticaban que la comisión ha tenido sólo dos sesiones, la segunda este lunes que «de manera precipitada y en contra de nuestro criterio, el PP cierra en falso para evitar responsabilidad alguna». Respecto a la fiscalización del contrato del asesor, los socialistas lo perciben como algo «muy superficial», limitándose a leer los informes realizados por Fuentes (en los que se escribían las relaciones y contratos con empresas) sin constatar si lo que constaba era o no cierto, lo que demuestra la «falta de control» del equipo de gobierno sobre los recursos municipales.

Minutos después, el grupo municipal de Cs difundía su propia nota de prensa en la que alaba la transparencia de la comisión de investigación abierta, tanto en el proceso de selección del asesor contratado como en los gastos asumidos por la fundación municipal.

El grupo naranja ponía de manifiesto que en las sesiones de esta comisión se ha aportado toda la información requerida, así como la intachable actuación de los responsables y técnicos de la Sociedad de Turismo, Comercio y Promoción Económica que han comparecido en dicha comisión, poniendo de manifiesto que no existía la más mínima irregularidad.

A última hora de la mañana, el Grupo Municipal Popular señalaba que la comisión de investigación «ha concluido principalmente que no se produjo ningún tipo de irregularidad al respecto y que todo lo que hubo fue un circo del PSOE».

Para los 'populares', «el espectáculo de fuegos artificiales del PSOE se ha quedado en un petardo mojado, al quedar avalado que todo el procedimiento de contratación y de renovación del contrato del exasesor para la internacionalización de Salamanca se ajusta escrupulosamente a la normativa».

Según el PP, «el PSOE sabe muy bien desde el principio que no hay nada que ocultar sobre Peace City World y únicamente intenta estirar una polémica estéril, que quedó zanjada en el mismo momento en que se apartó al asesor sin título».

El Grupo Popular ha lamentado que José Luis Mateos «quiera revivir sus días de estrella televisiva a costa de reírse de Salamanca en todas las cadenas de España, algo propio de quien es consciente de su necesidad de obtener una relevancia de la que carece».

Las conclusiones de la comisión han reseñado que «tanto la licitación como la adjudicación del contrato de José María Fuentes se realizaron conforme a lo establecido, siendo esta última respaldada por el voto favorable unánime de los grupos políticos, que tampoco se pronunciaron en contra de su renovación».

La adjudicación del puesto se hizo por concurso, al que se presentaron ocho propuestas, siete de empresas y una de un particular, el propio Fuentes. Fueron evaluadas invididualmente por un jurado compuesto por funcionarios municipales que llegaron a la conclusión de que la del polémico exasesor era la más idónea. Fue después, cuando se le requirió documentación, cuando presentó el título que tres años después se demostró falso. El exasesor estuvo trabajando con normalidad durante todo ese tiempo.

En relación con la organización del Congreso, «la comisión ha dejado claro que el apoyo de la Sociedad de Turismo a este evento no fue distinto al que ofrece a este tipo de citas promovidas en la ciudad, dentro de las políticas de fomento del turismo de congresos y la atracción de inversiones», han añadido los 'populares'.

Respecto al protocolo firmado por 15 ayuntamientos y por la Diputación Provincial, el PP asegura que «ha quedado acreditado que no implicaba contraprestación económica alguna y que contaba con el visto bueno de la secretaría general de la corporación».

Para el Grupo Popular ha quedado «demostrado» que «la única persona que actuó de manera fraudulenta fue el exasesor, inmediatamente apartado de su cargo, y denunciado ante la justicia, al desvelarse la falsificación de su título universitario». En efecto, esta persona fue destituida de forma fulminante una vez se comprobó que había presentado un título falso de economista, aunque en el pliego de condiciones para el puesto no se exigía tener una titulación concreta.

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