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Convertir en parques el suelo tóxico de la crisis de las cajas. Esta es la propuesta que ha lanzado el 'banco malo' a una decena de municipios de Salamanca a los que ha ofrecido quedarse, en condiciones ventajosas, con solares que quedaron sin uso por la crisis del ladrillo y la quiebra posterior de las cajas. Ha pasado más de una década de aquello y de la creación de la Sareb, la entidad pública a la que se transfirieron miles de activos 'tóxicos' de los balances de estas entidades, desde viviendas y promociones inacabadas a suelo.
Según la oferta que ha lanzado Sareb, ha puesto a disposición de 520 ayuntamientos 4.770 suelos para usos sociales repartidos por dieciséis comunidades autónomas. En su información no detalla el tipo, calificación o tamaño de los solares, pero sí que son distinta tipología y que pueden ser aprovechados para diferentes proyectos de interés público.
En el caso de Salamanca, once ayuntamientos están en la lista de los sondeados por el 'banco malo' para adquirir estos solares. Eso supone que, más de una década después de la crisis de las cajas, están entre los centenares de municipios que todavía tienen suelo que era de las cajas y quedó sin uso. Es parte de lo que estas entidades fueron dejaron en su retirada, junto a las muchas oficinas que han ido cerrando desde entonces hasta dejar sucursales en poco más de 30 municipios de la provincia.
Sareb ha dado a conocer la lista de todos los ayuntamientos donde tiene suelos disponibles y a los que se ha dirigido para ofrecerles la posibilidad de quedarse con estos solares y les indica para qué pueden usarlo. En el mapa inferior se pueden consultar todos los de España.
Entre los posibles usos figuran la construcción de equipamientos públicos, como centros de salud o el desarrollo de parques infantiles, zonas verdes o aparcamientos. En algunos casos, en los que la normativa lo permita, también podrían destinarse a la construcción alojamientos para familias vulnerables o trabajadores agrícolas temporeros.
En cuanto al precio, no se especifica cuáles son las tarifas, pero se explica que las administraciones podrán adquirir estos activos en condiciones ventajosas. El motivo es que se trata de activos difíciles de colocar y que destinarlos a usos sociales es su mejor salida después de tantos años.
«El mercado de suelo es muy inelástico y no tiene sentido forzar la venta a terceros a base de grandes descuentos. Dentro del mandato desinversor de Sareb, enriquecido con el principio de utilidad social, encaja mejor que los ayuntamientos se queden con esos suelos y los dediquen a finalidades sociales de todo tipo», indican fuentes de la sociedad. «Siempre que el comprador sea una Administración pública, Sareb está dispuesta a ser flexible con los precios de este perímetro de suelos», añaden. El objetivo es vender todo, pisos y suelos, ya que el mandato que tiene la sociedad es deshacerse de todos estos activos antes de 2027, de ahí las rebajas.
Además de estos solares, la Sareb dispone todavía de viviendas en la provincia procedentes del desgüace de las cajas de ahorros. Según el listado publicado en su día, las viviendas de la Sareb en Salamanca se reparten así: Alba de Tormes (7), Aldeatejada (4), Béjar (9), Cabrerizos (3), Calzada de Valdunciel (8), Carbajosa de la Sagrada (1), Carrascal de Barregas (8), Castellanos de Moriscos (5), Doñinos de Salamanca (104), Encinas de Abajo (47), Pelabravo (2), Peñaranda (46), Salamanca (106), San Cristóbal de la Cuesta (3), Tamames (1), Villares de la Reina (1) y Villarmayor (1).
Están en una situación similar a los suelos, ya que son activos que han perdido atractivo o que lo tienen escaso. Por ello, el 'banco malo' ha firmado convenios de cesión de vivienda para alquiler social y emergencia habitacional o la oferta de compra preferente de sus viviendas para incrementar el parque de alquiler social y asequible.
En este ámbito de colaboración con las administraciones locales, en septiembre de 2023, Sareb firmó un acuerdo de adhesión, con una duración de cuatro años, con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para impulsar la vivienda pública en alquiler. Esta colaboración ha permitido abrir nuevas líneas de comunicación con los ayuntamientos.
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