Salamanca se queda sin la sede de la Agencia de Inteligencia Artificial
El Gobierno elige a La Coruña que se impone a otras doce ciudades. Salamanca se subió in extremis al carro para intentar ser sede
La ciudad de La Coruña ha sido elegida próxima sede de la nueva Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial, a la que aspiraba Salamanca. La ciudad se subió a última hora a la pelea por albergar la primera de las nuevas entidades del sector público a la que se buscaba sede física con el objetivo de descentralizar la administración del Estado y llevarse organismos oficiales de las grandes ciudades a provincias menos favorecidas. Además, Sevilla albergará la Agencia Espacial española, para la que también se había abierto la puja.
El municipio gallego se ha impuesto entre las trece candidaturas presentadas: Granada, Alicante, Ourense, Jerez de la Frontera, Salamanca, Segovia, Barcelona, Guadalajara, Leganés, Palma, Isla de Tenerife y Zaragoza.
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La entidad fue creada en 2021 por el Estado y tiene comprometido un presupuesto de 5 millones de euros este mismo año; todavía no se sabe cuánto personal tendrá asignado. La propuesta nació del partido político Más País y fue incorporada a los presupuestos.
Si su proceso de creación se completa sin demoras, España se convertirá en el primer país de la Unión Europea con una Agencia Estatal de supervisión de la Inteligencia Artificial (IA), anteponiéndose a la entrada en vigor del futuro Reglamento europeo de IA, que establece la necesidad de que los Estados miembros cuenten con una autoridad supervisora en esta materia.
Igual que nos sucedió cuando optamos a albergar el Centro de Competencia Digital de Renfe, otra vez la candidatura de #Salamanca choca contra la política de las chinchetas rojas y azules que aplica La Moncloa para descentralizar. pic.twitter.com/RYHvNkKxrG
Carlos García Carbayo (@CGCarbayo) December 5, 2022
A qué se dedica
Su función fundamental será controlar el desarrollo de la IA en el futuro. En la práctica, se dedicará a auditar los algoritmos de redes sociales, administraciones públicas y empresas. Vigilará, por ejemplo, el uso de algoritmos por las administraciones públicas, los que se emplean en las redes sociales y los utilizados en el marco de una relación laboral o comercial.
El objetivo, según su decreto de creación publicado en el BOE es «minimizar los riesgos significativos sobre la seguridad y salud de las personas, así como sobre sus derechos fundamentales, que puedan derivarse del uso de sistemas de inteligencia artificial».
Además, gozará de autonomía, independencia, patrimonio propio y de potestades administrativas para conseguirlo. Será clave para asegurar el cumplimiento de la regulación europea en materia de IA y para supervisar la correcta interpretación de la misma. Además, pretende concienciar sobre el impacto de la Inteligencia Artificial en la sociedad.
