Condenado a 7 años un cura que abusó de un menor en Murcia

Según recoge la sentencia, Antonio L. Z. fue vicepárroco de la iglesia de San Pedro entre 2006 y 2013 y, más tarde, se trasladó a Yecla. Mientras ejercía sus funciones en San Pedro conoció a la familia del menor, con la que entabló una relación prácticamente familiar, hasta llegó a tener las llaves de su domicilio y era habitual que durmiese en la casa. Además, mientras vivía en Yecla era frecuente que el menor le visitase y se quedase a dormir en su vivienda.

Tal y como recoge la sentencia, una vez que el adolescente cumplió los 13 años, el sacerdote aprovechó esa relación para someter al menor a abusos sexuales consistentes en tocamientos y sexo oral. Durante ese tiempo, subraya la sentencia, para mantener «su ascendencia sobre el menor», le realizaba al menor múltiples regalos y le hacía invitaciones a comer. La víctima vio afectado su rendimiento académico y su comportamiento anímico y afectivo a raíz de los abusos a los que fue sometido.

El tribunal, en su resolución, explica que, como suele ser habitual en estos casos, la declaración de la víctima es la principal prueba de cargo. Incide, no obstante, en que el joven ofreció en el juicio «una declaración llena de detalles y matices, prestada con total continuidad y sin dudas relevantes, todo lo cual ofrece a este tribunal total verosimilitud».

La Audiencia Provincial asegura, además, no haber encontrado ningún motivo que pudiera llevar al joven -que ya es mayor de edad- a denunciar falsamente al sacerdote. El tribunal hace hincapié en que ni siquiera fue la familia la que puso estos hechos en manos de la Justicia. «Todo surge cuando en una jornada de convivencia les piden que confiesen algo que no hubieran confesado antes, lo que provoca que él mismo le cuente a otro sacerdote lo que le había ocurrido años atrás». Es el Obispado la institución que poco después pone los hechos en conocimiento de la Fiscalía.

La resolución impone al párroco la obligación de mantenerse alejado del joven hasta un lustro después de abandonar la prisión. La sentencia contempla, asimismo, una medida de libertad vigilada durante cinco años y la prohibición de que Antonio L. Z. ejerza cualquier profesión u oficio que conlleve el contacto regular con menores en los cinco años posteriores a su salida de la cárcel. Además, la sentencia, que todavía no es firme, establece el pago de 25.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Desde el Obispado, muestran su «total rechazo, una vez más, y total repulsa por los delitos que la resolución judicial atribuye a este sacerdote contra la víctima, con el agravante de que era un menor de edad». Además, recuerdan que el ahora condenado «sigue suspendido del ejercicio del ministerio sacerdotal, mientras que no termine el proceso penal canónico que está en curso».

El sacerdote nació en la pedanía murciana de Monteagudo y estudió Formación Profesional de Mecánica del Automóvil antes de partir a un seminario en Medellín (Colombia), donde se ordenó sacerdote y vivió durante quince años. En 2006 regresó a la Región y entró en la Diócesis de Cartagena, según informó 'El Periódico' de Yecla.

Permaneció en San Pedro del Pinatar hasta 2013 cuando fue cesado del cargo de Vicario Parroquial en las parroquias de San Pedro Apóstol, en San Pedro, y de Nuestra Señora del Rosario de El Mirador, en San Javier, para ser nombrado párroco en San Juan Bautista de Yecla, de donde ha sido apartado tras la denuncia.

En el momento de conocerse la noticia, los vecinos se mostraron sorprendidos: «Es una persona muy afable; la verdad es que nos sorprende todo lo que se está comentando», explicó un yeclano.