El STAJ denuncia «los despropósitos» tras el traslado de los órganos judiciales en Salamanca

El STAJ denuncia nuevamente la acumulación de despropósitos desde que se han realizado los traslados de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo número 1 y 2, así como el juzgado de Menores, al edificio ubicado en la Avda. Dr. Torres Villarroel, 21-21, con motivo de la próxima entrada en funcionamiento del Jugado de lo Social nº 3 el 31 de diciembre de 2023.

El sindicato de trabajadores de la Administración de Justicia explica que ya no «no basta con que los trabajadores estuvieran utilizando calefactores en los despachos al no funcionar la calefacción central una vez realizado el traslado; asentados en sus puestos de trabajo, ahora procede cambiar los ascensores y no se sabe cuánto tiempo estarán sin ese servicio. Una obra que estaba planificada desde el año pasado y ahora vienen con esto. Subir seis o siete pisos por unas escaleras, sin planes de evacuación, sin salidas de emergencia…. Esto mientras los gestores de este despropósito están a buen recaudo, bien calientes, evadiendo responsabilidades. Ayer una ciudadana ha tenido que acceder a las dependencias del Juzgado de Menores con un bebe en brazos, mientras que ha dejado su carrito abajo en la entrada. Siete pisos ha subido por las escaleras con su bebé. Esperpéntico».

El STAJ también denuncia que, después de dos semanas, la unidad de Coordinación de Riesgos laborales del Ministerio de Justicia aún no ha emitido un informe sobre salud laboral, porque «según contestación del gerente Territorial de Justicia de Valladolid, estaban en proceso de contratación de empresa para realizarlo. El día 14 parece será, después de dos semanas del traslado. Los trabajadores al puesto y si ocurre algo ya se improvisará como se acostumbra a hacer en este ministerio. No se puede tolerar el menosprecio causado a los trabajadores de Justicia de Salamanca implicados».

El día 27 de noviembre, el STAJ presentó denuncia ante la ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia de Salamanca en base a la caótica gestión de las obras y traslado en las dependencias de Torres Villarroel. Desde la Junta de Personal, a través de la comisión permanente se requirió el día 24 de noviembre a la Gerencia Territorial de Justicia de Valladolid a fin de que informara sobre cuáles fueron los criterios de llegar a las decisiones que se han tomado para dichos traslados (en especial el Juzgado de Menores) y en base a que informes. «El día 1 de diciembre, y después de reiterar el oficio, se contesta evadiendo cualquier tipo de responsabilidad diciendo que las decisiones corresponden competencialmente a la Subdirección de Obras y Patrimonio».

El 30 de noviembre de este año, el STAJ elevó queja ante Subdirección General de Medios Personales al Servicio de la Administración de Justicia, contra la Gerencia Territorial de Justicia de Castilla y León en Valladolid, y contra la Subdirección General de Obras y Patrimonio del Ministerio de Justicia, «en base a la caótica gestión de las obras realizadas y la caótica gestión de traslados de dependencias Judiciales que se están realizando, exigiendo al Ministerio que depuraran responsabilidades».

El día 10 de diciembre de este año el STAJ remitió oficio a la Subdireccón General de Obras y Patrimonio del Ministerio de Justicia, solicitando que se informara sobre cuáles habían sido los criterios para llegar a las decisiones que se han tomado cambiando los criterios del expediente de contratación que obra en la página de la plataforma de contratación del estado. «A día de hoy, no hay contestación. En la entrega de la obra se manifestó a los presentes que la responsabilidad de los cambios habían sido del Sr. Gerente Territorial.

Continúan los despropósitos y nadie asume responsabilidades. En una especie de juego trilero unos, La Gerencia Territorial de Justicia, echando balones contra los otros, la Subdirección General de Obras Y Patrimonio. ¿Quién y en base a que informes se han tomado las decisiones? Desde STAJ no vamos a parar hasta que se depuren responsabilidades por lo que están sufriendo los trabajadores, los profesionales y los administrados. Ellos no se merecen este trato».

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