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Vehículo en una calle peatonal de Salamanca en una imagen de archivo Álex López

Suspensión de las multas y una carta informativa: las peticiones de VOX para la ZBE de Salamanca

Ignacio Rivas, concejal de VOX, ha presentado una propuesta de moción de la Zona de Bajas Emisiones de Salamanca, alegando que es una «política mal comunicada, mal diseñada y mal ejecutada»

Alba Guerra

Jueves, 24 de julio 2025, 09:42

Desde su puesta en marcha, la Zona de Bajas de Emisiones (ZBE) en el centro de Salamanca ha traído mucha cola. A través de un comunicado, el concejal de VOX, Ignacio Rivas, ha presentado una propuesta de moción a esta nueva medida del ayuntamiento, alegando que es una «política mal comunicada, mal diseñada y mal ejecutada» y que finalmente, y en contradicción de lo que dice el propio consistorio, sí esta resultando una medida recaudatoria y restrictiva.

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Fue el pasado 1 de julio cuando los lectores de matrículas distribuidos por diferentes puntos de la ciudad, comenzaron a funcionar. Desde ese día se han registrado entorno a 118.000 movimientos, de los cuales 8.955 han sido no autorizados, pero tampoco avisados de la infracción, como afirmó el concejal de Tráfico en una rueda de prensa el pasado 11 de julio, que ponía en valor la «buena disposición de los salmantinos«, y recalcaba su carácter pedagógico y no recaudatorio, cosa que Rivas niega.

Unos salmantinos que todavía tienen muchas dudas, que no saben a que zonas pueden acceder o si su vehículo es aptos para entrar. VOX denuncia que los más afectados por esta nueva política del Ayuntamiento «es el ciudadano medio, especialmente los trabajadores, comerciantes y vecinos que necesitan usar su vehículo para su actividad diaria».

Por todo eso, Ignacio Rivas, propone para el siguiente pleno, el último del mes de julio, la suspensión temporal de toda las sanciones derivadas de la entrada en vigor de la ZBE, la remisión de una carta informativa para todos los vecinos de Salamanca explicando de forma detallada las nuevas restricciones y pide que no se impongan sanciones económicas hasta que el ciudadano haya sido informado de su primera infracción dentro del llamado «periodo de gracia».

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