El bus urbano de Salamanca apunta a repetir empresa para los próximos diez años
La actual titular, que lleva prestando el servicio décadas, es la única que ha concurrido a la licitación abierta para adjudicar el contrato de 174 millones de euros
Una empresa, la misma que está prestando el servicio desde hace décadas, es la única aspirante a llevarse el millonario contrato del bus urbano de Salamanca, valorado en 174 millones de euros para los próximos diez años. Esta licitación es una de las tareas pendientes del equipo de Gobierno municipal en este final de legislatura y llega cuando han pasado cuatro años desde que la justicia anulara la última adjudicación, lo que ha mantenido la incógnita sobre lo que pasaría, aunque el servicio se ha seguido prestando con normalidad.
El proceso para adjudicar el contrato se inició en marzo de 2022, hace casi un año, cuando se anunció el inicio del expediente para sacarlo a licitación. El consistorio explicó entonces que quería iniciar el concurso antes de que acabara el año pasado, pero no fue hasta el 16 de enero pasado cuando se publicó el pliego de condiciones que tienen que cumplir las empresas aspirantes.
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El plazo para presentar ofertas finalizó el pasado día 15 de febrero y este miércoles estaba previsto empezar a estudiar las propuestas. Ha sido ahí cuando se ha confirmado que solo una empresa ha concurrido para llevarse el contrato y que es la misma que lo está prestando, la sociedad Salamanca de Transportes.
La empresa concesionaria tiene todas las papeletas para repetir un contrato que asume desde hace décadas. Ya prestó el servicio con anterioridad, durante los 30 años previos a la última licitación, y también fue la propuesta ganadora en 2014, aunque la resolución fue anulada posteriormente. En aquel concurso tampoco tuvo competencia porque la empresa que inició la reclamación, Globalia, nunca llegó a presentar propuesta.
Contrato complicado
La anulación había dejado el contrato en una situación difícil. El servicio se ha prestado con normalidad, pero la necesidad de ajustar costes a la subida de precio de los carburantes y el impacto de la pandemia lo han complicado; el bus urbano dejó de circular en los peores momentos de la crisis sanitaria y arrastra todavía una bajada de usuarios: ha recuperado 2 millones de viajeros, pero sigue lejos de su nivel prepandemia.
La propia empresa había pedido que se licitara con urgencia el nuevo contrato para equilibrar económicamente el servicio. Ese contrato, ha reclamado Salamanca de Transportes, debe incluir 8,8 millones de euros de costes que se le adeudan a la empresa en concepto de inversiones pendientes de amortizar, y otros 1,1 millones para compensar a la empresa por las inversiones previstas y que no se van a poder hacer al hacerse un nuevo contrato que se adjudicará ahora.
Antes, hay que analizar las propuestas y comprobar si cumple los pliegos: si no se ajusta, habría que repetir la licitación. Las condiciones previstas incluyen nuevas marquesinas, nuevas paradas y recorridos con aumento de kilometrajes y nuevos vehículos.
Sobre las condiciones del contrato, incluye más de 138 millones de euros por costes de explotación, 8,5 por amortizaciones pendientes de material móvil (vehículos que se compran para renovar la flota) y 27 millones de euros correspondientes al límite de modificación de cuantías, fijado en un 20%.
Anulado sin terminar
El asunto se remonta a 2014, cuando se adjudicó la actual concesión para gestionar el servicio por algo más de 140 millones de euros a la empresa Salamanca de Transportes. Se hizo por 12 años y con unos pliegos que, según denunció el PSOE en su día, estaban hechos «a medida» para que la concesionaria repitiera.
Globalia se quejó y dijo que sólo la empresa que ya estaba prestando el servicio podía cumplir los pliegos exigidos. Puso el acento en las similitudes de las condiciones que se valoraban para adjudicar el contrato y las características del servicio que ya se estaba prestando por una empresa concreta, por ejemplo, por el hecho de que se solicitaban exactamente el tipo de vehículos, de gas, que ya se usaban.
El grupo de Juan José Hidalgo decidió recurrir la adjudicación y, tras un largo periplo administrativo y judicial, en febrero de 2019 se anuló definitivamente el contrato por no haberlo publicado en el boletín europeo de licitaciones públicas, aunque la principal duda legal era si se podía adjudicar, como se hizo, por 12 años.
