Juicio del 'congreso de los jeques': cómo un título con firmas garabateadas sirvió para cobrar un sueldazo

¿Puede una falsificación con garabatos en vez de firmas amparar el cobro de un sueldo de 47.000 euros durante tres años? Puede, y es lo que ocurrió con el contrato del asesor del 'congreso de los jeques', el ideólogo del proyecto Peace City World que quería convertir Salamanca en la nueva Dubái, una megaciudad ostentosa al estilo de las grandes urbes de los milonarios regímenes sauditas. Ese asesor está ahora acusado de falsedad en documento público como vehículo para una estafa, por el que se le piden hasta 4 años de cárcel y 133.000 euros, delitos por los que ha comparecido este miércoles en un juicio visto para sentencia.

El juicio ha traído de nuevo a la actualidad el 'congreso de los jeques', la reunión de pretendidos inversores árabes bajo la convocatoria de Peace City World. A comienzos de 2023, la ciudad se sorprendía con la presencia en varios actos públicos y con instituciones locales de una delegación de potentes inversores, hasta 500 asistentes, en el palacio de Congresos. Venían, según el proyecto que se desveló, para invertir 15.000 millones en un concepto de ciudad sin fronteras entre la capital y municipios del alfoz y elementos tan curiosos como un teleférico. Las claves del proyecto.

En pocos días, aquello pasó de chocante encuentro a sospecha al difundirse informaciones que ponían en duda que los jeques lo fueran ni que representaran a fortunas o fondos; el aspecto, que muchos calificaron de disfraz, puso el resto. Y al poco mutó en escándalo y crisis política al descubrirse que el asesor detrás del proyecto, José María Fuentes, había presentado un título falso de Económicas para presentarse al puesto.

Fuentes ha comparecido esta mañana en una ronda que ha reunido en la Audiencia Provincial a todos los actores del escándalo. Por un lado, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, que inició la denuncia penal y el despido del asesor; y técnicos y asesores municipales que validaron y pagaron el contrato durante más de dos años sin percatarse del fraude.

Por otro, el exrector de la Usal, Ricardo Rivero, y funcionarios que han acreditado que el certificado de notas presentado por Fuentes para demostrar que estaba titulado estaba falsificado; han declarado responsables de administración y facultades cuyas firmas aparecen en el documento fraudulento y que han confirmado que aquellas no eran sus rúbricas, sino garabatos que ni se parecían en un documento que carecía de los sellos y tasas correspondientes.

Y por último, el acusado y el exconcejal Fernando Castaño, responsable de Turismo y de la sociedad municipal a través de la que se hizo el contrato. Si Fuentes estaba sentado como acusado de falsificación y estafa, a Castaño el abogado de la acusación que ejerce el Ayuntamiento de Salamanca le ha apretado tuercas por haber participado en parte del proceso, no en los pliegos ni en la valoración, pero sí en la contratación final, de alguien del que reconoce es «amigo» personal.

Fuentes obtuvo el contrato a finales de 2020 por dos años, con prórroga anual de otros dos, con un presupuesto máximo de 215.000 euros por los cuatro años. Era un contrato de servicios, no laboral, y fue muy novedoso en su día porque el consistorio nunca había tenido asesores externos para la captación de empresas.

Al concurso abierto concurrieron nueve candidaturas: nueve empresas de asesoramiento que se presentaron como entidades jurídicas y un particular, Fuentes. Se valoraba el proyecto y el pliego no recogía que fuera obligatorio tener una titulación concreta, pero sí que había que acreditar lo que se presentara como es habitual en las contrataciones de la administración. Ahí fue donde Fuentes presentó un título de licenciado en Económicas.

La vista ha permitido sacar varias conclusiones. La principal, que Fuentes no es licenciado en Económicas; así lo ha reconocido él mismo, «nunca dije que lo fuera», pese a lo cual presentó un certificado de notas que incluía asignaturas aprobadas que no correspondían y modificación de calificaciones para simular que sí estaba titulado. También lo incluía en su CV.

¿Cómo falsificó su título? En ningún momento ha reconocido que lo hubiera hecho y ha intentado sembrar la duda sobre el hecho de que presentó el título para acreditar su validez cuando fue propuesto para ser asesor, a través de un contrato de servicios, no laboral. El certificado de notas apareció, pero no ha desvelado si fue él quien lo falsificó.

Técnicos de la Usal han asegurado que incluía supuestas firmas de personas que validan este tipo de certificados, pero que lo que había eran garabatos. También que escudos y formularios no correspondían. El exrector Rivero tuvo en su mano el documento cuando la Usal detectó el fraude y ha asegurado que había calificaciones modificadas y asignaturas no cursadas, de las que le quedaban «un buen número de créditos» para titularse.

La documentación acreditativa que entregó Fuentes para ganar el concurso y quedarse con el puesto, que ejercía como prestación de servicios, pasó por varias manos. Entre ellas, la gerente de la sociedad municipal de promoción económica, que ha dicho que nunca sospechó nada y que confió. Se selló sin pegas y por eso se le adjudicó el contrato.

Fuentes logró el contrato, que era de servicios y no laboral, por el que se obligaba a presentar propuestas para mejorar la proyección de Salamanca y reforzar la búsqueda de inversores y empresas para la ciudad. Durante el juicio ha asegurado que su trabajo ha dado «muchísimos frutos» y unos «grandísimos resultados» y que el ayuntamiento sigue usando sus diagnósticos como base.

El asesor cobraba a partir de los pagos que se le hacían a la recepción de los informes semestrales que presentaba. Lo estipulado, 47.000 euros al año. Cubrió los dos años de contrato previstos y el ayuntamiento le renovó por un año más, que no terminó de cumplir al estallar el escándalo.

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