El jefe de sanidad animal de Salamanca, amenazado por el asunto de la tuberculosis bovina
La organización funcionarial denuncia que este responsable ha recibido amenazas de ganaderos por respaldar la orden ministerial de no mover ganador que la Junta ha cuestionado
La Junta de Personal Funcionariado de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca ha denunciado una serie de «ataques y amenazas» hacia el jefe de la sección de Sanidad Animal del Servicio Territorial de Agricultura por parte de un grupo de ganaderos. A través de un comunicado, la sección trasladó su solidaridad por los reproches dirigidos hacia su persona tras la nueva normativa de saneamiento ganadero.
Según el escrito, la Junta de Personal Funcionariado demanda este acoso hacia el trabajador «por el mero hecho de poner de relieve las deficiencias de una resolución que incumple reiteradamente la normativa nacional y comunitaria». El asunto tiene que ver con la orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la que se establecen medidas para el movimiento de animales de la especie bovina desde Castilla y León.
Hace unos días, organizaciones ganaderas anunciaban movilizaciones y pedían el cese de este funcionario. El colectivo Unión por la Ganadería se concentrará frente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla en León en Salamanca el 5 de junio a las 12 horas, donde reivindicará que «se cese inmediatamente a Jaime García, jefe de Sanidad Animal».
Tras conocer la orden ministerial publicada el 29 de mayo, que echa por tierra la resolución de la Junta de Castilla y León, que concedía mínimas mejoras en movimientos y pruebas para al vacuno de carne en referencia a la tuberculosis, Unión por la Ganadería se muestra férrea en sus acciones de protesta y declara que seguirá con la lucha en favor del sector.
Respaldo de los funcionarios
«Es deber de todo servidor público cumplir la normativa vigente y dar a conocer las actuaciones de las que tenga conocimiento que puedan resultar en acciones que vulneren dicha legalidad», continúan, alegando no «ser de recibo que se mate al mensajero, mientras se jalea y aplaude a quien ha promovido esa ilegalidad».
Por ello, reiteraron que todos los funcionarios públicos deben tener «un comportamiento objetivo, imparcial, alejado de todo interés partidista y siempre centrado en el interés general». Por ello, exigieron a la Delegación Territorial de Salamanca y a la Junta de Castilla y León, mediante el escrito firmado por todos los sindicatos con representación en la Junta de Personal, que protejan «de una manera activa e inequívoca la dignidad profesional, así como la integridad física y moral de uno de sus trabajadores».
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