Mateos abre el debate de volver a cobrar las terrazas y plantea una subida nula de impuestos

En concreto, la oferta consiste en una congelación total de todos los impuestos y tasas municipales. Desde hace años, el consistorio mantiene congelados los principales impuestos y servicios, como el IBI (que se bajó un 5%) y el IAE o los precios del bus. Sin embargo, hay otros precios públicos que escapan a esa congelación y sí suben: se actualizan al IPC anual. Eso afecta, por ejemplo, al ticket de la zona azul. Y ahí es donde entra la propuesta socialista.

Mateos ha ofrecido al equipo de Gobierno de PP y Cs que no se traslade a los precios públicos el IPC, que este año será muy alto (el 9% este septiembre) y que podría afectar de manera severa a algunas tasas e impuestos. En su lugar, y dado que la actualización es obligada en algunos servicios, propone que las arcas municipales asuman la diferencia y no la repercutan a los contribuyentes.

En concreto, el PSOE reclama una congelación de tasas, precios o tarifas en el servicio municipal de agua, recogida de basuras, uso de instalaciones deportivas como piscinas municipales, transporte público, ordenanza reguladora de aparcamiento y servicios funerarios, entre otros.

Además, Mateos ha desvelado posteriormente su postura con respecto a una tasa importante, la de la ocupación de vía pública con sillas y mesas, la tasa de terrazas. Esta tasa está bonificada desde 2020 y los establecimientos no la pagan porque así lo decidió el consistorio como medida de apoyo a la hostelería durante la crisis del Covid. Y así se ha mantenido tres años completos ya que se decidió prorrogar la medida en 2021 y extenderla también a 2022.

Ahora, entiende Mateos, la situación de emergencia no es tal. Hace meses que se levantaron las restricciones para consumir en interior de locales y no hay limitaciones legales que afecten al aforo o la operativa en bares y restaurantes. Por eso, entiende que, después de tres años de perdonarla, es hora de volver a cobrar la tasa, que supone un ingreso de más de 600.000 euros anuales al que el consistorio ha renunciado los últimos tres años completos.