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La Diputación de Salamanca anunció su compromiso con el refuerzo de la prevención y la sensibilización frente a la violencia de género en la mujer mediante una red integral de ayuda a las víctimas en las que tendrán un papel destacado las asociaciones del Tercer Sector, que servirán de «ojos y oídos» en los rincones donde sea más difícil identificar estos casos.
Así lo detalló este miércoles el presidente provincial, Javier Iglesias, acompañado de la diputada de Bienestar Social, Eva Picado, durante la presentación de las acciones que llevará a cabo la institución provincial en este sentido. Además, Iglesias quiso trasladar a estas mujeres el mensaje de «que sepan que no están solas y que tenemos los recursos y las personas a su disposición para que no sufran esa lacra de la violencia», según recoge ICAL.
El entramado tejido de manera «estrecha» con las organizaciones del Tercer Sector permitió a la Diputación provincial la identificación y el «saber llegar a esas mujeres que están sufriendo». «Quienes son víctimas se enfrentan a una realidad compleja y las soluciones muchas veces no son fáciles y se tienen que abordar desde diferentes perspectivas», continuó.
Para llevar a cabo estas acciones, la institución provincial destinó un presupuesto de 300.000 euros en este 2024 tanto para la atención a las víctimas como para el diseño y la puesta en marcha de acciones de prevención. En concreto, para la colaboración con las entidades del Tercer Sector, se destinarán 128.000 euros para un total de siete asociaciones. A través de las mismas, garantizaron una asistencia jurídica, el acogimiento residencial, la atención sociosanitaria básica y psicológica y la orientación laboral. Por su parte, en el trabajo de prevención, destinaron hasta 70.000 euros dentro del acuerdo del marco con la Junta.
El servicio Atenpro (teleasistencia por protección como medida judicial) prestó ayuda a 64 mujeres durante el año 2023. También atendieron de forma directa a 64 víctimas de violencia de género, mientras ofreció ayuda psicológica a 44 personas y asistencia jurídica a 46 mujeres, siendo un total de 218 personas atendidas, de las cuales un centenar interpuso una denuncia ante sus agresores, según explicó la diputada de Bienestar Social.
Eva Picado detalló también las peculiaridades del mundo rural a la hora de atender a estas víctimas, al ser un mundo «muy familiar y conocido», y presentar situaciones en las que se puede identificar tanto a la víctima como al agresor. Por ello, desde el área de Bienestar Social trabajan «para que eso no sea una barrera», con los trabajadores sociales de referencia que están sobre el territorio y establecen un vínculo con las mujeres.
Asimismo, incidió en que, gracias a la labor social de los agentes no oficiales, que identifican y detectan una situación de violencia y la trasladan a los profesionales, pueden detectar y tratar estos casos «mucho mejor que en el ámbito urbano».
«Esta unidad de igualdad se trata de una herramienta muy potente y necesaria para ofrecer este servicio integral y coordinar estas acciones», continuó Javier Iglesias, dirigiéndose a las mujeres «para que sepan que tienen una institución a su alcance, que es fácil contactar con nosotros, que puedan llegar a nuestros recursos y a las personas que tenemos a nuestra disposición, y que no tienen que aguantar situaciones deseadas para nadie». Por ello, terminó poniendo a su disposición «esa red de ayuda para empezar una nueva vida lejos del sufrimiento no deseado».
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